Economía: Faltan $2,181 millones para febrero 2017 – Solicitan reconsideración en tarifa de la AEE

Sin flujo de efectivo para operar ni pagar pensiones

El gobierno de Ricardo Rosselló Nevares se quedará sin flujo de efectivo tan pronto como en el segundo mes de su mandato, mientras se sugiere un cambio drástico en el Sistema de Retiro ante la insolvencia con la que se topará el próximo año fiscal

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La presentación de liquidez a cargo de la firma Conwey Mckenzie forma parte de la agenda de hoy, en la primera reunión que sostiene la Junta Federal de Control Fiscal en Puerto Rico, la cual se celebrará con acceso restringido y un amplio plan de seguridad, en el hotel El Conquistador, en Fajardo.>Archivo/ EL VOCERO.

El informe de liquidez divulgado por la administración de Alejandro García Padilla no solo reveló que las arcas del gobierno se quedarán sin efectivo en febrero de 2017, sino que sugirió remediar la insolvencia del Sistema de Retiro colocando el peso del financiamiento enteramente sobre los participantes, con el dinero que decidan aportar de su cheque.

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La administración del gobernador electo Ricardo Rosselló Nevares se quedará sin flujo de efectivo tan pronto como en su segundo mes de mandato, cuando se tope con el pago de $1,318 millones de servicio de la deuda, para los cuales contará únicamente con $104 millones en la cuenta.

Ante el vencimiento de la Ley de Moratoria, el 31 de enero de 2017, el gobierno se verá obligado a pagar el servicio de la deuda, lo que le dejará con un déficit de $1,221 millones en febrero, que seguirá creciendo hasta el fin del año fiscal, cuando proyecta concluir con una brecha de $2,181 millones.

Por el contrario, si se extiende la vigencia de la Ley de Moratoria, y se excluye el servicio de deuda del presupuesto, quedará con un balance positivo de $71 millones, lo cual también resulta limitado para la totalidad de las obligaciones del gobierno.

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Otro de los riesgos incluidos en el informe preparado por la firma Conway Mckenzie es la insolvencia del Sistema de Retiro para el año fiscal 2018, lo cual la administración propone resolver con “contribuciones más cuantiosas al sistema de pensiones o, eventualmente, cambiar a un sistema ‘pay as you go’ que requerirá pagos más altos todavía para evitar una interrupción en el pago de beneficios a los jubilados”.

El sistema ‘pay as you go’ es similar a un plan 401k, donde los beneficiarios del plan deciden cuánto quieren aportar ya sea por tener la cantidad deducida de su cheque o por contribuir la cantidad directamente.

La presentación de liquidez a cargo de la firma Conwey Mckenzie forma parte de la agenda de hoy, en la primera reunión que sostiene la Junta Federal de Control Fiscal en Puerto Rico, la cual se celebrará con acceso restringido y un amplio plan de seguridad, en el hotel El Conquistador, en Fajardo.

En su informe, el gobierno detalló que el impago que realizó con la Ley de Moratoria ascendió a $1.4 mil millones del servicio de deuda que vencía en el año fiscal pasado.

Sin embargo, la administración recalcó que los acreedores sabían que el impago podía ser una posibilidad cuando compraron la deuda de Obligación General en 2014. En los documentos de la emisión, advirtieron: “si la situación financiera del Estado Libre Asociado no mejora, puede que sea necesario implementar medidas de emergencia que pueden incluir una reestructuración, moratoria u otras acciones que afecten los derechos de los acreedores”.

Esta declaración del gobierno coincide con la carta que le envió el presidente de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, Roberto Pagán, a la junta, en la cual recalcaba que el propósito de la auditoría era “determinar si todas las partes involucradas cumplieron con las normas legales pertinentes y dar transparencia al proceso que el Gobierno ha empleado para obtener acceso a los mercados de capitales”. Sin embargo, la Comisión ha obtenido solo el 7 por ciento de los fondos necesarios para completar la auditoría de manera eficiente.

Si la Comisión depende del gobierno electo para obtener financiación, tiene una cuesta empinada, dado a que Rosselló Nevares apuntó en otra dirección cuando se le preguntó si respaldaba la auditoría del crédito público. El gobernador electo dijo que auditará todos los gastos del gobierno, pero basado en la cláusula de la Ley Promesa que permite revisar si las transacciones de capital han desprotegido los derechos de los acreedores. “La deuda es un contrato”, contestó a preguntas de la prensa en su primera conferencia en La Fortaleza.

Rosselló Nevares sostendrá hoy una reunión con los miembros de la junta, luego de que estos concluyan su reunión transmitida por el portal www.juntadesupervision.pr.gov. Su encuentro se dará, además, tras su regreso de Nueva York y Washington D.C., donde estuvo reunido con las casas acreditadoras Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s y el Tesoro federal, respectivamente.

La junta autorizó a 11 personas a presentar hoy su testimonio sobre el Plan Fiscal del gobernador, entre las cuales se encuentran economistas, representantes de asociaciones profesionales, acreedores locales y el tercer sector. La agenda proseguirá con la aprobación de unas “guías” y calendario de trabajo respecto a la revisión, aprobación y certificación del Plan Fiscal.

La lista de deponentes incluye a: Fundación Comunitaria, los Bonistas del Patio, la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, la Asociación de Hospitales, la Asociación de la Industria Farmacéutica, Estudios Técnicos, Anne Krueger & Assoc. y a un estudiante de la Universidad de Puerto Rico.

Laura Quintero

Solicitan reconsideración en tarifa de la AEE

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Thu, Nov 17, 2016 Gobierno   Por redacción de Sin Comillas

La Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) solicitó a la Comisión de Energía que reconsidere su posición y permita que los asuntos relacionados a la distribución de costos por el servicio de energía eléctrica, sean incluidos en el proceso de revisión de tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Según el director de la OIPC, José Pérez Vélez, “dejar para después el asunto de la distribución de costos de servicio, mientras se realiza el proceso de revisión de tarifas, va en detrimento de los mejores intereses de los consumidores de energía, ya que no se atendería un asunto de vital importancia para el análisis completo de la petición de revisión tarifaria que hizo la AEE”.

En su solicitud de reconsideración la OIPC solicita a la Comisión de Energía que reconsidere una orden del 3 de noviembre, que establece que para completar el procedimiento de revisión y análisis de las tarifas de la AEE dentro del término de tiempo provisto, la Comisión deberá emitir una determinación final en o antes del 11 de enero de 2017, y aquellos asuntos como: la Distribución de Costos y la Metodología del Estudio de Costos de Servicio (ECOSS, por sus siglas en inglés), se atenderían luego; o en su alternativa, establezca que la solicitud de Petición de Revisión Tarifaria presentada por la AEE no está completa al momento y se continúe el trámite ordinario de presentación de todos los documentos y requerimientos que ha hecho el ente regulador.

“Como parte del proceso de revisión tarifaria, el ECOSS es una herramienta básica y necesaria para llegar a la estructura de tarifa final que aplicará a las distintas categorías de clientes de la AEE. ECOSS es un proceso que cuantifica el gasto por el servicio de una utilidad a sus clientes, y asigna o distribuye los costos equitativamente a cada cliente.  Es por esto, que es importante considerar el ECOSS durante el proceso de revisión de la estructura de tarifas”, puntualizó Pérez Vélez.

Asimismo, el funcionario explicó que el concepto de ECOSS surge de la necesidad del gobierno de regular los precios impuestos al pueblo por servicios considerados esenciales, para así asegurar la razonabilidad de los mismos.

“La AEE necesita los recaudos necesarios para recuperar los costos asociados a la provisión del servicio, incluyendo costos capitales y operacionales.  Por tanto, es necesario que se distribuyan las tarifas de una manera equitativa y dentro de un marco gradual.  Por ser el ECOSS un estudio que determina esos costos y los asigna equitativamente a las clases tarifarias, es la herramienta que se necesita para llegar a la estructura de tarifa final que aplicará a las distintas categorías de clientes de la Autoridad”, añadió Pérez Vélez.

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