Pese a que los recintos de Mayagüez y Ponce de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobaron un cese de labores en dichas unidades educativas luego de una asamblea estudiantil, un grupo de universitarios de la UPR, recinto de Río Piedras, se expresaron hoy en contra de dicha medida como acción de protesta por el recorte presupuestario de $300 millones propuesto por la Junta de Control Fiscal federal al gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

En nombre de la Coalición Universitaria por el Progreso (CPUP), el estudiante Edwin Rivera, de la facultad de Administración de Empresas, expresó que si se paralizan las labores universitarias están poniendo “en bandeja de plata” la UPR “para que la Junta de Control Fiscal tome control financiero sobre ella”.

“No podemos dejar de hacer énfasis real de que la Junta de Control Fiscal tome dinero directo de las finanzas de la institución de concretar su cierre de la universidad”, dijo Rivera.

Abundó que este escenario casi sale con la “salida repentina y desafortunada” de sus principales oficiales, esto en referencia a la salida de ocho rectores de recintos de la UPR y la presidenta interina, Celeste Freytes.

De igual forma, el estudiante Brian Díaz, estudiante de sociología, hizo un llamado a los estudiantes y personal docente para que “den pie de lucha” y hagan “fuerza común”.

“Hay que dejar a un lado toda política partidista. Necesitamos hacer causa común para esto. Nuestro mecanismo de reclamo tiene que estar a la altura de los tiempos en que vivimos. Nuestro mecanismo de reclamo tiene que estar a la altura de la institución que representamos. Tiene que ser un diálogo ininterrumpido”, abundó Díaz.

“La universidad tiene que seguir operando. No puede parar. Tiene que seguir abierta. Un voto a la huelga es un voto a la Junta de Control Fiscal. Un voto a la huelga es un voto a la posible desacreditación de la universidad. Un voto a la huelga es un voto posible a la pérdida de fondos”, agregó Díaz.

A preguntas de EL VOCERO, sobre que opinaban sobre las declaraciones del secretario de la Gobernación, licenciado William Villafañe, quien aseguró que la Junta de Gobierno de la UPR no ha cumplido con la responsabilidad de presentar el plan fiscal de la institución, Díaz respondió que “hay que tener cuidado sobre eso”.

“No podemos echarle la culpa porque aquí todo el mundo es responsable”, dijo Díaz, quien agregó que no tenía conocimiento del comunicado, pero que no es momento de echar culpa.

“No es momento de decir quien es culpable y no. Hay que hacer fuerza común. Hay que dar un paso firme y hay que comprometernos con la universidad que es de todos”, puntualizó Díaz.

En declaraciones escritas, Villafañe reiteró que “la administración Rosselló Nevares respeta el principio de la autonomía universitaria que las autoridades de la Universidad de Puerto Rico (UPR) han reclamado durante décadas”.

“El pueblo de Puerto Rico, que paga las contribuciones con las que opera la UPR, debe saber que la administración de la Universidad, entiéndase la presidencia, rectores y la propia Junta de Gobierno, han incumplido con su responsabilidad de presentar un Plan Fiscal que evite poner en manos de la Junta de Supervisión Fiscal el futuro de la institución. Tienen la oportunidad de fijar mecanismos que minimicen el impacto fiscal y protejan áreas esenciales. No se trata de meramente cortar, requiere aplicar sus capacidades para producir una Universidad mucho más eficiente, que no despilfarre tanto dinero”, sostuvo el secretario de la Gobernación.

El licenciado Villafañe explicó que “si los administradores de la Universidad no cumplen con su responsabilidad de presentar el Plan Fiscal, estarán afectando la estabilidad de las operaciones universitarias, atentando contra los intereses del estudiantado”.

Asimismo, Gabriela Firpi, estudiante de la Escuela de Derecho, recinto de Río Piedras, precisó que tienen la preocupación en torno al presente y al futuro de la universidad porque, ante todo, son universitarias y universitarios preocupados por la situación actual y el futuro de la institución.

En rueda de prensa, Firpi explicó que los estudiantes han puesto de un lado las diferencias ideológicas para adelantar el propósito común de defender la universidad porque comparten una visión de una universidad accesible y abierta para que futuros estudiantes de diversos trasfondos sociales puedan estudiar en la UPR.

“Compartimos una preocupación por los recortes de $300 millones mencionados e impuestos por la Junta de Control Fiscal, pues como universitarios y universitarias aspiramos a una universidad accesible y abierta”, agregó Firpi.

A preguntas de la prensa sobre unas alegadas declaraciones que hizo el representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal federal, Elías Sánchez, sobre que los recortes a la institución son necesarios, Firpi comentó que “esperamos el próximo miércoles presentar diferentes mociones donde se establezcan comités de negociación con los distintos estudiantes de las facultades de aquí de Río Piedras para ver cuáles otras alternativas pueden existir al respecto”.

“Consideramos que los recortes que quieren imponer los trae la Junta de Control Fiscal”, sentenció Firpi.

Los estudiantes declinaron hacer comentarios sobre la nueva presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, y afirmaron que aun evalúan su participación en la marcha del próximo jueves, 23 de febrero.

La asamblea de estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) aprobó la pasada semana un paro de 24 horas, que incluirá manifestaciones en La Fortaleza, el Capitolio y la Administración Central del primer centro docente de Puerto Rico. Mientras, la comunidad estudiantil de UPR en Ponce decretó un paro efectivo desde el pasado jueves, hasta el 23 de febrero a las 11:59 p.m.