>Por: Prof. Andrés L. Córdova
Facultad de Derecho UIPR

El 3 de febrero de 2017 el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó “La Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico”, fijando la fecha para la celebración de un plebiscito de status para el 11 de junio de 2017. La papeleta incluirá dos alternativas: estadidad o libre asociación/independencia, con sus respectivas definiciones. Bajo la premisa de que prevalezca la estadidad, la legislación provee para que se inicie un proceso de admisión ante el Congreso de los Estados Unidos, tal y cual fuera anticipado en el Proyecto H.R. 51 de la comisionada residente Jenniffer González. Bajo la premisa de que prevalezca la libre asociación/independencia la legislación provee para un referéndum entre ambas opciones, a celebrarse el 8 de octubre de 2017. En cualquier caso el plebiscito provee una verdadera oportunidad para finalmente resolver nuestro centenario problema de status.

Bajo la Ley Federal 113-76, previo a votar en el plebiscito, las definiciones de status incluidas en la papeleta deben ser sometidas al secretario de Justicia de los Estados Unidos para su oportuna revisión para asegurar: (i) que las alternativas sean constitucionalmente válidas; (ii) que sean conformes a las leyes y la política pública de los Estados Unidos; y (iii) que resuelvan el problema del status. Aunque desde una perspectiva estrictamente legal, el resultado del plebiscito no es vinculante sobre el gobierno de los Estados Unidos, el hecho de que se celebre el mismo bajo el auspicio de legislación federal provee para un grado de legitimidad política que dificulta que el Congreso ignore sus resultados.

Como era de esperarse, las varias facciones que componen el espectro político de Puerto Rico ya están intentando ganar la atención del secretario de Justicia federal entrante Jefferson Sessions, ya sea para que apruebe las definiciones existentes en la ley o, en el caso del Partido Popular Democrático (PPD), para sabotear el plebiscito con la repetición de la estrategia del voto en blanco del plebiscito del 2012. Inclusive, el contendor por la presidencia del PPD, el ex-gobernador Aníbal Acevedo Vilá, públicamente ha declarado que habrá de iniciar una campaña en Puerto Rico y en Washington D.C. para des-legitimarlo políticamente. El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), por su parte, aun cuando votó en contra de la aprobación de la ley bajo el argumento de que no hay que buscar la aprobación de las definiciones de status del secretario de Justicia federal, ahora dice que va a participar en el proceso.

Según el PPD, que no ha podido ofrecer una definición de su Estado Libre Asociado en los últimos 64 años que pueda habitar en el espacio político que alegan como cuestión de fe que existe entre la Cláusula Territorial de la Constitución de los Estados Unidos y la Independencia, este próximo plebiscito pretende construir una falsa mayoría a favor de la estadidad a sus expensas. Es difícil entender este reclamo, que supone una admisión tácita de que la mayoría del electorado en Puerto Rico favorece la estadidad. Si una mayoría del electorado vota a favor de la estadidad es correcto concluir, evidentemente, que la mayoría quiere la estadidad. Eso es exactamente lo que significa la democracia. Si el PPD no está de acuerdo con la estadidad, como sabemos que no lo está, tan solo tiene que votar a favor de la alternativa de la libre asociación, que dicho sea de paso es la alternativa que incluyeron en su programa de partido del 28 de agosto de 2016.

Subyacente a la posición del PPD, por supuesto, es el temor que la alternativa de la libre asociación pone en juego la ciudadanía americana y pone en precario la continuación de su franquicia política. Ese temor es uno fundado, en tanto que nuestra ciudadanía americana es de naturaleza estatutaria (Ley Jones, 1917) y va unida a la soberanía de Estados Unidos sobre Puerto Rico. No cesa de sorprenderme como personas inteligentes aspiren a conservar la ciudadanía de una país al cual no quieren pertenecer. Un Puerto Rico bajo la libre asociación/independencia excluye la continuidad de la ciudadanía americana, como exponen los informes presidenciales de Bush (2008) y Obama (2013), el caso reciente de Tuaua v U.S., y los memorandos de derecho preparados por el Departamento de Justicia para dicho caso. Las posiciones políticas tienen consecuencias.

No obstante el fracaso histórico del PPD de entender las subyacentes razones estructurales de nuestra crisis económica y fiscal, y de las implicaciones legales y políticas de Pueblo v. Sánchez Valle (2016) y Promesa, el entrante secretario de Justicia Jefferson Sessions y el Departamento de Justicia federal deben endosar sin cortapisas las definiciones de status incluidas en la papeleta para el plebiscito del 11 de junio de 2017. Luego de 119 años es tiempo de decidir.