Por entender que las propuestas presentadas por la Junta Federal de Control Fiscal afectarían el bienestar de los puertorriqueños, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares rechazó los mecanismos que sugirieron para atender la crisis fiscal, al tiempo en que presentó sus alternativas.

El primer ejecutivo emitió una carta de ocho páginas, en respuesta a la misiva que la junta le envió el miércoles, en la que presenta sus alternativas a los recortes que el ente federal propuso.

“En mi opinión, todo plan fiscal basado exclusivamente en la reducción de la salud, el bienestar y la calidad de vida de la gente de Puerto Rico, a través de recortes en la prestación de servicios de salud, a jubilados, reducciones de pensiones de nuestros segmentos más vulnerables de la población, es inaceptable. También es incompatible con (la Ley) Promesa que requiere la preservación de servicios esenciales y una financiación adecuada de las pensiones públicas”, expresó el primer ejecutivo.

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Rosselló le indicó al ente federal que no aumentará los impuestos, no reducirá la nómina gubernamental, tampoco reducirá los servicios de salud para la población y no limitará el acceso a la educación pública.

“Creo firmemente que debemos esforzarnos por crear un plan fiscal que refleje un consenso entre mi oficina y la junta y que cumpla con los requisitos legales para la certificación por el ente federal”, agregó el mandatario, quien aseguró que no autorizará recortes a las pensiones.

El pasado miércoles, la junta le exigió al gobierno un recorte sustancial de los subsidios a los municipios y al sector privado. También, en la carta de 14 páginas, se le exige una reducción de 30% en la nómina y dimensionar el tamaño de los gastos de educación de K-12 a la población estudiantil actual.

Además, en la comunicación la junta delineó cinco áreas que la administración Rosselló deberá incluir en su plan fiscal para que de aquí al año fiscal 2019 el gobierno logre generar ingresos adicionales y ahorros anuales por la cantidad de $4,500 millones.

Estas son el aumento en los ingresos mediante ajustes al sistema contributivo y mejoras al sistema de administración y fiscalización de recaudos; el ajuste de reducción y eficiencia en la estructura gubernamental; la reducción en los gastos de salud; el recorte en los gastos de educación superior y reformar el sistema de pensiones.

De otra parte, el gobernador reiteró su compromiso de pagar la deuda, mediante su renegociación y basado en los fondos disponibles, sin sacrificar los servicios esenciales a la ciudadanía y los fondos de pensiones.

“Continuaremos las negociaciones con los bonistas de buena fe, respetando la ley, y basándonos en auditorías y en la transparencia durante el proceso. Tal como hemos acordado, el gobierno continuará liderando las negociaciones de buena fe con los bonistas, contando con la colaboración de la junta”, sentenció el gobernador.

Además, el gobernador resumió las órdenes ejecutivas que declaran en estado de emergencia a la Isla, recortan los gastos gubernamentales, ordenan la congelación de puestos vacantes, prohíben la creación de puestos nuevos y piden la eliminación del 20% de nómina de confianza.

A través de las órdenes ejecutivas, prohibió también las tarjetas de crédito, los viajes al exterior y los celulares financiados con fondos públicos, aunque se le da poder al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) hacer cualquier excepción.

Según el gobernador, la única forma de solucionar la crisis fiscal de la Isla es mediante el desarrollo económico y la estadidad.

La próxima reunión de la junta está pautada para finales de este mes, aunque la fecha no se ha dado a conocer. En ese encuentro la junta estaría concediendo las extensiones para que Rosselló presente su plan fiscal y para el vencimiento de la moratoria de la deuda.

La fecha límite para que este someta su plan fiscal a la junta, de forma tal que esta pueda certificarlo, es el 15 de marzo de 2017. Igualmente, la extensión en la fecha de vencimiento de la moratoria para la presentación de litigios dispuesta en la Ley Promesa sería el próximo 1 de mayo, sujeto a las mismas condiciones.

Reacciona el ente federal

Poco después de que el gobernador publicara su carta, la junta respondió a través de un comunicado de prensa, que emitirá una respuesta sobre el documento luego de estudiarlo. Pero, por el momento, el ente federal expresó que espera por las condiciones señaladas al gobernador a cambio de prorrogar el plazo para entregar el plan fiscal y el de la moratoria.

La junta reiteró su mejor disposición a trabajar en colaboración con el gobernador y su administración para cumplir con los objetivos de la Ley Promesa: lograr un presupuesto estructuralmente balanceado, acceso de Puerto Rico a los mercados de capitales, asegurar el financiamiento de los servicios gubernamentales, “proporcionar una financiación adecuada a los sistemas de pensiones e inversiones de capital necesarias para promover el crecimiento económico en Puerto Rico”.

Propuesta de la junta

1. Aumentar en $1.5 millones los ingresos
2. Disminuir $1.5 mil millones en gasto ajustando el tamaño del Gobierno
3. Reducir anualmente mil millones en el sistema de salud
4. Disminuir en $300 millones los gastos de la UPR
5. Reducir el 10% de los beneficios de las pensiones
6. Pagar $800 millones del servicio de la deuda

Respuesta de Rosselló
1. “No vamos a aumentar los impuestos a los pobres y a la clase media”. El gobierno establecerá una reforma contributiva e incrementará los recaudos con medidas para atajar la evasión y al cobrar impuestos de ventas en Internet. También modernizarán las contribuciones sobre la propiedad municipal, entre otros.
2. “No estamos de acuerdo en el enfoque la nómina para ajustar el tamaño del gobierno”. El gobierno insistió en su propuesta del empleador único y detalla las iniciativas tomadas al momento para ajustar los gastos.
3. “No vamos a sacrificar los servicios de salud”. El gobierno presenta seis estrategias para reducir los costos.
4. “No vamos a limitar el acceso a la educación superior”. Proporcionará una gobernanza independiente a los recintos principales y especializará los otros.
5. “La pobreza no es una opción para los que han trabajado incansablemente en el gobierno”. El gobierno presenta cinco estrategias para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
6. “Pagaremos de acuerdo a los recursos disponibles, mientras se satisfacen la necesidades de los servicios esenciales”. El gobierno liderará las negociaciones de buena fe, con la colaboración de la junta.