Unos días antes de las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre, el hoy Presidente Electo de los EE.UU., Donald Trump, viajó a Florida -junto a Reince Priebus, entonces presidente del Comité Nacional Republicano, ahora “Chief of Staff” del Presidente Electo, buen amigo de Puerto Rico y defensor de la estadidad- para reunirse con un grupo de puertorriqueños.

Ley Federal exige definir las opciones en forma clara y que no de lugar a confusión

Dicha reunión fue coordinada por José Fuentes Agostini quien luego de la elección de Trump se ha convertido en el puertorriqueño de mayor influencia en la administración Trump.

Fuentes Agostini señaló: “Yo creo que en Puerto Rico están tratando de proyectar que la elección de Donald Trump va a ser mala y sinceramente creo que es todo lo contrario, él conoce a Puerto Rico… y creo que tenemos una persona que entiende la situación económica de Puerto Rico mejor que nadie y que va a ser muy positivo”.

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Además de la posible circunstancia positiva que esto representa, la plataforma del Partido Republicano Nacional (GOP) nos presenta también una gran oportunidad al señalar: “Nosotros apoyamos el derecho de los ciudadanos de Puerto Rico a ser admitidos a la Unión como un estado completamente soberano. Reconocemos además el histórico significado del plebiscito local del 2012 en el cual una mayoría de 54% votó para terminar el actual estatus colonial como territorio y que 61% escogió la estadidad por sobre opciones de soberanía nacional. Apoyamos el referéndum sobre el estatus político federal auspiciado y presupuestado por una ley congresional en el 2014 para determinar las aspiraciones del pueblo de Puerto Rico. Una vez el voto del 2012 sea ratificado, el Congreso debe aprobar un acta habilitadora con los términos para la admisión futura del Estado 51 de Puerto Rico”.

Considero imprescindible que el nuevo gobierno aprovechando estas circunstancias, se mueva rápidamente para llevar a cabo durante los primeros tres meses de su mandato un plebiscito con aval congresional tal como el que propuso Obama y el congreso aprobó en el 2014 al asignarnos $2.5 millones para una campaña educativa. En ese plebiscito las opciones de estatus serían revisadas por el Secretario de Justicia federal para que sean constitucionalmente válidas, de acuerdo con las leyes, política pública de la nación y sea para resolver el problema del estatus. Dicho plebiscito tendría que ser entre la estadidad o la independencia en cualquiera de sus dos modalidades. De esta manera se ratificaría el voto del plebiscito celebrado en el 2012 para entonces someter un acta habilitadora tal como lo propone el programa del GOP.

Ante lo anteriormente expuesto no logro entender las manifestaciones de Johnny Méndez, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, señalando que: “Si en un año el Congreso no echa hacia delante un proyecto de ley que encamine una oferta directa de admisión de Puerto Rico como estado de EE.UU., el próximo gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) debe legislar en San Juan un referéndum pro estadidad”.

Aunque dijo estar confiado en que el gobierno federal escuchará los reclamos de un gobierno PNP que sostiene que la estadidad ya ganó el plebiscito de 2012, Méndez piensa que el 2017 debe ser suficiente para calibrar los ánimos republicanos con esa medida.

En las visitas que personalmente he cursado al Congreso durante los pasados tres años, me he entrevistado con más de 60 congresistas o sus ayudantes ejecutivos y unánimemente estos han señalado que no tienen duda de que en el plebiscito del 2012 el pueblo rechazó por 54% el presente estatus, pero tienen dudas en cuanto al 61% que se le atribuyó a la estadidad. Estas dudas han sido hábilmente implantadas por cabilderos a sueldo del PPD. Por eso señalan que debe haber un plebiscito como el que propuso Obama en el 2014.

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Ante estas circunstancias lo más razonable sería celebrar el plebiscito entre estadidad e independencia inmediatamente pues esto está en sintonía con la plataforma del GOP que pide que la votación del 2012 sea ratificada. Una vez ratificada la votación del 2012 mediante el triunfo de la estadidad, si el Congreso no actúa en un tiempo razonable entonces se pondría en marcha el plan Tennessee o cualesquiera otros mecanismos de presión durante el resto del año y del cuatrienio.

A toda esta ventana de oportunidad hay que añadirle la coyuntura de que en una administración federal donde el Congreso y el Presidente son Republicanos tendremos como Comisionada Residente para impulsar la legislación necesaria a Jennifer González, una inteligente, dinámica y carismática joven republicana quien es además la presidenta del Partido Republicano local. Esta oportunidad es única y hay que aprovecharla inmediatamente.