La entrada de un nuevo gobierno en Puerto Rico, en el contexto de la Junta de Control Fiscal federal, representa otra oportunidad para la elaboración y ejecución de un plan integral de desarrollo que permita enfrentar adecuadamente los monumentales retos fiscales, económicos y sociales que tenemos como pueblo, para convertirlos en oportunidades que le permitan a la Isla convertirse en una potencia económica en nuestra región.

Dicho plan tiene que tener como uno de sus pilares la municipalización y regionalización del desarrollo económico, para que no dependa de la “planificación” o de esperar por acciones de un gobierno central disfuncional y obsoleto.

La viabilidad y éxito de este nuevo modelo de desarrollo económico descentralizado, dependerá de una reforma municipal comprensiva que permita replantear el rol de nuestros municipios para mejorar el manejo de sus finanzas, su competitividad, maximizar los mecanismos para generar ingresos propios y la adopción continua de indicadores para medir su desempeño. También, debe facilitar mecanismos para el establecimiento de regiones, alianzas o consorcios intermunicipales que permitan eficiencias, reducción de gastos y la prestación de mejores servicios a los ciudadanos.

De hecho, desde el 2009, nuestra Ley de Municipios Autónomos permite el establecimiento de consorcios intermunicipales, para la integración y manejo conjunto de programas federales, oficinas de recursos humanos, otorgación de permisos, programas de desperdicios sólidos, recaudación de ingresos, manejo de emergencias e iniciativas de turismo, entre otros. Este tipo de modalidad de “consolidación funcional” o administrativa, ha sido desarrollada por varios municipios en Puerto Rico, pero todavía puede maximizarse y expandirse como parte de los esfuerzos de reforma para atender los retos fiscales y económicos que enfrentamos.

Tanto los municipios como las regiones o consorcios intermunicipales que se establezcan, deben tener capacidad, el financiamiento y los incentivos para elaborar e implantar planes de desarrollo económico de impacto municipal o regional, aprovechando su vocación o lo que son las características y fortalezas que los distinguen y le dan ventajas competitivas de acuerdo a sus recursos, infraestructura y ubicación geográfica, entre otros.

De esta forma, podrán desempeñarse como ecosistemas de desarrollo, capaces de atraer inversión, generar empleos, ingresos propios, exportar bienes y servicios y establecer acuerdos de colaboración con otras ciudades en el mundo como hacen municipios y ciudades en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Con los incentivos apropiados, serán laboratorios de desarrollo o incubadoras de negocios, fomentando el establecimiento de zonas especiales de desarrollo con centros de innovación y propiedad intelectual, corredores turísticos y proyectos de energía limpia.

Y este nuevo modelo sigue buenas prácticas de otras jurisdicciones que han evidenciado el potencial de los municipios, ciudades o regiones para impulsar el desarrollo económico. Ejemplo de ello son los programas municipales y regionales de innovación, desarrollo, educación e intercambio comercial en las ciudades de Nueva York, Portland, Houston, Denver, Boston, Los Ángeles, Chicago, el condado de Miami-Dade y la región noreste de Ohio comprendida por Cleveland, Akron, Canton y Youngstown. De hecho, el éxito de estos esfuerzos se analizan en el libro The Metropolitan Revolution, que argumenta que ante los retos fiscales de los estados y el gobierno federal, los municipios, ciudades y las regiones estudiadas han servido como motores para la recuperación económica de Estados Unidos.

Los retos que hoy enfrentamos, son la gran oportunidad para modernizar y transformar a Puerto Rico. Las iniciativas y buenas prácticas abundan. Lo que sigue haciendo falta es la capacidad y voluntad para lograrlo.