El gobernador Ricardo Rosselló Nevares explicó hoy que la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, solo percibirá un sueldo en su calidad de oficial de reestructuración de la agencia, por lo que no tendrá duplicidad de remuneraciones.

En declaraciones escritas, se precisó que “el Departamento de Educación se ahorrará el sueldo de su secretaria al contratar a la doctora Julia Keleher con más responsabilidades, aprovechando su peritaje, dado lo complicado y lo que representa la agencia a nivel presupuestario”.

Rosselló Nevares indicó que Keleher “puede hacer las dos labores a la vez, y por eso se reclutó. Se acabó el duplicar funciones. Si tenemos una funcionaria con la experiencia para atender ambos asuntos, no hay necesidad de contratar más personas”.

Asimismo, apuntó que “Puerto Rico vive tiempos de grandes retos, donde se hace imperativa una transformación fundamental en la estructura del gobierno. Esta administración tiene como encomienda la tarea de hacer una reingeniería que se atempere a los tiempos modernos”.

Y añadió que por eso se ha designado “a la doctora Keleher como principal oficial de transformación e innovación de educación del gobierno de Puerto Rico”.

“En esta función -remarcó- será responsabilidad de la doctora trabajar el plan fiscal del Departamento de Educación como parte del equipo de la Autoridad para el Asesoramiento Financiero y Agente Fiscal (Aafaf) y asegurar su cumplimiento con la Ley Promesa”.

Rosselló Nevares informó que la designación va de la mano a las funciones de Keleher como secretaria de Educación y “de ninguna manera representa un conflicto en sus labores. Por el contrario, la secretaria desempeñará ambas funciones, aunque no devengará un sueldo del Departamento de Educación”.

A continuación, señaló que “el área de Educación es una de las más complejas en el proceso de elaboración e implementación del plan fiscal por su particularidad organizacional y estructural. La doctora Keleher se une a un equipo muy experimentado de asesores como Rothschild, Dentons y Conway Mackenzie con el objetivo de que Puerto Rico cuente con el mejor plan para salir de la crisis”.

El primer ejecutivo recalcó que “en el pasado esto no podía ejecutarse de esta manera; hoy lo hacemos porque tenemos el recurso adecuado y le corresponderá a ella, además de sus funciones como secretaria, elaborar una modernización adecuada del Departamento que cumpla con los parámetros de la Junta de Supervisión Fiscal y a su vez vele por el mejor desempeño y aprovechamiento de nuestros niños”.

“Somos conscientes de que nuestro sistema emplea una gran cantidad de recursos, que lamentablemente no se reflejan en el aprovechamiento de nuestros niños que cada año es más deficiente, razón por la cual una transformación es imperativa. Cumplir con ambas funciones será un gran reto, pero la trayectoria de la doctora Keleher en otras jurisdicciones en los Estados ha demostrado su capacidad de lidiar con proyectos de tal magnitud”, concluyó el gobernador.

En relación a la polémica desatada tras la designación -y el paquete de compensación- de la nueva secretaria del departamento de Educación, Julia Keleher, no necesariamente las partes envueltas lograrán llegar a un punto de balance donde conjuguen sus intereses.

Por un lado, los maestros no aprueban la decisión del gobierno en cuanto a dicha compensación, haciendo la salvedad que que no han reivsado el documento o contrato. Por el otro lado, el gobernador Ricardo Rosselló, asegura que el contrato es justo y que no se está violando ley alguna.

Partiendo de la premisa de que como dice el gobernador, no hay una violación de ley, la realidad es que para poder determinar cuál de las posiciones es la correcta hace falta algo muy importante: resultados.

Si el resultado de la labor de la nueva secretaria es positivo, pasado un tiempo razonable, se puede concluir que fue una inversión realizada que rindió frutos.
Y si por el contrario dicho resultado no fue positivo, entonces se convertiría en un gasto y el gobernador deberá remediar de inmediato la situación sustituyendo rápidamente a la secretaria.

Lo importante en este caso es que ambas partes trabajen en conjunto para sanear el departamento de Educación que es el que mayor presupuesto tiene asignado y en el cual estamos seguros de que se pierde dinero de muchas maneras a través de múltiples situaciones, algunas no necesariamente apegadas a la ética.
Los maestros deben ser escuchados y tomados en consideración, pero también comparten la responsabilidad de apoyar cualquier esfuerzo que lleve a lograr el objetivo deseado.

La secretaria debe, por su parte, incluir a los maestros en su proceso de identificación de necesidades, problemas y soluciones porque ellos pueden aportar mucha información sobre el maltrecho sistema de educación público en la Isla.

Es decir, la conjugación de las buenas voluntades deben rendir un resultado positivo en beneficio de los que más pierden en la presente situación del departamento: los niños y jóvenes estudiantes de las escuelas públicas en Puerto Rico.

La funcionaria llega con unos credenciales y un conocimiento personal de las circunstancias del departamento que indican que merecen ser tomadas en consideración.

Sin embargo, hace falta más para lidiar con la problemática heredada de tantos años de descalabro operacional en Educación.

Hace falta la voluntad de todas los componentes del sistema educativo público de ser parte de la solución y no del problema.

De esta forma, si la secretaria Keleher logra enderezar el departamento, será un triunfo de todos.

En ese sentido nuestro llamado es a que ambas partes se concentren en lo que hoy es importante, solucionar el serio problema de la institución para poder proveer la educación adecuada a la que todos tenemos derecho.

Por: Laura M. Quintero y Yaritza Rivera Clemente
>lquintero@elvocero.com  >yrivera@elvocero.com

La secretaria de Educación, Julia Keleher, está cobrando en un lapso de cinco meses $19,000 adicionales a lo que cobraba el anterior secretario de Educación, Rafael Román, durante todo un año. Sin embargo, la postura oficial de La Fortaleza es que la remuneración de Keleher como contratista consiste en un ahorro para el gobierno.

El gobernador Ricardo Rosselló defendió la determinación de su administración de otorgar a la secretaria de Educación un cheque de $20,833 mensuales como contratista de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) para realizar labores de reestructuración en la agencia que dirige.

Rosselló aseguró que como consultora del Departamento de Educación bajo la administración de Alejandro García Padilla, Keleher ya estaba rindiendo servicios que ascendían a $250,000 en contratos. Dijo que antes fungía solo como asesora de cumplimiento y ahora su contrato es de una cantidad menor por realizar más labores.

“Hemos contratado a la secretaria para trabajar en el programa de innovación y modernización en el Departamento de Educación… Lo está haciendo ‘ad honorem’ porque ya tiene ese contrato”, respondió a preguntas de la prensa.

El contrato que tenía Keleher and Associates LLC con el Departamento de Educación desde agosto de 2016 suponía una compensación máxima de $231,000 por 11 meses. El contrato bajo la administración Rosselló asciende a $125,000 por un período de cinco meses.

Para despejar dudas, Rosselló recalcó que Keleher tiene su “apoyo 100%” como secretaria de Educación.

El secretario de la Gobernación, William Villafañe, describió la contratación de Keleher con la Aafaf como “una inversión eficiente que constituye un gasto menor a lo que era anteriormente”.
“Es una medida muy prudente en el sentido de que estamos proveyendo dos en uno: tenemos a la experta, que la trajimos a hacer directamente el trabajo”, mencionó.

Escudados legalmente

El presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres, explicó que lo único que impide la Constitución del Estado Libre Asociado respecto a este tema es “recibir de fuentes públicas más de un salario a la vez”. Sin embargo, opinó que en cierta medida la administración Rosselló está repitiendo “la práctica de sueldo exagerado para determinados funcionarios”, pero bajo un subterfugio.

“No se puede buscar un subterfugio para mejorar una compensación económica a un funcionario, que va mucho más allá de lo que paga este puesto, por vía de este mecanismo”, destacó Torres.

La opinión legal que emitió el Departamento de Justicia evaluó el precedente de una consulta que se hizo a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en el caso de la secretaria de Salud bajo la administración de Alejandro García Padilla, Ana Ríus, contó el asesor legal de La Fortaleza, Alfonso Orona, a EL VOCERO.

“En el caso de los jefes de agencia, la prohibición es que reciban más de una compensación por distintos cargos. Uno puede tener más de un cargo en el gobierno, pero no más de una compensación”, mencionó Orona. El abogado reiteró que al igual que Keleher, Ríus era contratista de otra agencia y a la vez asumió el puesto de secretaria de Salud.

“En ese caso se determinó que no había ninguna prohibición ética, incluso que un jefe de agencia tuviese un contrato u empleo en el gobierno, siempre y cuando no interfiriese con su criterio como jefe de agencia”, defendió Orona. Dijo que la OEG determinó que al gobernador, como autoridad nominadora, le corresponde ejercer ese criterio de si es ético o no.

Por su parte, Torres cuestionó que a Keleher se le otorgue un contrato para desempeñar funciones que le corresponden como parte de deber ministerial como secretaria de Educación, donde “tiene que desarrollar una serie de cambios y transformaciones en ese departamento a tenor con lo que es el plan de esta administración”.
“Se supone que ese es su trabajo y si ese es su trabajo se supone que lo haga por la paga que le corresponde”, destacó.

“Si a ella se le trae para que ocupe la posición de secretaria de Educación, cualquier transformación que sea necesario llevar a cabo dentro de ese departamento cae dentro de lo que serían las responsabilidades de ella como secretaria”, formuló el presidente del Colegio de Abogados.
Desde 2013, Keleher and Associates LLC ha tenido cinco contratos que totalizan $996,000.

Alza su voz el liderato magisterial

Mientras, para el liderato magisterial la contratación de Keleher confirma el desmantelamiento de la agencia y la califican como una bofetada a los maestros.

“La funcionaria cobrará más de $20,000 mensuales ($125,000 por los primeros cinco meses) por unas labores que eran parte de sus funciones ministeriales. Si la secretaria decide mantener este contrato, debe renunciar al cargo público”, dijo Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros. “Es un crudo conflicto de intereses”, sostuvo.

Además, consideró que esta designación es “la culminación de un proceso de desmantelamiento y privatización de la educación pública que lleva más de 20 años y que ahora, con el establecimiento de la Junta de Control Fiscal y un gobierno servil, cobra mayor fuerza y pretende imponerse de manera descarada”.

Del mismo modo, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, exigió ver el contrato de Keleher para conocer si se establecieron metas específicas, si se le contrató a ella, o a su compañía o si incluye viáticos y gastos incidentales.

“Al ser un contrato de seis meses nos preguntamos, ¿qué pasará después de los seis meses? Tan pronto obtengamos copia del contrato, lo enviaremos a nuestros abogados para el análisis correspondiente”, advirtió Díaz.