El gobierno de Ricardo Rosselló proyecta radicar legislación para incentivar a las personas que denuncien negocios o individuos que evadan contribuciones. La ley crearía dentro del Departamento de Hacienda una oficina especial, encargada de premiar en metálico a los informantes con una fracción de la ganancia allegada al fisco.

El secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, comentó a este diario que estarán estableciendo una Oficina de Informantes, similar a la del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), en la que “personas que brinden confidencias que resulten en lograr una acción administrativa o judicial que traiga recaudos, se les daría una retribución”. Maldonado comentó que se está trabajando en la estructuración de este proyecto.

Según consta en el plan fiscal, este tipo de estructura la estableció el IRS en 2006. A manera de incentivo, se compensa al informante con un pago de entre el 15% y el 30% del total del dinero recuperado como resultado de la pista ofrecida sobre un caso de evasión contributiva.

Se agrega en el documento que también la Comisión Federal de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ha tenido éxito en la operación de una oficina similar, garantizándole a los informantes, no solo la confidencialidad, sino la compensación de entre el 10% y el 30% del dinero recuperado con su colaboración. En todos los casos, se trata de información tanto sobre individuos como de corporaciones.

Fuentes de ingreso

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Parte del aumento en recaudos consignado en el plan fiscal del gobierno comprende un aumento en el costo de las licencias de vehículos, los seguros de accidentes, las multas de tráfico y otros permisos, con lo que proyectan recaudar $60 millones para el año fiscal 2019 y un total de $500 millones durante un plazo de diez años.

Se trata de un aumento de 10% a las licencias vehiculares, de 5% a los seguros de accidentes, de 10% a las multas de tráfico, permisos, cargos y regalías adicionales.
El gobierno de Rosselló identificó los costos relacionados a los vehículos como una oportunidad para aumentar los ingresos, dado que Puerto Rico ocupa el duodécimo puesto en el mundo con mayor cantidad de vehículos per cápita; esto significa 64 vehículos por cada 100 habitantes.

Se justificó, por ejemplo, que los cargos que cobra la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), para proveer compensación de salud, discapacidad o muerte a víctimas de accidentes, no se han revisado desde 1968.

A este aumento en el costo de licencias, sellos y multas el gobernador se refirió como “una fracción ínfima del total” de $1,470 millones en aumento de recaudos que se proyecta para el año fiscal 2019, centrados primordialmente en la sustitución del arbitrio de 4% a las empresas foráneas y en mejorar la captación de Hacienda.

El arbitrio de 4% será sustituido por una combinación de opciones conforme a lo negociado con las manufactureras. Este ingreso recopilará, según calculan, $1,040 millones para el año fiscal 2019. Las opciones van desde aumentar la contribución sobre ingresos de las empresas hasta aumentar el impuesto sobre las regalías a sus matrices. Mientras, se proyecta un incremento de $370 millones para el año fiscal 2019 por medidas que mejoren la captación del IVU y de las planillas de contribución sobre ingresos.

En aras de mejorar la captación de Hacienda, el gobierno pretende movilizar entre 200 y 300 empleados a ejercer funciones de auditores. Además, imitará programas federales que incentivan las denuncias de evasión contributiva. Los casos estudiados a nivel federal premian a las personas con hasta un 30% de las sanciones o recaudos que se colecten a partir de la investigación de su denuncia.

Piden más tiempo

Al solicitar una enmienda a la ley federal Promesa, para extender la moratoria de litigios hasta el 31 de diciembre de este año, el representante del gobernador ante la Junta Federal de Control Fiscal, Elías Sánchez, explicó ayer que buscan evitar recurrir a una reestructuración judicial de la deuda, lo que han catalogado “como un ‘free fall’ o un Título III de libre caída”.

El interés es “evitar eso y hacerlo de manera ordenada, de manera que incluso el gobierno pueda cumplir con (los) estados financieros auditados 2015 y 2016, para tener un plan fiscal constatado con números reales y tener una negociación con acreedores que sea sobre bases reales”, mencionó Sánchez, quien aseguró que es “la mejor manera” para remediar la crisis fiscal que enfrenta el gobierno.

La junta ya había extendido la moratoria de litigios hasta el 1 de mayo a solicitud del gobierno, pero Sánchez mencionó que el tiempo adicional es necesario para poder llegar a una reestructuración de la deuda mediante negociaciones consensuales de Título VI de la ley Promesa.

El abogado enviará una carta a la junta en la que cual le solicita que haga una petición formal al Congreso de Estados Unidos para enmendar la ley de su creación.
Por otro lado, el equipo fiscal de Rosselló hizo un esfuerzo de identificar ajustes de $400 millones adicionales a los sugeridos por la junta para destinar al servicio a la deuda. La junta había propuesto $800 millones para el pago de la deuda, mientras la administración identificó $1,200 millones.

“Nuevos impuestos”

Por su parte, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, sostuvo que al leer el plan fiscal “hemos encontrado no menos de 30 nuevos impuestos”.

Dijo que las proyecciones de aumento en la economía “son sin base empírica y sin ningún estudio económico”.

Ferrer dijo que Rosselló “debe correr para Papa, porque puede hacer milagros”, al apoyar un señalamiento del senador Eduardo Bhatia, quien recordó que en diciembre la deuda certificada del gobierno era de $67,000 millones y ahora en febrero “la han logrado bajar a $55,000 millones”.