La Universidad de Puerto Rico pasa por el peor momento en su historia. Durante el presente cuatrienio vimos como la actual administración Popular al asumir el poder en el 2013, de la manera más burda y atropellada, descabezó de golpe y porrazo toda la administración universitaria, imponiéndole un nuevo cuerpo directivo compuesto exclusivamente por miembros del PPD: la actual Junta de Gobierno. De igual manera, la impuesta Junta derogó la cuota de $800 anuales establecida para allegarle a la institución recursos externos adicionales. Esto llevó a las agencias evaluadoras de crédito a degradar a chatarra el crédito institucional por acentuar la dependencia en fondos del estado en quiebra. Fuimos además testigos de cómo en un sesgado, amañado e irregular proceso de selección, se nombró a Uroyoán Walker presidente de la institución.

UPR- Izquierdistas

Presenciamos también cómo durante la escandalosa intervención de Antonio García Padilla -expresidente y considerado autor intelectual de la pasada violenta huelga universitaria del 2010- se les adjudicaron Becas Presidenciales y puestos a sus íntimos amigos del alma. Esto en crasa violación de normas, reglamentos y leyes, lo que resultó en la destitución y renuncia de toda la cúpula directiva de la Universidad. Más recientemente la Oficina de Ética Gubernamental recomendó imponerle multas por $190,000 al ex Presidente Walker. Este ha sido el escándalo más grande en la historia de la institución. Debido al evidente deterioro institucional ya la UPR no se encuentra entre las primeras 1,000 universidades del mundo.

A pesar de tener un presupuesto consolidado de $1,469 millones de los cuales $834 millones provienen del fondo general (del estado), $209 millones provienen de fondos federales, los restantes recursos provienen de la matrícula e ingresos por concepto del tragamonedas etcétera, de acuerdo al estado financiero auditado del 2015, la institución terminó con un déficit de $1,640 millones. En otras palabras, la Universidad está en quiebra. Esto lo corroboró la Junta de Supervisión o Control Fiscal cuando junto a otras corporaciones públicas la calificó como insolvente.

En una isla con una extensión territorial de 35 millas de ancho por 100 millas de largo, existen 11 recintos de la UPR. La mayor parte de ellos ubicados cerca de otros, a veinte minutos o menos por automóvil. Todos con una estructura administrativa y académica similar: un Rector, Decanos de Asuntos Académicos, de Estudiantes, de Administración, con oficinas de Finanzas, Presupuesto, Recursos Humanos (Personal) etcétera. La mayoría de ellos con programas académicos duplicados.

Ante el nefasto cuadro de deterioro institucional, de duplicidad y quiebra, es necesario que la institución pase por un verdadero proceso de reorganización y reestructuración, el que consistentemente han rehusado llevar a cabo. Ahora, en la antesala de la toma de posesión de una nueva administración del gobierno de la isla, ante una cúpula administrativa interina -responsable en gran medida por la actual crisis institucional- por medio de distintas voces de esa administración y de quienes la apoyan, surge el reclamo de que no se lleven a cabo cambios tanto en la Ley Universitaria como en la Junta de Gobierno pues entienden que sería contraproducente y constituiría un atentado contra la autonomía universitaria. En aras de continuar controlando ideológicamente a la Universidad, esas voces separatistas pretenden que los cambios surjan internamente, liderados por los mismos responsables de la actual crisis institucional. Eso sería posibilitar que una burocracia interina, inepta y caduca lleve a cabo -a paso de tortuga- cambios cosméticos para que sirviéndose a sí misma, todo se quede igual.

Los países que más han progresado en el mundo son aquellos que apostando a la innovación y a la competitividad, producen bienes y servicios de gran valor agregado. Puerto Rico necesita urgentemente un nuevo modelo económico que basado en el conocimiento adelante su desarrollo. Consciente de esto, la administración del ex gobernador Luis Fortuño nombró una comisión que produjo un extenso y abarcador informe. Este pretendía poner la Universidad a la altura de los tiempos, en ruta a constituirse en una institución con énfasis en la investigación, en los estudios graduados pertinentes al mundo altamente competitivo y globalizado en que tenemos que insertarnos para progresar. A pesar de haberse puesto en internet -sin tan siquiera haberse leído ni discutido- ese informe fue descartado por la presente administración.

La UPR necesita urgentemente reestructurarse de arriba abajo, tanto académicamente como física y administrativamente. Esto tendrá que ocurrir por iniciativa de una nueva administración institucional o por la Junta de Control Fiscal. El presente deterioro bajo la inepta actual administración no es opción. Tampoco es opción arrastrar más los pies.