En los próximos días, se conocerá la suerte de la asignación de fondos federales que recibirá Puerto Rico a partir del primero de octubre para costear el plan de salud del gobierno. En juego está la cubierta de salud que actualmente tienen unas 1.6 millones de personas de escasos recursos económicos. Los recortes propuestos por el presidente Donald Trump en su nuevo programa de salud pública (American Healthcare Act) dejarían a casi 500,000 puertorriqueños sin plan médico este mismo año.

Congresistas de estados como Idaho, Wyoming y Kansas, por mencionar apenas algunos, tomarán decisiones que afectarán la vida de cientos de miles de puertorriqueños sin más contemplación que no sea el mejor interés para sus respectivos estados. Ante este panorama, lo más que podemos hacer es visitar y tocar puertas porque Puerto Rico no tiene voto en las decisiones congresionales debido a su inmoral estatus de colonia.

La desigualdad que vivimos no puede estar más clara que durante este debate sobre los fondos Medicaid. Si tuviéramos dos senadores y cinco representantes, como nos correspondería al ser estado de la unión, no tendríamos que suplicar por ayudas. Tendríamos el derecho, no solo a recibirlas, sino también a exigirlas. El caso del American Healthcare Act es el más reciente ejemplo que sin representación total no podemos desarrollar nuestra economía, no podemos garantizar los servicios de salud a nuestra gente más necesitada y no podemos crear empleos de manera sostenible.

Puerto Rico gasta alrededor de $2,600 millones en la reforma de salud todos los años. De esos dineros, el 55% ($1,430 millones) proviene de fondos asociados al Obamacare. Antes de esas asignaciones, que iniciaron en 2011, la Isla apenas recibía el 20% de los gastos de la reforma. De aprobarse la iniciativa de Trump, Puerto Rico estaría recibiendo unos $375 millones anuales, como mucho, y eso no es suficiente para continuar brindando la salud que nuestra gente necesita.

Podemos ir a cabildear por mayores recursos, podemos exigir la igualdad en fondos, no únicamente en Medicaid, pero también en otros programas como la asistencia nutricional, pero no tenemos el poder político que representa votos en el hemiciclo congresional. Esto es algo que tenemos que cambiar; la suerte de nuestra gente no puede depender de la buena voluntad de algunos senadores o representantes, tiene que estar en nuestras manos y para ello necesitamos la estadidad.
En poco más de dos meses el pueblo de Puerto Rico tendrá la oportunidad en sus manos de alcanzar ese poder político que solo la igualdad nos brinda. El 11 de junio nuestra gente tiene que escoger la única opción que les garantiza la ciudadanía americana, el desarrollo económico sostenible y la igualdad en fondos federales. Esa es la estadidad.

Puerto Rico como estado tendría un poder político sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. Seríamos el primer estado latino; esto representa un reconocimiento a la importancia de nuestra cultura y el folclor puertorriqueño al continuo desarrollo de la nación. Aún más importante, la admisión de la Isla abriría las puertas a una gama de oportunidades para todo nuestro pueblo. Casi de la noche a la mañana la economía local recibiría una inyección de más de $7,000 millones en asignaciones federales para nuevos programas como el Seguro Social Suplementario. Esto estimulará la creación de empleos y fomentará el establecimiento de nuevas empresas. Principalmente, el poder que tendríamos en el Congreso nos ofrece el mecanismo de buscar mayores recursos para asistir en el desarrollo de la gente, estableciendo las bases para un mejor sistema de educación pública, mayor seguridad en las calles y una plataforma económica única en el continente.
Con la estadidad no tenemos que suplicar más migajas: iremos a exigir la igualdad. Eso es lo que está en juego el 11 de junio y por eso necesitamos votar por la estadidad.