Compromiso con la UPR

Compromiso con la UPR

  • La UPR por Ley recibe 9.6% del presupuesto total del Fondo General de Puerto Rico. Esto cambió en el 2014 cuando la Ley 66 paralizó la fórmula para destinarle menos recursos.

    Mal usó $7.2 Millones con la Tarjeta de Crédito de la UPR – Incluso en botellas de vino de $1,000.00 con fondos públicos; y dejó la UPR con $320 Millones de déficit operacional

  • En el 2012 y 2013, con esa fórmula la UPR recibió $802 millones y $834 millones respectivamente.
  • En el 2014 el PPD, voluntariamente y sin Junta, con la Ley 66 congeló la cantidad que recibía la Universidad y en 3 años le quitaron a la UPR $348 millones de dólares ($124 millones en el 2014, $112 en el 2015 y $112 en el 2016). El PPD le quitó a la UPR $348 millones antes de la Junta.
  • El PPD le quitó a la UPR $348 millones con el voto de su Asamblea Legislativa y sin que existiera una Junta de Supervisión fiscal.
  • ¿Con qué cara vienen los populares a criticar las acciones de la Junta cuando ellos quebraron el Gobierno y le quitaron $348 millones a la UPR y no pagaron $580 millones a Retiro? La crisis y la falta de crédito es culpa de ellos.
  • La realidad de Puerto Rico es otra hoy gracias a las políticas irresponsables de la administración pasada. Gracias a ellos tenemos la Ley Promesa y una Junta que vino a cuadrar la quiebra que ellos provocaron.
  • La UPR utiliza al presente $834 millones de los $9,400 millones que pagan los contribuyentes (solo del fondo general sin contar fondos federales ni otros ingresos).
  • Ante una crisis fiscal, es imposible mantener los empleados públicos y la tarjeta de Salud y al mismo tiempo aportar $13,512 por estudiante todos los años ($834 millones del fondo general que fue asignado a la UPR para el año fiscal corriente dividido entre los 61,723 estudiantes que tiene la UPR).
  • Por eso fue la Junta quien estableció unos parámetros que reducen el subsidio a la UPR del Fondo General (así lo admitió su Director Ejecutivo el 16 de marzo). Las reducciones del fondo general son escalonadas y totalizarán $453 millones para el año fiscal 2021 ($201 millones para el próximo presupuesto, $95 millones para el 2019, $86 millones para el 2020 y $71 millones para el 2021).
  • Tenemos que hacer ajustes y allegar más ingresos en a la UPR para que siga brindando servicios al mismo tiempo que invertimos en educación de los niños, la salud de los pobres y el salario de nuestros empleados públicos.
  • El fondo general invierte al año $4,100 por estudiante en el Departamento de Educación (K-12mo).
  • El fondo general invierte $590 por beneficiario de la Tarjeta de Salud al año ($885 millones del fondo general dividido entre 1,500,000 beneficiarios –sin contar aportaciones federales y otros ingresos).
  • Cada estudiante de la UPR recibe hoy del fondo general en promedio $13,512 al año. Para mantener el sistema de salud, a los niños de educación, a los pensionados y a los empleados públicos tenemos que hacer ajustes en la UPR ante la crisis fiscal heredada.
  • Es importante defender a los más vulnerables con los pocos recursos disponibles. Un pobre no puede buscar más ingresos para tener un plan privado, un empleado público difícilmente puede buscar otro empleo en P.R. si pierde el suyo, un retirado que tiene pensión de menos de $2,000 no tiene forma de buscar otros ingresos, etc.
  • Pero, podemos allegarles más ingresos a la UPR si todos cooperamos.
  • El Gobernador el día de hoy envió una carta a la Junta donde identifica $209 millones para la UPR para el año fiscal 2021 lo que reduce a $244 millones el impacto de lo ordenado por la Junta a la UPR.- $100 millones en los adiestramientos de la Rama Ejecutiva bajo OE 2017-021.- $50 millones en los ahorros del Nuevo Modelo del Sistema de Salud- $25 millones en acuerdos interagenciales con las agencias de la Rama Ejecutiva

    – $30 millones en acuerdos con los municipios

    – $4 millones en ingresos por patentes con la alianza de la UPR y el Fideicomiso de Ciencias y Tecnología.

  • Aquellos que dicen amar tanto la UPR deben identificar fondos para ofrecerle. El Municipio de Bayamón ya contrata a la UPR para servicios al municipio. ¿Qué le ofrecerá el Municipio de San Juan a la UPR? La hermana de Anaudi Hernández fue contratada para dar adiestramientos en San Juan. ¿Por qué Yulín no contrata a la UPR y les da la ayuda que Ricardo Rosselló ya dio? Solo en el 2016, el Muncipio de San Juan le dio sendos contratos a personas privadas (incluyendo a la hermana de Anaudi) por $7.8 millones para servicios de adiestramientos, educación y orientación.  Si quiere tanto a la UPR, ¿le dará esos contratos a la UPR cómo hizo el Gobernador? Esa es la pregunta.
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  • Se le fue el helicóptero

    Mis respetos a los representantes Juan Oscar Morales y Jorge Navarro por este esfuerzo de transparencia que invita a la reflexión

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    Suministrada.

    Por: Lcdo. Iván Rivera

    Facebook.com/DiscusionPuertoRico

    Ramón, todos conocemos el refrán popular “se le fue la guagua”. Dicho refrán se utiliza para repuntar el desaprovechamiento de alguna oportunidad que estuvo patentemente disponible. El ex gobernador Alejandro García Padilla en su incumbencia tuvo varias oportunidades ante sí. Tuvo la oportunidad de realizar las reestructuraciones administrativas para que nuestro gobierno sea más eficaz y eficiente. En el manejo de la deuda externa y el camino para reinsertarnos a los mercados financieros, tuvo la oportunidad de proteger nuestra Constitución y enviar un mensaje claro que dicha pieza legal no es un pedazo de papel con el que se puedan lavar la cara. Pero, la desaprovechó.

    Sobre la corrupción, tuvo la oportunidad de establecer que es el PPD el partido que vela por la transparencia y que es intolerante a la misma. Pero ahí está Anaudi. Como si le hiciera falta la “cherry al sundae”, AGP se ha sumido en una excursión de medios para tratar de explicar lo inexplicable. Saca pecho para decir que él tomó la determinación de comprar un helicóptero porque eso era la decisión más sabia del mundo y que asume toda la responsabilidad de tan noble acción.

    Ante admisión de culpa, relevo de prueba. Preterir los procesos de subastas diseñados para evitar el favoritismo y enriquecimiento de los “amigos del alma” bajo el subterfugio de la herramienta procesal de declaración de “emergencia” presupone una excelente explicación que no dé margen a dudas de que ciertamente se trataba de una emergencia. Las preguntas obligadas son: ¿Es una emergencia un gasto de 8 millones a 60 días de las elecciones para una nave que no tiene los permisos necesarios para operar al día siguiente? ¿Y si tú mismo ordenas, con tu boquita de comer, que se la compren a una compañía a la que ya le habías dado un contrato por medio de una agencia cuyo director le cogió $5 mil prestados a un socio de Anaudi para comprar dos para la Policía? ¿Y si el contrato está siendo investigado desde un año antes por los federales? Creo que al exgobernador se le fue el helicóptero.

    Por: Lcdo. Ramón L. Rosario Cortés

    Twitter: @SecAsuntosPR

    Iván, entiendo tu frustración y esta situación explica muy bien el origen de nuestros males, quiebras y falta de credibilidad en los mercados. Esto son solo $8 millones de los cientos de millones de dólares botados por malas administraciones. Pero, esta vez, como en muchas otras, existe el agravante de que el proceso apunta a evidentes ilegalidades de los funcionarios a los que le confiamos los fondos públicos.

    Me explico. En el 2016, ya culminando su mandato y sin estar corriendo para la reelección, el exgobernador García Padilla dio la orden para comprar por emergencia un helicóptero que nos costó $8 millones y que no se podía utilizar pues no tenía los permisos requeridos para volar y transportar pacientes. Dicho proceso de “emergencia” evitó que se celebrara una subasta formal donde se le compra al mejor postor. Por el contrario, se le compró sin competencia a una entidad que suministró un helicóptero que no podía atender ninguna emergencia porque la nave no tenía los permisos requeridos de las autoridades federales. O sea, el helicóptero que se compró para atender una “emergencia” no ha volado ni para una “trillita de prueba”. Toda esta incoherencia existencial, el exgobernador la explicó en los medios de la forma más bochornosa posible.

    A este asunto se le suma las expresiones de la exsecretaria de Salud, Ana Rius, afirmando sin pudor que sabía que lo hizo mal, que solo seguía instrucciones del exgobernador y que no lo haría si volviera a pasar. Estas irresponsabilidades son las que nos han llevado a tener una Junta de Supervisión Fiscal y una crisis fiscal sin precedentes con $7,600 millones de dólares de déficit. En momentos en los que no se les pagaba a los contribuyentes, a los suplidores ni a los Sistemas de Retiro, se pagaban $8 millones para naves sin utilidad.

    Por eso, tenemos que felicitar a los representantes del Pueblo que desde la Cámara han permitido que nos enteremos de este escándalo. Mis respetos a los representantes Juan Oscar Morales y Jorge Navarro por este esfuerzo de transparencia que invita a la reflexión.

    Lcdo. Ramón L. Rosario Cortés, Secretario de Asuntos de Puerto Rico y Lcdo. Iván Rivera

    LCDO. RAMÓN L. ROSARIO CORTÉS, SECRETARIO DE ASUNTOS DE PUERTO RICO Y LCDO. IVÁN RIVERA

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    La Junta Colonial

    El Congreso le impuso una junta a Washington DC porque no es estado y está bajo su jurisdicción directa por ser la capital

    28 de enero de 2017, Fajardo Puerto Rico, El Consejo de Administracion y Supervision Financiera de Puerto Rico o Junta de Control Fiscal, creado bajo la Ley Promesa llevo a cabo su cuarta reunion publica en el salon de reuniones de negocios del Hotel El Conquistador en Fajardo. (Josian E. Bruno Gómez / EL VOCERO)

    (Josian E. Bruno Gómez / EL VOCERO)

    Por: Lcdo. Ramón L. Rosario Cortés
    Twitter: @SecAsuntosPR

    Hablemos del problema de fondo de esta coyuntura histórica que hoy llamamos “Junta”. Estamos ante otro capítulo de nuestra novela colonial que data de los tiempos de España. Los españoles y los Estados Unidos perpetuaron la colonia bajo distintos regímenes “legales”. En 1898, EE.UU. lo hizo con un gobierno militar y en 1900 bajo la Ley Foraker (presidente nombraba al gobernador).

    Luego de la Ley Jones en 1917, la Constitución del ELA en 1952 fue la herramienta que utilizó el Congreso para no reconocer a los ciudadanos americanos de Puerto Rico los derechos que tendrían en un estado. Sánchez Valle y Promesa en 2016 destruyeron el mito de que teníamos la misma autonomía que tiene un estado bajo la Enmienda X de la Constitución federal. Esta disposición impide que el gobierno federal intervenga en asuntos locales de los estados como sería imponerles una junta que les diga qué cobran y en qué gastan.

    El Congreso le impuso una junta a Washington DC porque no es estado y está bajo su jurisdicción directa por ser la capital. La junta de la ciudad de New York fue creada por una legislatura estatal y no por el Congreso. Detroit, que es una ciudad y no un estado, participó de un proceso voluntario de quiebra, lo que no constituye una imposición del Congreso. Nosotros, por ser colonia, tenemos una junta que equivale al régimen de la Ley Foraker. Iván, el repudio del gobernador y el mío a este elemento colonial está en el récord desde el día 1.

    Por eso, es importante resolver nuestro problema colonial que permite este tipo de imposición y que nos limita los derechos y la participación en programas federales para incentivar nuestra economía. El 11 de junio de 2017 tendremos la oportunidad de resolver el problema de estatus con las únicas alternativas que reconoce el derecho internacional y la Constitución de los Estados Unidos, a saber, la Estadidad, la Independencia o la Libre Asociación. Resolver este problema impedirá que estemos bajo dictaduras antidemocráticas en 1900, en 2017 o en el futuro.

    Por: Lcdo. Iván Rivera
    Facebook.com/DiscusionPuertoRico

    Ramón, sabes que en el planteamiento sobre la condición colonial del País coincidimos. Para algunos de los ilusos que piensan que pueden atacar la legalidad de la “Junta Colonial” y de la Ley Promesa en los tribunales, les recuerdo que la Corte Suprema de la metrópoli notificó su determinación en el caso de Sánchez Valle en horas previas a la aprobación de dicho estatuto. Eso no es casualidad. Incluso, el récord legislativo de dicha ley está plagado de opiniones de reconocidos constitucionalistas que respaldaron la misma al palio de la “cláusula territorial” de su Constitución. “Pero una cosa es estar colonizado y otra cosa es actuar como colonizado”.

    Mientras el hacha va y viene para que finalmente sea resuelto dicho problema colonial, tenemos que velar por nuestro futuro y el de nuestros hijos. Las que parece serán medidas impositivas de la “Junta”, amigo mío, nos enterrarán en un decrecimiento económico inmediato que podría posteriormente tardar generaciones completas para nuestra recuperación. Pretenden que nuestros estudiantes universitarios más pobres pasen hambre a diario, que nuestros retirados no tengan dinero para comprar sus medicamentos, que nuestras carreteras y vías de tránsito se desboronen y se desmantelen nuestros automóviles o que nuestros empleados públicos tengan que escoger entre almorzar o echarles gasolina a sus carros.

    Al gobernador y su equipo administrativo, así como a nuestros legisladores, no les quedará de otra que la desobediencia civil y desacatar toda orden de la “junta de perdición fiscal” que atente contra nuestro futuro y contra los más vulnerables. De aquí al día 11 de junio, Ramón, estaré ahí junto con un grupo de distinguidos defensores de la libre asociación luchando, al igual que tú, por adelantar la descolonización de nuestra patria. Pero, mientras llega la hora de arrancarnos la camisa de fuerza que presupone el colonialismo por la vía que sea posible, tenemos que estar juntos luchando contra las imposiciones coloniales que sean injustas aunque sea sacrificando Lcdo. Ramón L. Rosario Cortés, Secretario de Asuntos de Puerto Rico y Lcdo. Iván Riveranuestra libertad. Si el gobernador, en el momento indicado, tiene la valentía de desacatar las órdenes de la junta, que sepa que estaré ahí a su lado apoyándolo. De lo contrario, no.

    LCDO. RAMÓN L. ROSARIO CORTÉS, SECRETARIO DE ASUNTOS DE PUERTO RICO Y LCDO. IVÁN RIVERA

    Investigarán gasto millonario en oficinas del exterior

    Según la información vertida por el secretario del DDEC, Manuel Laboy, la determinación de cerrar se tomó tras un análisis de los gastos y los resultados de esas oficinas

    12/13/16. San Juan,PR. Entrevista con el recien designado secretario de Desarrollo
Economico, Manuel Laboy Rivera, llevada a cabo en la redaccion de EL VOCERO en Santurce. (Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO)

    El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara, Víctor Parés Otero, anunció que se investigará sobre el gasto millonario que hizo la pasada administración en las oficinas que abrieron fuera de Puerto Rico para atraer inversión y que no produjeron resultados para la economía.

    Parés Otero indicó que ante la resolución 64 presentada el pasado enero, su comisión tiene la facultad de investigar sobre todo asunto relacionado con las prioridades económicas, el intercambio y competencia comercial nacional, interestatal o con otras jurisdicciones fuera de los Estados Unidos.

    “Nuestra comisión va a investigar sobre el proceso seguido y el dinero que se gastó para el establecimiento de esas oficinas en países como Perú, Colombia, Panamá y España. Tras un analisis realizado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), se valida que ese esfuerzo no rindió resultados positivos para nuestra economía, que de lo contrario, siguió en descenso”, sostuvo el legislador.

    Según la información vertida por el secretario del DDEC, Manuel Laboy, la determinación de cerrar se tomó tras un análisis de los gastos y los resultados de esas oficinas.

    Se dio a conocer que actualmente el mantenimiento y operación de esas oficinas tiene un costo anual de más de 2.2 millones.

    “Durante los pasados cuatro años la Isla ha continuado en un estancamiento económico y durante dicho periodo el Gobierno falló en identificar e implementar medidas que detuvieran  este proceso de estancamiento y desaceleramiento. Por lo contrario, tomaron decisiones erradas que impactaron los fondos del gobierno. Es nuestro deber revertir este efecto adverso e implementar medidas para la reconstrucción de Puerto Rico”, manifestó.

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