Con el plan fiscal aprobado, La Fortaleza se encamina a presentar un presupuesto “base cero” que por primera vez en la historia del País deberá contar con el aval de un ente externo: la Junta Federal de Control Fiscal.

Ramón Rosario, portavoz de Asuntos Públicos del gobernador, explicó que hay una orden ejecutiva que establece que el presupuesto se hará “base cero”. Es decir, que se construirá paso a paso de acuerdo a las necesidades que existan.

Este presupuesto, según establece la orden ejecutiva, “conlleva revisar anualmente todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades partiendo de cero sin tomar en consideración las asignaciones de años anteriores…Deberán documentar y justificar cada programa que se vaya a incorporar y a nutrir del presupuesto del Gobierno a base del beneficio social y económico de los recursos disponibles”.

Rosario explicó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) son las llamadas a “modelar las necesidades”.“Uno de los parámetros es que al 30 de abril tengan un presupuesto con los ahorros que el plan fiscal esboza”, sentenció. “Obviamente tiene que contemplar las reducciones que ponemos en el plan fiscal”.

Este presupuesto deberá incluir fondos que vendrán de impuestos que aún no han sido aprobados, como el aumento al impuesto a los cigarrillos.
Rosario aseguró que esto no debe impedir la presentación del presupuesto pues, como no entra en vigor hasta el 1 de julio, la aprobación de las medidas impositivas puede esperar.

“Lo que se presenta el 30 de abril es proyectado, pero para el próximo año fiscal. Para el 1 de julio hay varias legislaciones que tienen que ser realidad para esa fecha”, dijo Rosario.
Otra de las medidas incluidas en el plan fiscal es la eliminación de la aportación del fondo general a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios. El presidente de la Junta de Directores del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo, dijo que esta propuesta es una que le gustaría “discutir” con el gobernador Ricardo Rosselló.

Insistió en que esta propuesta, incluida en el plan fiscal, no está “escrita en piedra” y dijo que hay otras sugerencias que han hecho los alcaldes federados para alcanzar los números propuestos.

El plan es que se tasen propiedades que no estén tasadas para producir $426 millones. De este dinero, $350 millones irían a sustituir el subsidio del fondo general y el dinero restante iría al presupuesto.

“Me parece en principio una idea práctica, pero todo depende de cómo va a afectar al contribuyente y eso es lo que tenemos que sentarnos a discutir”, afirmó el alcalde. “Creo que hay unas medidas, y lo manifestó la junta, que van a permitir al gobierno el espacio para que vaya demostrando el producto de sus acciones”.
Rosario, por su parte, dijo que esta parte del plan fue discutida con los alcaldes.

Cambios al proceso presupuestario

Antes de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa por sus siglas en inglés), el presupuesto era presentado por el gobernador de turno y aprobado o rechazado por la Legislatura. Si el presupuesto era enmendado, el gobernador tenía la potestad de hacer vetos de línea, o cambiar algunas partidas. En caso de que no se aprobara, quedaba vigente el del año anterior.

La aprobación de Promesa implica que el gobernador debe someter su presupuesto a la junta y que debe cumplir con el plan fiscal. Es la junta quien primero lo avala. Si no cumple con lo establecido, Promesa incluso permite a la junta desarrollar y someter un presupuesto a la Legislatura.

Pero, si la junta aprueba el presupuesto presentado por el gobernador, la Legislatura lo recibe el y somete a la junta el presupuesto aprobado. Si la junta establece que este presupuesto no cumple con lo establecido, pueden enviar a la Legislatura un aviso de violación y la oportunidad de corregir el documento.

Bajo Promesa, es la junta quien tiene la última palabra en el proceso de desarrollar y aprobar un presupuesto que luego informaría a la Legislatura y al gobernador.