La Universidad de Puerto Rico (UPR) tiene un presupuesto consolidado de alrededor de $1,500 millones. Con un déficit de $1,600 millones -de acuerdo al estado financiero auditado de 2015- la UPR está en quiebra. En una isla con una extensión de terreno de 35 millas de ancho por 100 millas de largo, se ubican 11 recintos de la institución. Muchos de ellos a distancias de menos de media hora entre sí por automóvil. La mayor parte, con estructuras administrativas y académicas iguales y programas duplicados. Ante esta situación la UPR solamente gradúa de bachillerato en seis años un por ciento menor del 50 % de los estudiantes.

El deterioro institucional evidenciado dramáticamente durante la pasada administración de Alejandro García Padilla (AGP), por el despilfarro, la corrupción en la otorgación de las becas presidenciales, y la destitución de toda la cúpula directiva universitaria -hecho nunca antes ocurrido en nuestra historia- le ha causado perder prestigio al punto de encontrarse muy rezagada entre universidades del mundo. Ante este triste cuadro es necesario que la Universidad enfrente un verdadero proceso de reorganización y reestructuración, que han rehusado internamente llevar a cabo.

Recordemos que la pasada administración de AGP -de la cual la actual administración separatista de la UPR es parte- uniéndose a los cánticos de politiqueros locales, mediante certificación de su Junta de Gobierno, determinó oponerse a la legislación federal Promesa que crearía la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). A esos fines el expresidente, Uroyoán Walker, por instrucciones de Fortaleza viajó a Washington DC para junto a un grupo de estudiantes -con gastos pagos por la Universidad- oponerse a esta por puras consideraciones ideológicas.

A su regreso, el 18 de abril, Uroyoán decretó un receso académico para llevar a cabo -por profesores separatistas- un ciclo de charlas de supuesta orientación (adoctrinación) para desde la oficina del presidente y de los once recintos “oponerse tenazmente a la imposición de una JSF, porque representaría una estocada a la autonomía universitaria”.

Convertida en ley Promesa y nombrada la JSF -luego de corroborar la quiebra institucional- esta calificó a la UPR junto a otras corporaciones públicas como insolvente. A los fines de subsanar esa situación, dicha junta recomendó a la institución hacer recortes de costos operacionales por $300 millones para el año fiscal 2019-2020.

A pesar de la presente administración interina de la UPR reclamar autonomía para no presentar un informe de transición al nuevo gobierno entrante, finalmente la presidenta interina, Celeste Freytes -quien es sabido que le responde incondicionalmente a Tony García Padilla- asistió a la vista y presentó un breve e insustancial informe. Recientemente afirmó estar configurando un borrador de informe para someterlo el 31 de marzo sobre el cual “se intercambiaron ideas y se afinaron conceptos camino a la preparación del plan fiscal que cumpla con las expectativas de la JSF”. Se ha adelantado que ese borrador es uno superficial, “self serving”, lleno de generalidades que no intenta llevar a cabo los cambios estructurales que en todos los órdenes requieren las actuales circunstancias de caos institucional. La intención de Freytes era someter el informe para luego, todos los miembros de la actual administración estratégicamente renunciar dejándole a una nueva administración de la UPR las consecuencias de reestructurarla luego de haberla saqueado.

Un grupo de profesores -de la izquierda separatista que controla la institución- ha circulado un documento titulado “Crisis Fiscal, Recortes y la Vida de la UPR” rechazando el borrador que presenta la presidenta interina; requiriendo a su vez la participación activa y urgente de todos los sectores que componen la Universidad, coordinados desde la Junta Universitaria, para análisis y auto crítica del documento. Quienes conocemos la institución sabemos que esto es una estrategia de “análisis para la parálisis “que utilizan todos los que no quieren que se efectúen cambios.

Los grupos de revoltosos de siempre -instigados por los lacayos de los García Padilla- ya comenzaron las amenazas con asambleas, paros y huelgas. Ante este escenario urdido para crearle problemas a la actual administración de Rosselló, la presidenta interina Freytes y toda la cúpula administrativa -como se anticipaba- renunció el pasado jueves.

La UPR necesita urgentemente reestructurarse totalmente y esto habrá de ocurrir por iniciativa de una nueva administración universitaria o por la JSF, ya que los renunciantes nunca tuvieron la intención de hacerlo.

A los grupos que han comenzado a tratar de crear caos, mi consejo es que desistan. Con ello lograrán que les cierren la institución, nadie cobre, se pierda la acreditación, adiós a los fondos federales, Becas Pell y a la UPR. ¡No se tiren que esta vez sí que está llanito!