Pese a las protestas y reclamos del sector sindical, el gobernador Ricardo Rosselló estampó ayer su firma en el proyecto 938, que crea la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, que reduce significativamente los beneficios de los empleados en las corporaciones públicas, fija nuevos impuestos y autoriza al gobierno a usar dinero del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) para subsanar cualquier deficiencia en el fondo general.

El primer ejecutivo del País, además, informó que también firmó el Proyecto de la Cámara 939, que enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico a los fines de reformar dicho estatuto,

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simplificar su redacción, atemperarlo a otras disposiciones legales y cumplir lo dispuesto en el plan fiscal certificado por la Junta Federal de Control Fiscal.

“Firmé el 938, firmé las enmiendas a la Ley 22 y firmé el 939. Tres proyectos que son iniciativas para poder encaminar nuestro plan fiscal y que nos permite limitar o eliminar lo que sería el despido de 45 mil empleados públicos, la reducción del acceso a la salud a sobre 700 mil puertorriqueños, la eliminación total de los bonos de Navidad, la reducción en la jornada laboral y, por lo tanto, la reducción de 20% del salario de los servidores públicos. Así que sí he firmado esas tres leyes”, dijo Rosselló a preguntas de EL VOCERO.

El proyecto legislativo 938 incluye enmiendas que garantizan la permanencia del plan médico para los empleados de las corporaciones públicas tal y como está por lo menos hasta julio de 2018.

De acuerdo con el documento, la ley “será de duración temporera y su vigencia cesará durante el próximo año fiscal luego de que el gobierno haya logrado un presupuesto balanceado y superado la crisis económica”.

Otra de las enmiendas al proyecto establece que el gobierno podrá utilizar dinero de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) “de manera ocasional y como última alternativa” con una autorización de la Asamblea Legislativa. Este fondo se nutre con dinero del IVU y actualmente se usa para pagar los bonos de Cofina.

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A su vez, la medida exige que la Asociación de Suscripción Conjunta declare $70 millones en dividendos, de los cuales la mitad irá al fondo general. Asimismo, autoriza a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) a negociar cubiertas de seguros para empleados públicos.

Por otro lado, el proyecto 939 busca allegar fondos al fisco mediante un ajuste al monto de las multas que se pagan por infracciones a la Ley de Tránsito. El ajuste al monto de las multas protege al ciudadano cumplidor de la ley, ya que la mayoría de estas enmiendas van dirigidas a modificar la consecuencia de la infracción a las normas de seguridad ya existentes.
También ajusta en un 10% los cargos que se pagan por servicios relacionados con el licenciamiento de vehículos.

La información trascendió ayer en una conferencia que convocó La Fortaleza en horas de la tarde. El primer ejecutivo habló de otros temas, como la situación del plan fiscal de la UPR y la designación del jefe del nuevo Departamento de Seguridad Pública.