Antes de la reunión de la Junta Federal de Control Fiscal este sábado en Fajardo, el gobernador Ricardo Rosselló espera firmar su Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal, que cambia la Ley de Moratoria del anterior gobierno y consigna la intención de pago a los acreedores, en busca de confianza negociadora.

Aunque parte de la nueva ley -radicada ayer en la Cámara de Representantes y que irá a vistas públicas hoy- guarda alguna similitud con la Ley de Moratoria, se diferencia de esta cuando establece que la política pública será “tomar todas las medidas requeridas para Puerto Rico establecer la responsabilidad fiscal necesaria dentro del gobierno y sus instrumentalidades para satisfacer sus obligaciones”.

Pero antes, afirma que primero se busca “garantizar que se provean aquellos servicios gubernamentales esenciales para la salud, seguridad y bienestar de los residentes de Puerto Rico”.

La legislación, que le da amplios poderes al gobernador para decretar cambios significativos mediante órdenes ejecutivas, designación de auditores y síndicos para agencias que incumplan con la línea fiscal, entre otros, hace hincapié en cómo se ha agravado la falta de liquidez. Pero, de todas formas se tomarán las medidas para gestionar un fondo al cual destinar recursos para el pago de obligaciones. Eso se hará con el sobrante de la economía producida, una vez se cumplan con los servicios esenciales, que aún no están definidos.

Elías Sánchez, representante del gobierno ante la junta fiscal, explicó ayer tarde en La Fortaleza que determinar cuáles son los servicios esenciales “no es fácil de definir, porque aun dentro del renglón de seguridad hay algunos servicios que no son esenciales”. Adelantó que se va a escoger a las agencias más grandes para hacer un ejercicio de identificar sus funciones y ver qué es prioridad en términos de servicios y lo que no.

Buscan tiempo extra

Sánchez, quien confirmó que al primero de febrero sumará más de $1,300 millones el dinero en impago, llevará a la segunda reunión de la junta fiscal en la Isla un informe sobre las proyecciones de liquidez del gobierno, elaborado por la firma Conway Mackenzie, que será parte esencial para completar el plan fiscal del gobierno. También espera tener bajo el brazo la nueva ley de emergencia y con esta apoyar el pedido de una extensión de 45 días en la entrega del plan fiscal, que se les ordenó presentar el 31 de este mes.

“Esto es un cambio en la política de impago, a la política pública de cumplimiento en la medida en que se cumplan con los servicios esenciales y entonces se pueda ir destinando al pago del servicio de la deuda. La ley reconoce que estamos en un proceso que vamos a entrar en negociaciones con los acreedores del Estado”, señaló Sánchez, en mesa redonda con la prensa financiera.

Destacó que la legislación, a diferencia de la Ley de Moratoria, “reconoce lo que dispone la Ley Promesa y funciona dentro del marco de una interacción con los trabajos de la junta en la renegociación y reestructuración de la deuda. Y en la medida en que dineros se vayan identificando, separando, sean abonados como parte de lo que vaya a ser el acuerdo final que se llegue con los acreedores”, agregó Sánchez.

Entretanto, Sánchez reconoció que la nueva Ley de Emergencia le da más poderes al gobernador y a la Agencia de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) para atemperarse a Promesa en sus diferentes gestiones y recomendaciones de reestructuración gubernamental y de la deuda. Distinguió que “mientras dure la moratoria de Promesa, estará en vigor la moratoria contra acciones contra el Estado. Por ende, no va a haber una política pública más allá de lo que establece Promesa”.

Cabe destacar que una de las peticiones del gobierno a la junta fiscal es que se extienda la fecha del 15 de febrero al 1 de mayo el periodo en que culmina la paralización en los litigios de los acreedores contra el Estado Libre Asociado.

Sobre el fondo para pago de deuda, Sánchez indicó que el dinero que produzcan los ahorros y reestructuraciones gubernamentales se añadirá a la cuenta recipiente del “clawback” (el dinero confiscado a diferentes agencias y en espera de ser utilizado), que anteriormente se consignó para servicios esenciales. Ahí existen más de $150 millones y Sánchez reiteró que “la idea es que se abonen a esa cuenta los ahorros” para cumplimiento futuro de deuda, que será el elemento de “buena fe” a presentar a los acreedores.

La nueva legislación de emergencia igualmente establece inmunidad a los interventores en las medidas para manejar la crisis fiscal. Mientras, sobre el orden de pagos a los acreedores, aún no hay nada establecido, aunque la Constitución concede la prioridad a las obligaciones generales o la deuda garantizada contra el Fondo General. Hasta ahora, solo se paga la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), que se nutre de los primeros recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU). Eso precisamente ha levantado un pleito entre ambos grupos de acreedores, respecto a si se pueden confiscar las acreencias de Cofina para pagar las obligaciones generales.