El juez federal Francisco Besosa del Tribunal Supremo de Puerto Rico mantuvo la paralización de los litigios que impuso la Ley PROMESA y regañó al gobierno de Puerto Rico, por lo que nuevamente falló en contra de los bonistas que pedían que se levantara la suspensión de los pleitos estableció el estatuto federal.
Sin embargo, le llamó la atención al gobierno de Puerto Rico por no negociar con los acreedores.
El pasado 2 de noviembre Besosa emitió una orden en la que denegó a los bonistas para que finalizara la suspensión de los litigios.
En su orden previa, el juez le urgió al Estado Libre Asociado (ELA) a no “abusar o desperdiciar el aire” que conlleva su decisión.
Asimismo, indicó que el propósito de la suspensión automática de los pleitos legales es permitirle al ELA a efectuar negociaciones voluntarias y significativas con sus acreedores sin la distracción ni el peso que le representa defenderse de numerosas demandas.
Contento García Padilla
En declaraciones escritas, el gobernador, Alejandro García Padilla, aplaudió la determinación del tribunal federal de paralizar las demandas de los acreedores.
“Estoy muy complacido con la determinación del tribunal federal que, una vez más, valida nuestros reclamos sobre la necesidad de mantener en vigor la paralización de demandas de acreedores. Con ese resultado favorable en este importante caso -que requirió dos días de vistas evidenciarias y decenas de alegatos sustantivos contra múltiples demandantes, incluyendo fondos buitres- logramos mantener la operación del gobierno durante el futuro inmediato, a tenor con las medidas implementadas bajo la Ley de Moratoria”, expresó el ejecutivo.
Comentó además que para garantizar que el gobierno siga provendo servicios es necesario que para la fecha en que caduque la paralización de las demandas, es indispensable que la Juta Federal de Control Fiscal apruebe el plan que presentó su administración.
También el primer ejecutivo exhortó al organismo federal a que “trabaje con el nuevo gobierno en la radicación de un caso de restructuración de toda la deuda, conforme con el Título 3 de PROMESA”.
“Nuestro Plan Fiscal no solo garantiza el funcionamiento del gobierno y la reestructuración de la deuda, sino que también protege a nuestros pensionados, a los empleados públicos y a la Universidad de Puerto Rico “, puntualizó.
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