La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, junto al secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, presentó hoy los informes confeccionados por el Departamento de Salud federal en donde se detalla la desigualdad de Puerto Rico bajo el Affordable Care ACT.

Los dos informes, denominados “Aviso Informativo del Secretario Auxiliar para Planificación y Evaluación” e “Informe de ASPE sobre el estado de los servicios de salud en Puerto Rico” mencionan que “los tres millones y medio de ciudadanos americanos en Puerto Rico no tienen acceso a un sistema de salud que se considere normal al resto de la nación”, según González.

La comisionada residente precisó que el informe también establece que el Informe de ASPE reconoce el discrimen hacia Puerto Rico para elegibilidad para programas federales. “En la Isla, el umbral de elegibilidad para Medicaid para una familia de cuatro personas es de $10,200 anuales, cuando nacionalmente es de $32,319”, mencionó González.

Asimismo, indicó que el Pareo de Medicaid para Puerto Rico es de 55% cuando en paridad de fondos seria al menos 83% y que, si no se cuenta la asignación especial bajo “Obamacare”, el máximo de fondos de Medicaid asignados a Puerto Rico es de apenas $321 millones, de sobre $1.2 billones que hoy reciben.

“Aun si se continuara asignando la misma cantidad que hoy se asigna al Fondo General habría una pérdida de 44% de los recursos disponibles y 500,000 personas perderían su plan médico”, detalló González en rueda de prensa.

Además, González aseveró que el informe hace hincapié a que, si Puerto Rico se ve obligado a gastar solo lo justo para cumplir con el pareo hasta el tope de asignaciones, equivaldría a una pérdida del 80% de los fondos y hasta 900,000 beneficiarios.

“En Puerto Rico el límite de elegibilidad para Medicaid para una familia de 4 personas es de $10,200 anuales cuando nacionalmente es de $32,319… El discrimen en coberturas de Medicare Parte B, y los pagos de Medicare y como a penas este ano el llamado índice GPCI usado para calcular las compensaciones a médicos para reflejar mejor el costo de la práctica médica”, leyó González sobre el informe.

De otro lado, informó que el proyecto 259, que radicó en la Cámara Federal, le daría a Puerto Rico la misma cantidad de dinero de Medicaid que actualmente recibe cada año, cerca de $1.68 billones, y no terminaría en el 2019 como ocurre con el ACA. Mientras que el Proyecto de la Cámara 261, también de su autoría, busca trato igual a los ciudadanos americanos en Puerto Rico en la Parte B de Medicare.

Por su parte, el secretario de Salud Rodríguez Mercado, mencionó que se ha llevado un mensaje erróneo sobre el Plan de la Reforma. “Van a estar disponibles hasta diciembre de este año, así que todo continuará igual”, dijo Rodríguez Mercado, quien sostuvo que se estará reuniendo con el secretario del Departamento de Salud federal para tratar todos los asuntos meritorios a la salud en Puerto Rico.

Sobre la situación con las aseguradoras, Rodríguez Mercado indicó que las negociaciones no empezarán en marzo porque no existe nada concreto y no sabe con qué cantidad de dinero va a contar. Agregó que a tales fines lo que se está pidiendo una extensión a la medida que sepa que va a suceder con el Obamacare.

“Uno no puede estar haciendo negociaciones de una cosa que uno no sabe qué va a pasar. Así que yo le comenté al señor gobernador (Ricardo Rosselló) que por ahora dejáramos todo funcionando con las negociaciones que se hicieron en las últimas negociaciones y no se toque hasta que sepamos de verdad la cantidad de dinero que vamos a tener”, agregó Rodríguez Mercado.

Algunos de los hallazgos del informe fueron que el sistema de salud de Puerto Rico se hallaba en dificultades aun antes de surgir nuevas presiones con el brote del zika; perdida de talento profesional por el éxodo masivo hacia los Estados Unidos, falta de especialistas, pobre desempeño en áreas preventivas como inmunizaciones y cernimiento del cáncer.

También subraya que “desde una crisis económica persistente hasta disparidades estatuarias subyacentes, las circunstancias de Puerto Rico no solo impiden el mejoramiento, sino que crean el riesgo de mayor deterioro”.