Por: Maricarmen Rivera y Yaritza Rivera
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El gobernador Ricardo Rosselló defendió ayer el proyecto de ley de reforma laboral, cuyo contenido ha sido objeto de controversia en el País, reafirmando que lo dispuesto en la medida forma parte de su plan de gobierno.
“En Puerto Rico hay que hacer cambios y yo me comprometí en ejecutar unos cambios. Están en nuestro plan de gobierno. Estas son unas medidas para poder crear empleos en Puerto Rico, ¿Por qué? Primero, ayudan al pequeño y mediano comerciante a que reduzca el gasto de hacer negocios aquí en Puerto Rico. Segundo, les da beneficios adicionales a los trabajadores, a las madres que estén en maternidad, a los que vayan a acogerse al desempleo van a tener mayor desempleo y los cambios sustanciales, la gran mayoría de ellos se están haciendo prospectivamente, lo que quiere decir es que van a aplicar aquellos nuevos empleos que entren, no a los que ya están vigentes”, expresó el primer ejecutivo en un aparte con la prensa luego de la juramentación del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera.
El primer mandatario precisó que entiende que es una ley de reforma laboral fuerte que tiene posibilidad para hacer cambios importantes en el desarrollo económico de Puerto Rico y la creación de empleos.
“Los últimos 10 años se han ido más de 300 mil puertorriqueños y hemos perdido casi la misma cantidad de empleos. Cada vez tenemos menos inversión en Puerto Rico y cuando vemos el Work Economic Forum, entidad que se le da credibilidad a nivel de todo el mundo, decir que el segundo obstáculo más grande para hacer negocio y crear empleos en Puerto Rico es la sobre regulación y la flexibilidad de las leyes laborales, pues entonces uno tiene que tomar nota de ello”, agregó.
Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, favoreció el proyecto, aun las disposiciones que cambian el Bono de Navidad.
“¿De cuánto es el bono que reciben hoy las personas desempleadas? Cero. Lo que estamos es creando condiciones para que las personas desempleadas tengan un empleo en Puerto Rico. Siempre va a haber personas que se oponen a todo y vas a ver las personas que son antiempleo”, sentenció. “Los derechos adquiridos no se reducen porque esto aplica a los nuevos empleos. Hemos perdido 30 mil empleos. Se van a la Florida donde están estas regulaciones. El gobernador está cumpliendo con un compromiso de campaña y entendemos que hay personas que se oponen a todo sin leer”.
Al presentar el proyecto el lunes, Rosselló también insistió en que la medida no afecta a las personas que ya tienen un empleo. Pero, la medida no dice nada sobre los derechos que cobijan a estos empleados una vez cambian de trabajo. Ayer, Rosario alegó que si las personas pueden cambiar de trabajo, será por las disposiciones de esta legislación.
“Si por causa de esta ley esta persona se ve motivada a conseguir otro trabajo, esta ley es la que le va a permitir eso”, manifestó.
Las leyes actuales permiten establecer como despido cuando un empleado entiende que ha sido “empujado” a renunciar por el cambio en las condiciones de trabajo o por un ambiente hostil en su empleo.
El proyecto de Rosselló cambia estas disposiciones al establecer que “no basta con cualquier molestia o condición antipática en el empleo, sino que debe tratarse de actuaciones patronales arbitrarias, irrazonables y caprichosas que generen una actitud hostil”.
Más cambios
Además de extender a 18 meses el tiempo que un patrono puede mantener a un empleado en periodo probatorio, el proyecto de reforma flexibiliza los procesos para despedir empleados y pone en los empleados la responsabilidad de probar que un despido fue injustificado.
El proyecto pone topes a las reclamaciones de discrimen y establece que no hay una presunción de que los empleadores están al tanto de situaciones personales que podrían ser causa para un despido discriminatorio, como son las víctimas de violencia doméstica, agresión sexual o acecho.
La medida establece además que cuando se despide sin justa causa a un empleado por contrato, este tendrá derecho a recibir tres meses de sueldo en vez de los dos meses que garantiza la ley actual. Pero el proyecto establece que para recibir este beneficio, es necesario que hayan pasado los 18 meses del periodo probatorio.
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