El nombramiento del juez Neil Gorsuch al Tribunal Supremo de los Estados Unidos a la plaza vacante dejada por el fallecimiento del juez asociado Antonin Scalia, dramatiza el conflicto político institucional entre las tres ramas de gobierno. La preparación académica y el historial de trabajo del juez Gorsuch es ejemplar y reúne todas las cualidades requeridas para ser juez asociado del Tribunal Supremo. Dado su nombramiento por el presidente Trump, la discusión está ahora en el Senado de los Estados Unidos quien tiene la potestad constitucional de dar su consejo y consentimiento a dicho nombramiento. El Senado está compuesto de 100 senadores, 52 Republicanos, 46 Demócratas y 2 independientes (Bernie Sanders y Angus King). El vicepresidente, como presidente del Senado, vota en casos de empate, como ocurrió la semana pasada en el caso del nombramiento de la secretaria de Educación, Betsy DeVos.

El proceso de confirmación se ha complicado porque la regla parlamentaria en el Senado requiere que para que el nombramiento pueda pasar a la consideración del pleno, haya 60 votos a favor. Esta regla fue utilizada por los republicanos en el Senado pasado para impedir que bajara el nombramiento hecho por el entonces presidente Obama del juez Merrick Garland. Al momento de escribir estas palabras, el líder de la mayoría, senador Mitch McConell, ha resistido las invitaciones a dejar sin efecto dicha regla parlamentaria. No hay que olvidar que cuando los demócratas estuvieron en mayoría bajo el liderato del senador Harry Reid en 2012, suspendieron la regla para los nombramientos judiciales de distrito y apelaciones. Más allá de la evidente antipatía de los demócratas a la administración Trump, las expresiones destempladas del presidente Trump contra la judicatura federal en el proceso judicial en curso sobre la orden ejecutiva prohibiendo la entrada temporera a los Estados Unidos de los ciudadanos de siete países en específico, exacerban las diferencias y obstaculizan aún más el proceso de confirmación del juez Gorsuch. Tal es el repudio a estas declaraciones de Trump, que el juez Gorsuch adelantó públicamente que estos ataques a la judicatura eran desmoralizantes. Queda por ver si esta toma de distancia por parte del juez Gorsuch le gana algún favor con algunos senadores demócratas.

En la vorágine política creada por el presidente Trump, la discusión sobre la filosofía judicial del juez Gorsuch y cómo este impacta la composición del Tribunal Supremo, ha quedado relativamente opacada. Al momento el Tribunal Supremo está dividido entre cuatro jueces nombrados por presidentes demócratas y cuatro por presidentes republicanos. Si bien cada juez del Tribunal Supremo tiene sus propias inclinaciones y visiones, una lectura de las opiniones y/o disidencias suscritas por cada uno de ellos a lo largo de los años denotan a grandes rasgos diversas corrientes de interpretación judicial, no necesariamente excluyentes entre sí, que informan sus respectivas posiciones. Una corriente supone una lectura de la Constitución y las leyes que le adscribe el significado ordinario y actual de las palabras y los conceptos, atenuando su aplicación a su uso, entendimiento y valoración en el presente, aquello que Scalia satirizaba como el “Living Constitution”. Si bien la función adjudicativa de un juez es interpretar y aplicar la ley en casos y controversias concretas, por vía de la interpretación es posible adscribirle a un texto un significado que subvierte en mayor o menor grado su significado original. “Traduttore, traditore”, nos advierte el proverbio italiano. Piénsese en este sentido en el desarrollo jurisprudencial del derecho a la intimidad. En las últimas décadas este acercamiento hermenéutico ha sido utilizado con frecuencia por jueces denominados liberales, con miras a ampliar derechos civiles en el campo social y criminal.

Todo lector, todo juez, inevitablemente contextualiza su entendimiento de un texto con todas las ambigüedades, imprecisiones y prejuicios que caracterizan el lenguaje. No todos leemos y entendemos de la misma manera, y la ambigüedad del lenguaje y sus contextos arrojan múltiples interpretaciones en cada lectura. En la literatura la multiplicidad interpretativa es bienvenida como una instancia de la creatividad humana. Para el Derecho esta multiplicidad interpretativa es tóxica, y pone en entredicho la finalidad de las determinaciones judiciales, con sus consabidas consecuencias sociales, económicas y políticas. Es precisamente con miras a domesticar esta diseminación semiótica, y en deferencia a la voluntad democrática según reflejada electoralmente en las ramas ejecutiva y legislativa, que se debe ser cauteloso y restrictivo en el ejercicio de la interpretación. Este acercamiento hermenéutico, mal llamado “originalista”, se identifica de ordinario con jueces denominados conservadores (Scalia, Thomas), quienes buscan ampliar los derechos de los individuos como propietarios frente a un Estado interventor.

Estas aproximaciones interpretativas y las controversias que provocan quedan bien ilustradas, a modo de ejemplo, cuando escuchamos a un departamento de Justicia federal alegar frente al Noveno Circuito que las acciones del Presidente en materia de seguridad nacional no son revisables por los tribunales. La controversia en el Senado sobre la confirmación del Juez Gorsuch es, en el fondo, una pugna política por el control del poder para interpretar la Constitución.