WASHINGTON – El Departamento de Justicia federal declinó pronunciarse ayer con respecto a

Los Chavistas Yulinistas Anti-USA han Demostrado son los que Controlan al PPD y han llevado a HFerrer a Declalarse Anti-Estadista=Anti-USA

las cartas que legisladores y exfuncionarios han enviado en apoyo o rechazo al plebiscito del 11 de junio.

Un portavoz de la entidad federal indicó a EL VOCERO que informará oportunamente si es que el secretario de Justicia, Jeff Sessions, decide responder a misivas que defienden y otras que cuestionan la exclusión de la opción del estatus actual de Estado Libre Asociado (ELA).

La carta más reciente la envió el martes la comisionada residente Jenniffer González en la que indica que los puertorriqueños rechazaron el ELA en un plebiscito en 2012 y que la ley pública 113-76, que dio paso a la próxima consulta, busca definir el estatus del territorio bajo la ley federal.

El argumento de que el plebiscito debería incluir un ELA no tiene mérito porque la consulta incluye la propuesta de libre asociación, relación que Estados Unidos estableció con otros tres países del Pacífico, detalló.

Los del PIP más los Libre Asociacionistas controlan al PPD Indeciso Anti-Estadista=Anti-USA que pone en Grave Peligro la Ciudadanía Americana de los PR’s.

González, quien apoya la estadidad, indicó que respalda el plebiscito porque ayuda a resolver el estatus territorial de la Isla, debido a que la fórmula política actual ha originado que los puertorriqueños sean tratados “peor” que el resto de los estadounidenses en el acceso a programas federales.

El estatus actual ha tenido como resultado un “deterioro económico serio y migración masiva, porque los puertorriqueños a nivel individual han votado por estadidad ellos mismos” al salir de la Isla en búsqueda de mejores oportunidades, indicó.

La ley federal de 2014 autoriza $2.5 millones para cubrir los costos de una consulta no vinculante para el Congreso sobre el estatus de Puerto Rico. Una respuesta de Sessions en o antes de este domingo 16 determinará la legalidad del plebiscito de junio.

Una Minoría Decidida Siempre le Gana a Una Mayoría Indecisa

El presidente del Comité de Asignaciones del Senado, Thad Cochran, y siete colegas republicanos indicaron en una carta a Sessions que la exclusión del ELA impide que la consulta cumpla con las normas federales.

Problema colonial

En declaraciones a principios de mes, González explicó que las tres ramas del gobierno de Estados Unidos apuntaron al ELA como el problema colonial de Puerto Rico que debe resolverse y que, por eso, en el 2014 se aprobó una legislación asignando fondos federales con ese propósito.

El PPD debe decir si es Pro o Anti-USA/ Si No Votan: Cómo sustituirá los $23 Billones Plus si Ganan los Independentistas Separatistas LibAsoc. por su culpa

“La colonia es el problema no el remedio. Si celebrar una consulta de estatus y estadidad sin la opción territorial es inconstitucional como dicen en la carta, entonces los 17 estados que celebraron referéndum de admisión sí o no, incluyendo Alaska y Hawaii, entraron de manera inválida”, subrayó.

El listado de cartas y visitas de políticos puertorriqueños a Justicia federal incluye una misiva del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en la que escribió que “no hay nada inconstitucional o ilegal en las alternativas de un ELA soberano. Si es respaldado por la mayoría del pueblo de Puerto Rico, sabemos que determinar si podemos obtener este acuerdo especial con el Congreso de Estados Unidos será una cuestión de voluntad política”.

En otra carta, el exgobernador Rafael Hernández Colon defendió la inclusión del ELA mejorado en la papeleta y destacó que la ley que dio vida al plebiscito viola el derecho internacional y violenta el derecho al voto de los puertorriqueños.

Además, los representantes populares Rafael ‘Tatito’ Hernández, Luis Vega Ramos, Brenda López de Arrarás y Ramón Luis Cruz también le escribieron Sessions señalándole que tiene una “obligación moral” de expresarse, por entender que el plebiscito posee “serios problemas” al excluir el ELA desarrollado y el ELA soberano entre las opciones.

El propio gobernador Ricardo Rosselló se reunió en Washington con Sessions y le entregó toda la documentación de la ley aprobada por su gobierno para su evaluación y liberación de los $2.5 millones aprobados por el Congreso. El secretario de Estado, Luis Rivera Marín, también le escribió al funcionario federal.