Durante las visitas realizadas a diferentes puntos de la Isla como parte del esfuerzo para establecer un plan de trabajo que respondiera a las necesidades de lo que comúnmente algunos analistas y políticos identifican como “el ciudadano de a pie,” surgían siempre del público general quejas y peticiones que se replicaban constantemente. Una de ellas, la llamada “permisología”… o como lo describió de manera pintoresca (y acertada) un caballero en aquel entonces: “la pesadilla esa de los permisos.”

Al analizar las razones para el estancamiento económico que viene sufriendo la Isla durante los pasados años, además del dramático decrecimiento en población y otras variables, resalta que según el Informe de Competitividad Global del Banco Mundial para el periodo 2014-2015, de un total de 144 jurisdicciones, Puerto Rico ocupa la posición número 57 en relación a la cantidad de procedimientos para establecer un negocio y el 138 en torno a la reglamentación gubernamental. Ello, en conjunto con los costos de energía, las deficiencias en la captación y distribución de agua y que aún no estamos en una posición óptima en cuanto a la capacidad de infraestructura de comunicaciones, puede frustrar cualquier intento de hacer negocios en la Isla, incluso antes de comenzar a gestionar los permisos necesarios para desarrollar una idea. Lo anterior es cierto para cualquier inversor, ciudadano o extranjero.

Tal y como propuso en su plan de trabajo el hoy gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, utilizaremos la tecnología como principal herramienta al momento de transformar los procesos gubernamentales. La modernización y eficiencia del proceso de obtención de permisos necesarios para desarrollar actividad económica son una prioridad para quienes queremos reducir significativamente la complejidad y los costos en dicho renglón. Una misma (y única) plataforma digital para la radicación de toda solicitud requerida, tanto en nuestros municipios autónomos como en el gobierno estatal, es esencial para garantizar la agilidad, transparencia y fiscalización de tan importantes, pero actualmente tortuosos, procesos.

Entre los principales cambios que incluye la Reforma de Permisos se encuentra, por ser esencial para la simplificación de procesos, la creación de un Sistema Unificado de Información, capaz de integrar y agilizar el acceso y cumplimiento con las regulaciones establecidas en “una sola parada.” Esta alternativa fortalece, además, la necesaria y prometida transparencia gubernamental al colocar a la disposición del público general toda solicitud, indistintamente sea municipal o estatal. Se propone, de igual forma, consolidar los trámites que con tanta dificultad cumple quien es responsable al momento de reconstruir, remodelar y hasta demoler estructuras existentes; igual para quienes cortan, podan o trasplantan vegetación.

Existe consenso en torno a que será necesario que el llamado Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos se atempere y sea implantado para todo Puerto Rico. Lo que también nos mueve a transferir entonces a la Junta de Planificación la autoridad para resolver las querellas que al presente son elevadas a la Oficina de Gerencia de Permisos. Las estructuras gubernamentales que tradicionalmente trabajan este tema han encontrado con este proyecto el insumo y respaldo de los sectores que por ella podrían verse impactados de una u otra forma.

Nos alegra conocer que esa misma capacidad de diálogo y apertura permea en aquellas que se desarrollan en asuntos energéticos y contributivos; también esenciales a la hora de decir, sin temor a equivocarnos, que Puerto Rico está verdaderamente abierto para hacer negocios. Una apertura que, garantizando el desarrollo socioeconómico de nuestro pueblo, protege y valora sus más preciados y atractivos recursos: nuestra gente y nuestro ambiente, respectivamente. Va quedando claro que el plan es acertado y que la ruta, correcta. Puerto Rico se levanta.