En su mensaje a la Legislatura, el gobernador de Puerto Rico asumió una actitud anticolonialista cuando afirmó que, no solo objeta las recomendaciones de la Junta de Supervisión Fiscal, sino que no las seguirá por ser recomendaciones puramente financieras con efectos sociales perniciosos para los más indigentes, los pensionados y los servidores públicos.

Si la junta retó, el gobernador respondió. El plan del gobernador es no perjudicar a estos sectores que siempre han estado desprotegidos e indefensos por los avatares de los gobiernos coloniales de turno, que son los que han endeudado a todo el conglomerado gubernamental y erosionado en grado superlativo la poca buena imagen, si alguna, que pudiera tener.

Con una combinación que incluye aumentos en los recaudos, recortes en áreas del gobierno que se han tornado improductivas y casi obsoletas, y una partida de fondos federales destinada al área de la salud, el gobernador fue claro en su esbozo de que bajo su administración los pobres de nuestra tierra no serán más pobres. Las medidas que irá implementando durante la marcha son para mitigar estos tiempos de infortunio que nos ha tocado vivir y que la vida misma, en sus múltiples vueltas y sorpresas que da durante nuestra corta y aciaga existencia, puso en sus manos los destinos de un pueblo.

Aunque, esencialmente, su plan es un tanto impreciso y un poco especulativo, su pronunciamiento habla muy bien de su carácter y férrea voluntad para enfrentar una crisis que, por diversas razones, anteriores gobernadores no la enfrentaron como ahora él la enfrenta, evidentemente. Lo que nos recuerda, en su ejecución política, el Simón Bolívar decidido en vencer los recodos imprevistos que, como fantasmas en la noche, aparecen en el devenir histórico de los pueblos: “Quien no aspira a vencer ya está vencido”.

La posición de Ricky Rosselló ante la junta es de manifiesto reto. En cierta medida es una demostración de anticolonialismo como lo hemos visto en el pasado por gobernadores estadistas. A finales de los setenta, Carlos Romero Barceló demandó en el Tribunal Federal a la Marina de Guerra de los Estados Unidos por las múltiples quejas de los viequenses con las prácticas de tiro de esta rama militar en la Isla Nena. De la demanda salió un memorándum de entendimiento donde la Marina se obligó a contribuir al desarrollo económico de Vieques y a establecer un periodo de pesca para los pescadores, entre otros. Por su parte, Pedro Rosselló González se enfrentó en el Congreso de los Estados Unidos a un batallón de senadores que no aceptaban que el gobernador de Puerto Rico pidiera la salida de la Marina. Dramatizó su inflexible postura cuando a quemarropa les endilgó: “Don’t push it.” Luego se supo que en Washington se enteraron que él estuvo dispuesto a hacer desobediencia civil en las playas de la isla municipio.

La Junta de Supervisión Fiscal es la versión civil de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Ambas se impusieron en Puerto Rico por los misteriosos designios de la metrópoli que respondió, en el primer caso, a los intereses del sector militar y, en el segundo caso, al sector financiero. Si como dice el refrán, “quien lo hereda no lo hurta”, no dudo que el gobernador Ricardo Rosselló, como una ecuación de reto y respuesta, siga la línea trazada en la historia y emule para los días de hoy aquellas gestas anticoloniales que son la brújula a seguir. El enfrentamiento entre la junta y el gobernador tal vez termine en los tribunales, pero obligará al Congreso a actuar y eso, de una manera u otra, es ya un proceso de descolonización.