El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció esta madrugada la presentación de su plan fiscal, a solo horas de ofrecer su primer mensaje de Estado ante el País.

“Lo prometido es deuda. Firmes en nuestro compromiso con la transparencia gubernamental, comparto el plan fiscal”, escribió el primer ejecutivo en sus redes sociales.

Ayer, Rosselló Nevares exhortó a la Junta Federal de Control Fiscal a que apruebe su plan con un ajuste de $3,800 millones al presupuesto, lo que se queda corto relativo a los recortes que ese organismo esperaba que se hicieran en dos años.

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El plan fiscal que someterá hoy el gobierno de Puerto Rico a la Junta Federal de Control Fiscal contendrá una combinación de medidas de ajuste presupuestario, entre ellas la reducción de beneficios marginales y de días de vacaciones a los empleados públicos, adelantó el gobernador Ricardo Rosselló a periodistas.

Antes de subir al estrado para pronunciar su mensaje de situación al país, el gobernador ofreció a la prensa un adelanto del contenido del plan fiscal, que someterá hoy a la Junta de Control Fiscal con ajuste total (aumento de recaudos y recortes) de $3.8 mil millones en dos años, según números de La Fortaleza.  Esto se diferencia de la meta establecida por la junta, que totalizaba $4.5 mil millones.  “Cuando lo sumamos estamos, sin contar los fondos en salud, $850 millones por debajo”, dijo Rosselló.

Sin embargo, el gobernador solicitó a la junta que apruebe su plan fiscal porque evitarían un “colapso severo en la economía” representado por una contracción de 17%.   “Esto rara vez ha pasado en cualquier parte del mundo”, dijo.

El plan comprende una disminución de gastos y achicamiento gubernamental por alrededor de $1.8 mil millones mediante un ‘attrition’ de 4%, recorte de $400 millones en beneficios marginales de empleados de las corporaciones públicas, recorte de $470 millones mediante la reducción de servicios en un periodo de dos años, eliminación de los $750 millones en subsidios municipales y reducción de $100 millones en incentivos que a juicio del gobierno no producen empleos. Además, se reducirá a 15 días las vacaciones de los empleados públicos igual que la empresa privada, lo que generaría ahorros de entre $150 a $250 millones anuales, aseguró.

“Hemos tomado la decisión como política pública de equiparar los beneficios marginales de la administración central a las corporaciones públicas”, mencionó el gobernador sobre lo que representaría una reducción de hasta $8,000 mensuales para algunos empleados de corporaciones públicas.

La cifra de $1.8 mil millones en reducción gubernamental incluye la reducción de $300 millones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR), así como el cierre de escuelas, el traspaso de éstas a los municipios y la delegación de su gestión administrativa al tercer sector.

Por otro lado, se aumentarán en $500 millones los recaudos obtenidos mediante multas y sellos (con un aumento de precio), dijo el gobernador.  Mientras, aseguró que proyectan generar $600 millones al mejorar la captación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

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