El gobernador Ricardo Rosselló Nevares reaccionó ayer confiado de que la administración de Donald Trump extienda la acreditación del arbitrio de 4% que pagan las empresas estadounidenses en Puerto Rico, pues indicó “es una responsabilidad” del gobierno federal.
Aunque el gobierno local aún no ha alcanzado un acuerdo con el Departamento del Tesoro federal, Rosselló Nevares indicó que han tenido “algunas conversaciones” con el personal de esa agencia a los fines de lograr un compromiso para extender la acreditación que pagan las empresas foráneas por virtud de la Ley 154 de 2010.
Ese arancel representa cerca de $2,000 millones de ingresos anuales del Fondo General, eso es un 21% del presupuesto principal que nutre la operación del gobierno.
“Las conversaciones más relevantes han sido con el personal que se quedará en el Tesoro”, aseguró Rosselló Nevares. Asimismo, dijo que están en proceso de “continuar el diálogo” con quienes serán los nuevos oficiales bajo la presidencia de Trump.
En términos similares, se expresó el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, quien en entrevista previa con EL VOCERO indicó que tienen un grupo de trabajo atento a la reforma contributiva de Trump. Aseguró que desean desarrollar una herramienta “de cara al futuro” que sea más sostenible.
Aunque ese arbitrio vencía originalmente en enero de 2017, La Fortaleza incluyó su extensión en el Proyecto de la Cámara 451, que presentó en la noche del lunes. El Artículo 24 de esa medida enmienda el Código de Rentas Internas, para que el 4% aplicable a la adquisición de propiedad mueble y servicios termine “en o antes” del 31 de diciembre de 2027.
“De mi parte, veo que la acredibilidad va a permanecer. Es una responsabilidad hasta cierto punto: el gobierno federal sabe que en Puerto Rico hay una crisis fiscal”, confió Rosselló Nevares.
La proyección de un déficit anual de $7 mil millones, que anunció la Junta de Control Fiscal, utiliza un escenario base que descarta el ingreso de $2 mil millones anuales por concepto de este arbitrio, debido al vencimiento de la ley. Resta ver si la junta acepta la petición del gobierno de Rosselló Nevares para extender por 45 días el término para entregar el plan fiscal, así como si valida una proyección presupuestaria que cuente con esos ingresos.
Más cerca de la reestructuración
Para asistir en el desarrollo e implementación del Plan Fiscal, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) anunció ayer la contratación de la firma legal Dentons, la cual fungirá como firma asesora en los procesos de reestructuración y renegociación de la deuda, así como en las comunicaciones con los acreedores y con la Junta de Control Fiscal.
La Oficina de Prensa de La Fortaleza informó que el equipo de Dentons tuvo “un rol protagónico en el procedimiento de quiebras de la ciudad de Detroit bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras Federal, donde exitosamente representaron y defendieron a los pensionados de dicha ciudad”.
Énfasis en Código de Incentivos y APP
Las estrategias de esta administración para lograr el crecimiento económico descansan primordialmente en las Alianzas Público Privadas (APP) y en el establecimiento de un Código de Incentivos, que reunirá todos los incentivos que se están otorgando a las empresas y establezca un análisis de su retorno de inversión con parámetros para la creación de empleo y riquezas en Puerto Rico, anticipó ayer el gobernador.
Rosselló Nevares firmó ayer su primera ley, con la cual pretende agilizar los acuerdos de APP. Esta agilidad consiste en delegar a las empresas privadas el rol de proveer los estudios de viabilidad y el análisis técnico de conveniencia, así como traer a la mesa propuestas de privatización de servicios, que no estaban siendo consideradas por el gobierno.
“Muchas de las cosas que estamos hablando son servicios. No es que se les está otorgando un gran activo a un sector”, respondió Rosselló Nevares ante las críticas de que se estará privatizando gran parte de los activos del gobierno.
A modo de ejemplo, habló de establecer conversaciones con las compañías estadounidenses Disney, Harvard y Mayo Clinic, de entretenimiento, investigación académica e investigación médica, respectivamente.
“Estamos visualizando APP a gran escala, pero hay otra serie de servicios y oportunidades a menor y mediana escala. Queremos asegurar que los de aquí puedan participar”, comentó.
Asimismo, reconoció que no a todas las APP les aplicará la disposición del 25% de las ganancias que irán al Sistema de Retiro del Gobierno. “Nos dimos la flexibilidad de eso, porque hay APP que en un principio no generarán un ingreso”, justificó el gobernador.
El gobernador aseguró que habrá una conferencia grande a la cual invitarán a todos los interesados en establecer APP en Puerto Rico.
En cuanto a las críticas de la minoría del Partido Popular Democrático de que se aprobó el proyecto sin vistas públicas, Rosselló Nevares sencillamente enfatizó que “llegué a la gobernación siendo claro con la gente: les dije que iba a hacer un ‘Plan para Puerto Rico’, donde iban a haber vistas públicas y que estábamos en un estado donde tenemos que actuar con urgencia”. Se refirió a la participación ciudadana que ocurrió previo a su elección. Entonces, agregó: “el inmovilismo no es opción”.
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