El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se reunió ayer de forma separada con los legisladores populares Eduardo Bhatia y Rafael “Tatito” Hernández, el senador independentista Juan Dalmau y el excandidato independiente a la gobernación Manuel Cidre, en La Fortaleza.

El primer ejecutivo discutió los temas de educación, economía y el rol de la Junta Federal de Control Fiscal. Empero, no todos los asuntos fueron dialogados con cada uno de los líderes de las minorías.

El expresidente del Senado y el mandatario conversaron sobre economía, la junta fiscal y la educación. “La educación es un tema que me apasiona y que él (Rosselló) sabe que yo he trabajado mucho. Lo discutimos, lo conversamos. Y hablamos en términos generales de mantener la comunicación abierta entre la delegación del Senado y La Fortaleza.

Fue una conversación honesta, sincera y directa”, expresó Bhatia.

“Los dos coincidimos en algo que es bien importante, que es que los dos no estamos satisfechos con que hay, no todas, pero muchas escuelas públicas donde faltan libros y materiales. En ese sentido, estamos conscientes de que es algo que tenemos que atender inmediatamente”, agregó.

Sobre la propuesta del empleador único, el exlíder senatorial señaló que “es un concepto que, como les dije, no coincidimos, pero podemos verlo”.

No dialogaron sobre la propuesta consulta de estatus, pero Bhatia dijo a la prensa que esto le haría daño a la economía de la Isla.

“Ni en Estados Unidos hay espacio para hablar del tema ni en Puerto Rico tampoco. Esta es una administración que ganó con 41% de los votos; 59% de la gente no votó por esta administración. Hay muchos estadistas que entienden que es un error. Yo diría que la función del Partido Popular en este momento es que caigan en razón aquellos que son fanáticos del tema del estatus”, añadió Bhatia.

Sin embargo, Rosselló sí discutió el asunto del estatus con Dalmau, quien dijo estar satisfecho de que la nueva administración esté haciendo esfuerzos para atender esta situación.

“En principio, nosotros estamos satisfechos de que no hay una actitud de cruzarse de brazos con el tema del estatus y de que no se incluya la colonia como opción. Sobre los aspectos específicos del proyecto, no entramos”, afirmó Dalmau junto al exsenador Fernando Martín.

Dalmau manifestó que los aspectos específicos de la medida de estatus serán atendidos a través de las vías de comunicación que establezca La Fortaleza. A preguntas de la prensa sobre si favorece o no el proyecto, respondió que “el PIP no está en posición de decir si apoyamos o rechazamos la medida. En estos momentos lo que se ha iniciado es un diálogo que enriquecerá la propuesta de la mayoría”.

Critican el “fast track”

De otro lado, el representante Hernández criticó la forma en que se están conduciendo los trabajos en la Legislatura por parte de la mayoría.

“Estamos a oscuras en el proceso legislativo… Hay que tener premura, pero hay que tener transparencia y llevar a cabo el debido proceso”, afirmó, tras comentar que se han aprobado más de 400 proyectos y que la minoría desconoce las medidas a incluirse en el calendario de sesiones.

Hernández dijo a preguntas de la prensa que no le comunicó su molestia al gobernador porque cree en la separación de poderes.

Por su parte, Cidre señaló que el gobernador lo citó para preguntarle si estaría dispuesto a aconsejarlo y el empresario respondió en la afirmativa.

Conversaron sobre su propuesta durante la pasada campaña eleccionaria para la regionalización de municipios y de la prestación de los servicios estatales.

Sobre cuál fue la reacción del primer ejecutivo sobre el particular, Cidre respondió que “está mirándola con ojos interesantes”.

Ricardo Rosselló Nevares estrenó hoy su tinta azul como gobernador de Puerto Rico, al firmar sus primeras seis órdenes ejecutivas en las que declaró un estado de emergencia fiscal antes de celebrar la ceremonia oficial de toma de posesión.

“Es imperativo implementar una nueva estructura de gobierno que baje significativamente el gasto público y mejore sustancialmente las funciones”, justificó en una de ellas, justo antes de enumerar que existen 118 agencias públicas, que ofrecen 340 servicios a un costo de $21,800 millones.

En su primera orden ejecutiva, exigió -como había adelantado- que todos los jefes y jefas de agencias disminuyan sus gastos operaciones en un 10% “sin afectar adversamente aquellos servicios directos que son esenciales para proteger la salud, seguridad y bienestar de la ciudadanía”.   Además, congeló puestos vacantes, prohibió la creación de puestos nuevos y pidió la eliminación del  20% de nómina de confianza, función que ya hace la Ley 66 de 2014.

Asimismo, se centralizan las comunicaciones y servicios de asesoría legal, para que cualquier contratación de director de Comunicaciones o director de División Legal a nivel de las agencias o corporaciones tenga que ser autorizada por La Fortaleza.

Se prohíben también las tarjetas de crédito, los viajes al exterior y los celulares financiados con fondos públicos, aunque se le da poder al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) hacer cualquier excepción.

Las otras órdenes ejecutivas son para crear el Centro de Oportunidades Federales, crear el grupo interagencial de proyectos criticos para la infraestrucutra del Siglo XXI e implementar el método de Presupuesto Base Cero.

Pendientes a www.elvocero.com para ampliación.