El gobierno de Ricardo Rosselló Nevares someterá hoy los borradores iniciales de los planes fiscales de cinco corporaciones públicas ante a la Junta Federal de Control Fiscal.

Esta movida se da a solo una semana de la fecha límite para que la administración cumpla con la entrega del plan fiscal y en medio de la incertidumbre ocasionada por las renuncias y los paros en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La información confirmada por el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Affaf), Gerardo Portela, establece que la junta tendrá en sus manos los borradores de los planes de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de. Puerto Rico (COSSEC).

“Como parte del esfuerzo colaborativo entre la junta y el gobierno de Puerto Rico, estaremos compartiendo impresiones y comentarios para someter las versiones finales de dichos planes fiscales, junto con el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico, el martes, 28 de febrero”, detalló Portela en declaraciones escritas a El VOCERO.
Asimismo, el gobernador mencionó que las negociaciones con los acreedores están en pausa hasta tanto no se sobrepase la “barrera” de la certificación del plan fiscal. “Hemos podido hablar con los acreedores, pero ciertamente hemos tenido esa barrera hasta presumiblemente el 15 de marzo, que entonces podremos entrar en renegociación”, comentó Rosselló Nevares, lo que supone menos de 50 días previo al fin de la moratoria de litigios.

El gobernador recibió ayer la visita del congresista republicano de Wisconsin, Sean Duffy, quien fue coautor de la ley federal Promesa. Duffy preguntó directamente al gobernador acerca del cumplimiento con la fecha límite de entrega del plan fiscal para el 28 de febrero, según el secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín.
“Le hablé sobre las estrategias del plan fiscal, que estamos estableciendo”, confirmó Rosselló Nevares, al asegurar que pretende establecer comunicación directa con los congresistas sobre las medidas de recorte de gastos impulsadas por su administración.

Cree en aumento de matrícula

Por otro lado, Rosselló Nevares insistió que la UPR debía sustituir los $300 millones al aumentar sus recaudos propios, por ejemplo, en la matrícula a los estudiantes, además de recortar sus gastos. “Los $300 millones que se hablan no tienen que ser recortes, puede ser búsqueda de ingresos. Es parear lo que son los gastos con lo que son los ingresos”, comentó el gobernador sobre la gestión que debe hacer la administración universitaria en cuestión de días.

Al ser abordado sobre la viabilidad de los recortes, el gobernador indicó que “es importante cambiar este discurso”, al considerar no sólo en recortar gastos, sino aumentar sus recaudos con un aumento de matrícula y con contratos con el gobierno. “Si hay estudiantado que puede pagar la matrícula completa, ¿por qué no añadir esa forma?”, cuestionó.

Sobre este particular, el secretario de la Gobernación, William Villafañe, habló en un tono más subido al asegurar que “han incumplido con su responsabilidad de presentar un Plan Fiscal que evite poner en manos de la Junta de Supervisión Fiscal el futuro de la institución”. Asimismo, consideró que “el ajuste requerido por la Junta de Supervisión Fiscal a la administración de la Universidad no es diferente al exigido al resto del Gobierno”.

Choque de cifras

La administración de Rosselló Nevares defenderá un plan fiscal con unas proyecciones económicas distintas a las que estimó la junta, dado a que discrepan con las premisas de que no se puede contar con ningún dinero federal adicional por parte de Medicare y Medicaid.

Así lo expresó a este diario el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, quien indicó que les tocará sostener sus proyecciones económicas ante la junta, las cuales están fundamentadas en premisas distintas con respecto al precipicio fiscal de Medicare y Medicaid, y a los recaudos por concepto del arbitrio a las empresas foráneas.

“No estamos de acuerdo con algunas de las premisas que ellos están esbozando sobre cómo decrece la economía”, comentó Laboy acerca de una contracción de 16.24% en el Producto Nacional Bruto que había estimado la junta para el año fiscal 2018. “Una de las áreas donde existe un contraste es cómo ellos visualizan esa caída en la economía a base de unas premisas que ellos tienen. Nosotros tenemos otras premisas y entendemos que no es cómo lo están planteando ahí”, agregó el secretario.

El equipo fiscal también considera que se debe seguir utilizando como base de ingresos los recaudos del arbitrio a las empresas foráneas, que representa el 20% del presupuesto gubernamental.

Laboy confió que el gobierno pueda probar su caso ante la junta, algo que ya han venido conversando. “Eso lo atiende el plan fiscal. Una vez la junta certifique el plan es que nos pusimos de acuerdo”, mencionó.

Pese a que los estimados preparados a instancias de la junta proyectan un decrecimiento económico de 16.24% para el año fiscal 2018, Laboy consideró como “la única proyección oficial” aquella preparada por la Junta de Planificación, que predice un decrecimiento económico de 2.3% para junio de este año.