La Junta Federal de Control Fiscal radicó ayer una petición ante el Tribunal de Distrito federal, para iniciar un proceso de quiebra, según dispone el Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).

Se trata del proceso de bancarrota más grande en la historia del mercado de bonos municipales de Estados Unidos, dado que abarca una gran parte de los alrededor de $70,000 millones de deuda que tiene el Estado Libre Asociado, que también enfrenta obligaciones por $49,000 millones en sus sistemas de pensiones.

La junta apunta en su petición que “una espiral desoladora ha comenzado”, dadas las condiciones económicas que seguirían impulsando la migración, la reducción en la producción y la baja en la demanda de bienes y servicios. También advierte una mayor contracción económica, en referencia a las medidas de austeridad contenidas en el plan fiscal.

“Puerto Rico ya no puede pagar su deuda y pagar por los servicios gubernamentales… La crisis de Puerto Rico ha llegado a un punto de ruptura”, lee el documento presentado por las firmas de asesoría legal Proskauer Rose LLP y O’Neill & Borges Lee.

La certificación de reestructuración -aprobada por unanimidad por los miembros de la junta- trascendió poco tiempo después de que el gobernador Ricardo Rosselló publicó la solicitud que, a esos fines, le cursó a José Carrión III, presidente del ente federal.

“No podemos permitir que el plan fiscal, que ya estaba establecido, que había sido certificado y tenía una cantidad disponible para los distintos créditos, cambiara y se pusiera en precario los servicios esenciales”, justificó el gobernador, quien durante la campaña electoral había enfatizado en la importancia de pagar la deuda.
Rosselló sostuvo que su cambio de postura respecto a la quiebra, se debe a que no contaba con la información veraz sobre a cuánto ascendía el déficit del gobierno.
Aunque dijo que otras entidades gubernamentales se estarían acogiendo a la quiebra, no precisó cuáles, sino que se estarían decidiendo próximamente.

“Mala fe” de acreedores

El representante del gobernador ante la junta, Elías Sánchez, criticó a los acreedores del gobierno por supuestamente haber demostrado “mala fe” tanto en las negociaciones como en la demanda para reclamar fondos depositados en la cuenta única del Departamento de Hacienda.

Sánchez justificó la demora en iniciar ese proceso en la necesidad de demostrar negociaciones de buena fe y tener un plan fiscal certificado. “La mejor demostración de buena fe la ha dado el gobernador, que hasta el último minuto y aún pasado el vencimiento de la moratoria, continuó la negociación”, defendió el abogado.

La junta aprobó la certificación para solicitar Título III, luego que concibieron que las negociaciones entre el gobierno y los acreedores llegaron a su “punto muerto”, se dijo.

La sección 206 de Promesa requiere no solo que se hayan hecho esfuerzos de negociación de buena fe, sino que el gobierno haya adoptado “los procedimientos necesarios para entregar los estados financieros auditados oportunamente”.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) notificó que no proporcionará sus estados financieros auditados del año fiscal 2016 para la fecha límite del 1 de mayo, ni puede estimar cuándo los podrá completar. Esa había sido una de las críticas más insistentes contra el gobierno de Alejandro García Padilla.

Recorte de pensiones

Aunque no quedó claro qué porción de la deuda se pretende reestructurar judicialmente, la junta sí confesó en su declaración que una de las razones para reclamar el Título III es “lograr reformas de pensiones”, pues el gobierno de Puerto Rico tiene una deuda con los jubilados de $49 mil millones.

“El Título III está especialmente compelido por la necesidad del Estado Libre Asociado de reestructurar $49 mil millones de obligaciones por pensiones, porque el Congreso no autorizó las reestructuraciones de pensiones en el Título VI”, mencionó sobre un tema que se batalló ampliamente entre acreedores y sindicatos previo a la aprobación de la ley federal.

Mientras, la junta y el gobierno se disponen a continuar las negociaciones de buena fe con los acreedores una vez se haga extensiva a Puerto Rico la paralización de litigios. La protección de Título III extiende a Puerto Rico -en su carácter territorial- disposiciones del Código de Quiebras de Estados Unidos como la sección 362, que establece una paralización de litigios automática contra reclamaciones de cobro o embargos de propiedad.