Como resultado de la carta del 13 de abril de 2017 del secretario auxiliar interino del Departamento de Justicia federal, Dana Boente, objetando las definiciones de estatus incluidas en la papeleta del plebiscito del 11 de junio, la Asamblea Legislativa la enmendó para incluir como una tercera alternativa al territorio. Ese cambio suscitó que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) anunciara su abstención de participar en el plebiscito bajo un incoherente argumento de indignidad colectiva. Al tiempo de escribir estas líneas, la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) ha decidido recomendar la abstención a su asamblea de delegados, que se celebra hoy, por no incluirse el

HFerrer sigue mintiendo con el ELA como República Bananera Chavista que le controle la Ciudadanía a USA. El ELA es Peor de lo Peor – HFerrer/PPD No han podido definirlo en 62 años – El ELA Soberano es la República Bananera y regresar al Componte, a ser como Haití.

término Estado Libre Asociado, recomendación que probablemente sea acogida. Otros grupos minoritarios también han anunciado su abstención de participar en el plebiscito de estatus.

Además de ser la característica distintiva de la democracia representativa, el ejercicio del voto es piedra angular que legitima nuestro estado de derecho. El argumento clásico va algo así: los seres humanos se organizan en sociedad -ya sea por temor (Hobbes) o para obtener las ventajas que en caso contrario no pudieran obtener (Locke)- y constituyen un Estado para que actúe en su representación para promover la vida, la libertad y la propiedad. En los modelos republicanos de gobierno, ese Estado se fracciona en tres ramas de gobierno con miras a diluir la concentración del poder político (Montesquieu). A través de los procesos electorales se eligen los representantes que habrán de ocupar los cargos políticos hasta la celebración de un próximo proceso electoral.

En cuanto a la celebración de un plebiscito de estatus donde no están en juego puestos electorales, el principio es fundamentalmente el mismo. En este contexto, las normas jurídicas -tanto en su aprobación, ejecución y adjudicación- son la articulación de la voluntad de la mayoría de electores en un momento dado que estamos todos llamados a respetar en aras de un bien común. Estamos obligados a cumplir la ley, sugiere este argumento, porque de alguna manera indirecta nos las autoimpusimos. El cumplimiento con la ley y el estado de derecho es un ejercicio de soberanía individual ratificada por el ejercicio del voto, sea este pensado o no.

Este argumento genérico, por supuesto, es la punta de un témpano de hielo que esconde bajo su superficie toda una serie de premisas filosóficas, intereses económicos y valores políticos que haríamos bien en interrogar: ¿hay tal cosa como un contrato social? Si en efecto nos autoimponemos las leyes, aunque sea de manera indirecta, ¿cómo explicarnos los múltiples casos de injusticia, corrupción y favoritismo que repudiamos? ¿Cómo explicar la oposición que seguramente todos nosotros tenemos a algunas leyes o propuestas legislativas? ¿Qué valor puede tener un voto que se diluye e interpreta a conveniencia por sus participantes? ¿Qué derechos les asisten a las minorías de la tiranía de la mayoría? ¿Es la abstención una manifestación de la voluntad ciudadana y cómo interpretarla? Las preguntas son muchas y serias.

Los procesos electorales son mecanismos políticos que pretenden dirimir las diferencias entre los grupos sociales sin necesidad de llegar al uso de la fuerza y la violencia. Es preciso recordar de manera cautelar que la historia está llena de ejemplos donde los grupos sociales han recurrido a la guerra civil para imponer sus visiones e intereses. En el caso de Puerto Rico, eventos recientes han puesto de manifiesto la insuficiencia de nuestro modelo político, que ponen en entredicho no solamente la idea misma de la democracia representativa, sino la vitalidad de nuestro estado de derecho. Si añadimos a la crisis económica y fiscal del País el caso Sánchez Valle, la ley Promesa y la carta del Departamento de

En esto LMM quizás se equivocó porque hoy su PPD está controlado por Chavistas anti-USA

Justicia federal del 13 de abril de 2017, deberíamos percatarnos de que la naturaleza territorial de Puerto Rico dramatiza nuestra crisis de legitimación y expone las serias limitaciones de nuestra democracia representativa.

Previo a las elecciones generales del pasado 8 de noviembre, todos los partidos y actores aspirantes a cargos públicos reconocían de una manera u otra la necesidad de atender la situación de nuestra subordinación política. Al día de hoy la inmensa mayoría -independientemente de su inclinación política- reconoce que la salida del callejón de nuestra crisis socioeconómica y fiscal implica necesariamente atender el problema del estatus. Es por ello que se hace muy difícil entender el llamado a la abstención.

El verdadero cálculo electoral del PPD, del PIP y algunos otros grupos minoritarios que ahora favorecen la abstención no es solamente detener la estadidad, sino inocularse de una derrota plebiscitaria que los haga políticamente inviables. Bajo la hipótesis de que un número significativo de electores no voten en el plebiscito del 11 de junio, los directivos de estos partidos políticos podrán interpretar el significado de la abstención a su conveniencia y reclamar algún tipo de victoria pírrica de cara a las elecciones de 2020.

El no votar es una forma de votar, y la consecuencia directa e inescapable de esta estrategia es la defensa del “statu quo”. La paradoja inherente al llamado a la abstención electoral en el plebiscito es que termina por favorecer lo que la provoca, el territorio.