Periodista destacada en La Fortaleza, desde diciembre de 2015.
Impulsar un “nuevo gobierno” más pequeño como ha prometido el gobernador Ricardo Rosselló comprende un recorte total de $1,650 millones para el año fiscal 2019, mediante la privatización de servicios, reducción de agencias, financiación pública y beneficios laborales.
El conjunto de medidas que comprende su visión de “nuevo gobierno” representa un recorte de $17,800 millones en diez años, según el plan fiscal, aunque a esto se agrega una disminución de $2,216 millones en gastos gubernamentales proyectados en los parámetros-base durante el período cubierto por el plan fiscal. Estos estimados son separados de las reducciones dispuestas para el sistema de salud gubernamental ($2,500 millones) y las pensiones de empleados públicos ($600 millones).
El plan fiscal detalla que, al convertir al gobierno en un empleador único junto con la centralización y transferencia de servicios, se producirán reducciones “significativas” en los costos de nómina impulsando mayores tasas de deserción. Se proyecta un índice de salida de empleados públicos (excluyendo a los temporeros) de 2% por año, mientras se reduce en 50% la contratación de temporeros en el año fiscal 2018 y en 20% fijo posterior a eso.
La reducción de beneficios marginales, de días de vacaciones y la tasa de deserción generan estimados de recortes de $400 millones para el año fiscal 2019.
A lo anterior se agregan los recortes a las fórmulas presupuestarias de los municipios ($350 millones), la Universidad de Puerto Rico ($300 millones) y $100 millones en incentivos al sector privado, con lo que el gobierno proyecta reducir sus gastos en $750 millones para el año fiscal 2019.
Pensiones
El representante del gobernador ante la Junta Federal de Control Fiscal, Elías Sánchez, comentó ayer que “en cuestión de meses” se estaría aplicando la reducción en las pensiones, como dispuesto en el plan fiscal y una vez este sea certificado.
El plan dispone de una reducción de entre 6% a 24%, a ser aplicada a aquellas pensiones de má de $2,000 mensuales. Esto supone una reducción de entre $150 a $2,400 mensuales para los jubilados y le producirá al gobierno un ahorro de $60 millones para el año fiscal 2019 y $600 millones acumulados durante el período de diez años.
Sánchez aseguró, sin embargo, que el 86% de los pensionados está siendo protegido de todo tipo de reducción, en referencia a quienes reciben $2,000 mensuales o menos.
Sobre la retención contributiva que se les hará a pensionados que devenguen más de $2,000 mensuales, defendió que “es progresivo”, “son porcientos que se ajustan de renglón a renglón según los ingresos”. El gobernador había expresado que estos se inyectarían en el Sistema de Pensiones para compensar por la pérdida de activos en el sistema.
Salud
En el área de salud, el gobierno estaría reduciendo en $50 millones para el año fiscal 2019, lo que representa $400 millones en diez años, la cobertura médica, al evaluar los servicios que se pueden eliminar sin reducir los beneficiarios. Entre los servicios que podrían ser opcionales, el gobierno ha identificado como potencial de ahorros la cubierta de medicamentos recetados, servicios dentales, cuido de enfermería privada, dispositivos de prótesis, terapias físicas y ocupacionales, optometría, así como servicios de desórdenes del habla, audición e idioma.
Mientras tanto, se buscará reducir los costos de medicamentos, entre otras cosas al obligar la compra de medicamentos genéricos, para un ahorro estimado de $60 millones para el año fiscal 2019.
Alianzas Público Privadas
El gobierno estima ahorros ascendentes a $500 millones para el año fiscal 2019 con la transferencia de servicios al sector privado, así como la consolidación y reducción de agencias. En el plan fiscal se detalla cómo procederán con el programa -descrito como “agresivo”- de privatización de servicios gubernamentales en los primeros dos años fiscales.
En el próximo año fiscal, el gobierno se concentrará en privatizar el mercadeo turístico de Puerto Rico, el transporte marítimo, el cobro de multas que realizan los Centros de Servicios al Conductor (Cesco), concesionarios o monetización de facilidades de estacionamientos, concesionarios y administración de puertos y aeropuertos, así como “servicios educativos” de los cuales no se provee mayor especificación. Mientras, en el año fiscal 2019 se transferirá a empresas privadas el sistema de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), las autopistas y expresos, y los servicios de mantenimiento y otros.
Se calcula que mediante una serie de Alianzas Público Privadas, que han definido como “prioritarias”, se inyectaría entre $4,500 millones y $8,000 millones a la economía.
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