El gobernador electo, Ricardo Rosselló Nevares, defendió ayer su decisión de nombrar una rectora en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño (EAPD) y enviar a 18 personas a servir como “enlaces” de su administración en los recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), contra las advertencias de que ha habido una intervención indebida con la autonomía universitaria.

“Mi deber como gobernador electo es estar listo para ejecutar desde el primer día”, justificó Rosselló Nevares, a preguntas de EL VOCERO.

Acto seguido, agregó sobre la designación de la diseñadora Mónica Villaverde a la rectoría de la EAPD: “No hay ningún tipo de ilegalidad en eso. Invito a quien entiende que la hay que proceda con los procesos que así quiere llevar a cabo”.

La Ley 225 de 2015, en su Artículo 4 (b)(2), establece que será la Junta de Directores de la EAPD la que nombrará la plaza de rector o rectora “con previa consulta con la facultad, estudiantes y personal no docente”.

La doctora María Vázquez Andino, representante de la facultad ante la Junta de Directores, comentó a este diario que no habían acogido el nombramiento porque no se hizo conforme a la ley. El cuerpo rector de la EAPD ha estado en un proceso de búsqueda desde agosto de 2016, para lo cual publicaron convocatorias, celebraron consultas a la comunidad universitaria y finalmente se escogió a una persona, quien declinó la oferta. Esperan culminar el proceso durante el próximo semestre.

Rosselló Nevares catalogó, sin embargo, la designación de Villaverde como una “recomendación”.

“En nuestro gobierno va a haber espacio para el diálogo, lo que no va a haber espacio es para el inmovilismo”, agregó al inmediatamente provocar el aplauso de los presentes.

UPR se reúne

Exactamente dos horas antes de que Rosselló Nevares iniciara su conferencia de prensa en el Antiguo Casino, los representantes electos del sector estudiantil, catedrático y empleados exentos no docentes de la UPR sostenían la primera reunión de cara al inicio del segundo semestre del año académico 2016-2017 y posterior a que la Junta Federal de Control Fiscal haya emitido una carta sugiriendo la eliminación del mecanismo de financiamiento por fórmula de 9.6%.

“Inicialmente, se discutió las diferentes áreas que preocupan a cada uno de los sectores y (reiteramos) el compromiso de cada uno con aquellas cosas que no debemos tomar en consideración en estos momentos: las alzas a las matrículas y los recortes en beneficios a los empleados. Todos estamos de acuerdo que debe haber una reestructuración administrativa, donde la comunidad universitaria participe de ese proceso”, comentó la presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras (UPR-RP), Wilmari de Jesús Álvarez.

En la reunión participaron los CGE de distintos recintos de la UPR, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, así como representantes del Sistema de Retiro de Empleados de la UPR y otros representantes estudiantiles.

Esta reunión surge también luego de que el Comité de Transición Entrante le requirió a la presidenta interina de la UPR, Celeste Freytes, contestar una serie de preguntas -casi todas de índole financiera- en un período de 24 horas.

De Jesús Álvarez comentó que el CGE de la UPR-RP solicitó una reunión con el gobernador electo hace dos semanas, una petición que aún no ha sido contestada. “Mucho más allá de decir que respeta la independencia de la universidad, es importante que se reúna con los diferentes sectores porque es bien difícil crear una reestructuración de la universidad si no conoce qué es lo que pasa en la universidad o cuál es el panorama desde adentro. Esa es la preocupación que tenemos”, comentó.

Rosselló Nevares aseguró que con la creación de los subcomités de transición en la UPR lo que están buscando es mayor transparencia sobre las operaciones de los recintos. “Nosotros respetamos la independencia universitaria y lo cierto es que el Comité de Transición tiene el poder para llevar a cabo estos enlaces… lo que queremos es la información adecuada para poder tomar las mejores decisiones”, contestó en referencia a la designación de 18 personas como enlaces de la administración entrante en los recintos de la UPR.

El presidente del Comité de Transición Entrante, Elías Sánchez, le solicitó en su misiva a la presidenta interina de la UPR, Celeste Freytes, que se provea espacio de oficina a estas figuras “enlaces”, quienes estaban autorizadas a solicitar información por parte de la administración entrante.

En la resolución que aprobó el Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la UPR y el CGE de la UPR en Bayamón, se destaca la preocupación de que estas personas puedan tener acceso a información confidencial o privilegiada, sin que medien garantías que protejan los derechos de los estudiantes y sin que les apliquen las sanciones de la Ley de Transición por utilizar o divulgar información para su beneficio económico o el de algún cliente o pariente.