La Junta Colonial – Dos Perspectivas – LCDO. RAMÓN L. ROSARIO CORTÉS Y LCDO. IVÁN RIVERA

La Junta Colonial

El Congreso le impuso una junta a Washington DC porque no es estado y está bajo su jurisdicción directa por ser la capital

28 de enero de 2017, Fajardo Puerto Rico, El Consejo de Administracion y Supervision Financiera de Puerto Rico o Junta de Control Fiscal, creado bajo la Ley Promesa llevo a cabo su cuarta reunion publica en el salon de reuniones de negocios del Hotel El Conquistador en Fajardo. (Josian E. Bruno Gómez / EL VOCERO)

Por: Lcdo. Ramón L. Rosario Cortés
Twitter: @SecAsuntosPR

Hablemos del problema de fondo de esta coyuntura histórica que hoy llamamos “Junta”. Estamos ante otro capítulo de nuestra novela colonial que data de los tiempos de España. Los españoles y los Estados Unidos perpetuaron la colonia bajo distintos regímenes “legales”. En 1898, EE.UU. lo hizo con un gobierno militar y en 1900 bajo la Ley Foraker (presidente nombraba al gobernador).

Luego de la Ley Jones en 1917, la Constitución del ELA en 1952 fue la herramienta que utilizó el Congreso para no reconocer a los ciudadanos americanos de Puerto Rico los derechos que tendrían en un estado. Sánchez Valle y Promesa en 2016 destruyeron el mito de que teníamos la misma autonomía que tiene un estado bajo la Enmienda X de la Constitución federal. Esta disposición impide que el gobierno federal intervenga en asuntos locales de los estados como sería imponerles una junta que les diga qué cobran y en qué gastan.

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El Congreso le impuso una junta a Washington DC porque no es estado y está bajo su jurisdicción directa por ser la capital. La junta de la ciudad de New York fue creada por una legislatura estatal y no por el Congreso. Detroit, que es una ciudad y no un estado, participó de un proceso voluntario de quiebra, lo que no constituye una imposición del Congreso. Nosotros, por ser colonia, tenemos una junta que equivale al régimen de la Ley Foraker. Iván, el repudio del gobernador y el mío a este elemento colonial está en el récord desde el día 1.

Por eso, es importante resolver nuestro problema colonial que permite este tipo de imposición y que nos limita los derechos y la participación en programas federales para incentivar nuestra economía. El 11 de junio de 2017 tendremos la oportunidad de resolver el problema de estatus con las únicas alternativas que reconoce el derecho internacional y la Constitución de los Estados Unidos, a saber, la Estadidad, la Independencia o la Libre Asociación. Resolver este problema impedirá que estemos bajo dictaduras antidemocráticas en 1900, en 2017 o en el futuro.

Por: Lcdo. Iván Rivera
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Ramón, sabes que en el planteamiento sobre la condición colonial del País coincidimos. Para algunos de los ilusos que piensan que pueden atacar la legalidad de la “Junta Colonial” y de la Ley Promesa en los tribunales, les recuerdo que la Corte Suprema de la metrópoli notificó su determinación en el caso de Sánchez Valle en horas previas a la aprobación de dicho estatuto. Eso no es casualidad. Incluso, el récord legislativo de dicha ley está plagado de opiniones de reconocidos constitucionalistas que respaldaron la misma al palio de la “cláusula territorial” de su Constitución. “Pero una cosa es estar colonizado y otra cosa es actuar como colonizado”.

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Mientras el hacha va y viene para que finalmente sea resuelto dicho problema colonial, tenemos que velar por nuestro futuro y el de nuestros hijos. Las que parece serán medidas impositivas de la “Junta”, amigo mío, nos enterrarán en un decrecimiento económico inmediato que podría posteriormente tardar generaciones completas para nuestra recuperación. Pretenden que nuestros estudiantes universitarios más pobres pasen hambre a diario, que nuestros retirados no tengan dinero para comprar sus medicamentos, que nuestras carreteras y vías de tránsito se desboronen y se desmantelen nuestros automóviles o que nuestros empleados públicos tengan que escoger entre almorzar o echarles gasolina a sus carros.

Al gobernador y su equipo administrativo, así como a nuestros legisladores, no les quedará de otra que la desobediencia civil y desacatar toda orden de la “junta de perdición fiscal” que atente contra nuestro futuro y contra los más vulnerables. De aquí al día 11 de junio, Ramón, estaré ahí junto con un grupo de distinguidos defensores de la libre asociación luchando, al igual que tú, por adelantar la descolonización de nuestra patria. Pero, mientras llega la hora de arrancarnos la camisa de fuerza que presupone el colonialismo por la vía que sea posible, tenemos que estar juntos luchando contra las imposiciones coloniales que sean injustas aunque sea sacrificando nuestra libertad. Si el gobernador, en el Lcdo. Ramón L. Rosario Cortés, Secretario de Asuntos de Puerto Rico y Lcdo. Iván Riveramomento indicado, tiene la valentía de desacatar las órdenes de la junta, que sepa que estaré ahí a su lado apoyándolo. De lo contrario, no.

LCDO. RAMÓN L. ROSARIO CORTÉS, SECRETARIO DE ASUNTOS DE PUERTO RICO Y LCDO. IVÁN RIVERA

Poder de la junta traza hoy el camino fiscal

Las medidas más estrictas harán que el gobierno defina en específico los servicios esenciales

 Al cabo de largas e intensas horas de reuniones durante el fin de semana, todo apunta a que la Junta Federal de Control Fiscal anunciará hoy la aprobación de un plan fiscal que regirá el futuro de Puerto Rico, con medidas significativas de ahorros en el gasto público, que –entre otros elementos- harán definir de manera específica los servicios esenciales a los ciudadanos.

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Los asuntos relacionados al control de gasto han sido los de mayor tranque para la junta fiscal y temprano el domingo ya parecía haber una ruta mejor definida en cuanto a las proyecciones económicas (con una caída cercana al 3%) y un aumento en recaudos con alzas en áreas particulares. El ajuste de proyección ocasionó cambios importantes en las demás consideraciones.

El plan provocará que el gobierno finalmente se vea obligado a escrutar aún más lo que no es esencial, en las áreas de servicios puntuales como salud, seguridad y educación, para producir parte de los ahorros requeridos por la junta y que no necesariamente estarían en el entendido de la recomendación.

La aprobación del plan –entre otros factores- permite la event28 de enero de 2017, Fajardo Puerto Rico, El Consejo de Administracion y Supervision Financiera de Puerto Rico o Junta de Control Fiscal,  creado bajo la Ley Promesa llevo a cabo su cuarta reunion publica en el salon de reuniones de negocios del Hotel El Conquistador en Fajardo. En la foto Jose Carrion y al fondo Jose Gonzalez y Ramon Luis Comas. (Josian E. Bruno G—mez / EL VOCERO)

ual presentación del siguiente presupuesto para el nuevo año fiscal que inicia el 1 de julio.

Fuentes de distintas procedencias e intereses, consultadas por EL VOCERO desde el viernes hasta tarde el domingo, confirmaron que los asesores del gobierno y de la junta fiscal sostuvieron amplias reuniones, en un intento de la administración de Ricardo Rosselló para que se le diera paso a la mayor parte de sus propuestas rechazadas, y que –entre otras consideraciones- buscaban evitar la reducción de nómina y jornada laboral en el sector público. Fue así como el sábado presentaron a la junta fiscal otras medidas para evitar el corte de jornada a los trabajadores.

“Los servicios esenciales siguen sin definirse y llegó la hora. A la junta le preocupa porque entienden que hay más áreas donde cortar y no todo en el entorno de la salud, o seguridad, es siempre prioridad. Llegó la definición”, declaró una de las fuentes contactadas.

La junta fiscal se ha mantenido fiel a su línea estricta de ajustes, afirmación que desde la pasada semana tuvo el efecto momentáneo de producir la unión de sectores no necesariamente afines, políticos y privados, en reacción al rechazo del gobierno a medidas de amplio impacto en el corto tiempo y que, según economistas y analistas, exacerbarán todavía más la crisis económica. En el lado político, los acercamientos parecieron resquebrajarse ayer tarde.

Una de las fuentes, con base en Washington, aseguró a este medio que para el sector de los acreedores la gran preocupación está en la línea que parece encaminarse hacia el manejo de la situación fiscal del gobierno mediante el Título III de ajuste de deuda, que permite la Ley Promesa, una suerte de quiebra.

Eso dejaría ciertos créditos mal parados en términos de la recuperación de sus inversiones, con recortes significativos en el repago de sus acreencias. A esto asocian la contratación como asesores legales de la junta fiscal, a la firma Proskauer, a la que pertenece Martin J. Bienenstock, un especialista en reestructuración y quiebras, quien fue el principal redactor de la malograda llamada ley de quiebra criolla bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, con el cual tuvo contratos a través del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) desde 2014. Proskauer tiene contrato con la junta fiscal desde noviembre de 2016.

Con el anuncio que realice hoy la junta por voz de su presidente José Carrión, y con la aprobación de sus otros seis miembros, entre estos cuatro puertorriqueños, podría ser el preámbulo del primer caso del gobierno contra el ente fiscal en los tribunales, al intento de sostener sus entendidos para manejar la situación. Eso dependerá de cuanta presión sienta el gobierno para sostener sus promesas administrativas.

Otra fuente con base en Nueva York, y que ha asesorado al gobierno de Puerto Rico en parte del proceso de los últimos dos años, dijo ayer que “todo ha sido intenso”. Explicó que hasta el último momento pueden ocurrir cambios, pero ve poco probable que no se apruebe otra cosa que no sea el plan de la junta fiscal con algunas de las iniciativas del gobernador Rosselló Nevares, lo cual no necesariamente limará asperezas con el gobierno local.

Vigilantes los acreedores

Por otro lado, entre los bonistas continúan las conversaciones en busca de producir alguna negociación antes del 1 de mayo cuando vence el detente a los litigios contra el Estado Libre Asociado, comúnmente conocido como el “stay”.

El ambiente negociador, según financieros consultados, luce mejor aspectado para grupos de acreedores de las obligaciones generales (GO, por sus siglas en inglés), y en menor grado para los de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), que se paga con el Impuesto de Ventas y Uso (IVU). Posibles acuerdos podrían incluir ofertas de extensión en el pago de deuda y financiamiento extra para operación del gobierno, lo cual debe contar con el aval de la junta fiscal.

En cuanto al temor por la ruta de ajuste de deuda mediante el Título III de Promesa, está claro que levantará una ola de casos legales contra el gobierno, concurrieron las fuentes. En ese escenario, de ser el caso, el camino menos tortuoso les tocaría a los tenedores de deuda garantizada como las obligaciones generales, al poder invocar garantías constitucionales que los colocan en el primer orden de repartición de pagos.

Inviable el Título III

Fuentes consultadas en el gobierno estimaron por separado que la opción del ajuste de deudas resulta incómodo para el gobernador Rosselló Nevares (y así lo ha expresado), ya que prefiere mantener una mejor relación con los acreedores y recuperar la confianza, algo que el Título III impediría. Al mismo tiempo, ese sería un proceso en decisión de la junta fiscal, lo cual dejaría al gobierno de Puerto Rico sin el control sobre negociaciones y cumplimientos con sus haberes.

“El gobierno en una instancia como esa perdería el control presupuestario a mano de un juez republicano, y sin obtener opciones de financiamiento de acreedores”, distinguió una fuente local.

Por el lado político, añadió la fuente, el ajuste de duda en un mecanismo más parecido a una quiebra, con el recorte significativo de deuda, presentaría una cara menos favorable para el apoyo de sectores en Estados Unidos hacia la incorporación de la Isla como un estado más.

En cuanto al impacto del Título III entre los bonistas puertorriqueños, representaría una pérdida mayor de riquezas debido al nivel de los recortes de deuda que se produzcan, y su peso sobe los pensionados y las cooperativas.

CARLOS ANTONIO OTERO, EL VOCERO

Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.

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Posted by on 03/13/2017. Filed under Campaña. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
La Estadidad es una, pero cada cual la aprecia a su manera, por eso a veces parecemos divididos, pero es que somos realmente democráticos.

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