En ruta a la quiebra – Una bancarrota sin precedente – El PPD 99% Responsable Por Medio Siglo Sin Obras

En ruta a la quiebra

La reestructuración judicial abarca deuda tanto de bonos como de los planes de pensiones

3 de mayo de 2017, San Juan Puerto Rico. Rueda de prensa del gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló Nevarez junto al representante del gobierno en la Junta de Supervision Fiscal, Elias Sanchez, para dar detalles sobre la peticion a la Junta a acoger a Puerto Rico a la Ley de Quiebra. (Josian E. Bruno Gómez / EL VOCERO)

>Foto: Josian E. Bruno/EL VOCERO

La Junta Federal de Control Fiscal radicó ayer una petición ante el Tribunal de Distrito federal, para iniciar un proceso de quiebra, según dispone el Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).

Se trata del proceso de bancarrota más grande en la historia del mercado de bonos municipales de Estados Unidos, dado que abarca una gran parte de los alrededor de $70,000 millones de deuda que tiene el Estado Libre Asociado, que también enfrenta obligaciones por $49,000 millones en sus sistemas de pensiones.La imagen puede contener: una o varias personas y texto

La junta apunta en su petición que “una espiral desoladora ha comenzado”, dadas las condiciones económicas que seguirían impulsando la migración, la reducción en la producción y la baja en la demanda de bienes y servicios. También advierte una mayor contracción económica, en referencia a las medidas de austeridad contenidas en el plan fiscal.

“Puerto Rico ya no puede pagar su deuda y pagar por los servicios gubernamentales… La crisis de Puerto Rico ha llegado a un punto de ruptura”, lee el documento presentado por las firmas de asesoría legal Proskauer Rose LLP y O’Neill & Borges Lee.

La certificación de reestructuración -aprobada por unanimidad por los miembros de la junta- trascendió poco tiempo después de que el gobernador Ricardo Rosselló publicó la solicitud que, a esos fines, le cursó a José Carrión III, presidente del ente federal.No hay texto alternativo automático disponible.

“No podemos permitir que el plan fiscal, que ya estaba establecido, que había sido certificado y tenía una cantidad disponible para los distintos créditos, cambiara y se pusiera en precario los servicios esenciales”, justificó el gobernador, quien durante la campaña electoral había enfatizado en la importancia de pagar la deuda.
Rosselló sostuvo que su cambio de postura respecto a la quiebra, se debe a que no contaba con la información veraz sobre a cuánto ascendía el déficit del gobierno.
Aunque dijo que otras entidades gubernamentales se estarían acogiendo a la quiebra, no precisó cuáles, sino que se estarían decidiendo próximamente.No hay texto alternativo automático disponible.

“Mala fe” de acreedores

El representante del gobernador ante la junta, Elías Sánchez, criticó a los acreedores del gobierno por supuestamente haber demostrado “mala fe” tanto en las negociaciones como en la demanda para reclamar fondos depositados en la cuenta única del Departamento de Hacienda.

Sánchez justificó la demora en iniciar ese proceso en la necesidad de demostrar negociaciones de buena fe y tener un plan fiscal certificado. “La mejor demostración de buena fe la ha dado el gobernador, que hasta el último minuto y aún pasado el vencimiento de la moratoria, continuó la negociación”, defendió el abogado.

La junta aprobó la certificación para solicitar Título III, luego que concibieron que las negociaciones entre el gobierno y los acreedores llegaron a su “punto muerto”, se dijo.

La sección 206 de Promesa requiere no solo que se hayan hecho esfuerzos de negociación de buena fe, sino que el gobierno haya adoptado “los procedimientos necesarios para entregar los estados financieros auditados oportunamente”.La imagen puede contener: 5 personas, texto

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) notificó que no proporcionará sus estados financieros auditados del año fiscal 2016 para la fecha límite del 1 de mayo, ni puede estimar cuándo los podrá completar. Esa había sido una de las críticas más insistentes contra el gobierno de Alejandro García Padilla.

Recorte de pensiones

Aunque no quedó claro qué porción de la deuda se pretende reestructurar judicialmente, la junta sí confesó en su declaración que una de las razones para reclamar el Título III es “lograr reformas de pensiones”, pues el gobierno de Puerto Rico tiene una deuda con los jubilados de $49 mil millones.

“El Título III está especialmente compelido por la necesidad del Estado Libre Asociado de reestructurar $49 mil millones de obligaciones por pensiones, porque el Congreso no autorizó las reestructuraciones de pensiones en el Título VI”, mencionó sobre un tema que se batalló ampliamente entre acreedores y sindicatos previo a la aprobación de la ley federal.La imagen puede contener: 1 persona

Mientras, la junta y el gobierno se disponen a continuar las negociaciones de buena fe con los acreedores una vez se haga extensiva a Puerto Rico la paralización de litigios. La protección de Título III extiende a Puerto Rico -en su carácter territorial- disposiciones del Código de Quiebras de Estados Unidos como la sección 362, que establece una paralización de litigios automática contra reclamaciones de cobro o embargos de propiedad.

LAURA M. QUINTERO, EL VOCERO

Periodista destacada en La Fortaleza, desde diciembre de 2015.

Concept For Corruption, Bankruptcy Court, Bail, Crime, Bribing, Fraud, Auction Bidding. Judges or Auctioneer Gavel, Soundboard And Bundle Of Dollar Cash On The Rough Wooden Textured Table Background.Una bancarrota sin precedente

Afirman que, de cuajar, la quiebra gestada por la junta y gobierno tendrá un impacto adverso en el mercado de bonos municipales

>Foto: EL VOCERO/Archivo

Con el pedido al Tribunal Federal para el Distrito de San Juan, para que se maneje la deuda pública de la Isla al amparo del Título III de la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), cambia la narrativa La imagen puede contener: 6 personas, personas de pie y textohistórica y financiera del territorio no incorporado, que se encamina a representar la mayor quiebra registrada en el mercado municipal de bonos y en jurisdicción alguna de Estados Unidos.

La historia isleña, con una deuda de unos $70,000 millones y $1,300 millones en pago anual de principal e intereses (para lo cual apenas hay menos de $800 millones), apuntala el acceso ya cerrado a los mercados de inversión.

La última oportunidad de acceso fue en marzo de 2014, con una cuestionada emisión de $3,500 La imagen puede contener: textomillones en bonos de obligación general (GO´s), entonces en el borde de la categoría especulativa. Esa emisión apenas precisó de 27 meses para confirmar los pronósticos de impago.

Bastó poco más de un día desde que venció el llamado “stay”, o detente al uso de recursos legales contra el gobierno el 1 de mayo, para que se activaran las reclamaciones de cobro con las primeras demandas, tres presentadas en San Juan y las otras en Nueva York.

La atención inmediata de la Junta Federal de Control Fiscal, con su solicitud al tribunal, tal como adelantó ayer EL VOCERO, fue concretar el pedido de quiebra, que dejará en las manos de un juez federal el manejo de los activos del gobierno deLa imagen puede contener: texto Puerto Rico, llámese fondos, ingresos, inmuebles y todo tipo de bien que pueda convertirse en líquido (dinero en efectivo).

Para ello, finalmente se tendrán que definir y aquilatar los servicios esenciales, en específico, para que la distribución manejada por un juez y un síndico no lesione las garantías principalmente de salud, seguridad y educación.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, el gobierno y acreedores de deuda garantizada estuvieron a punto de alcanzar un entendido, pero que una llamada de la junta lo impidió. El gobierno accedió al Título III para evitar las advertencias del ente fiscal, en cuanto a medidas de No hay texto alternativo automático disponible.austeridad más contundentes, supo EL VOCERO.

Ojo al mercado municipal

La decisión del gobierno y la junta pone atención especial en el mercado de inversiones ante el tratamiento que puedan recibir en tribunales instrumentos de inversión de alta estima, como los de obligaciones generales (GO’s) y los de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). Esto puede sentar un precedente que impacte su calidad.

Para Triet Nguyen, director gerencial y Jefe de Crédito de Finanzas Públicas de la firma asesora NewOak en Nueva York, la junta fiscal “nunca” realizó un esfuerzo real para promover las negociaciones por consenso mediante el Título VI de Promesa. “Ninguna de las ofertas hechas por el gobierno a los acreedores de GO’s y Cofina, hasta la fecha, incluyendo la oferta revisada a los tenedores de bonos de GO’s… han sido serias, en nuestra opinión”, analizó Nguyen.

A la pregunta de EL VOCERO, de cómo se tomará este asunto en el mercado, Nguyen cuestionó,

Sila/AAV Multiplicaron la Deuda de Puerto Rico Sin Obras – de $27 Billones a $69 Billones Sin Obras – Los Mayores Por Mucho Culpables del Desastre

“¿cómo pueden los tenedores de bonos creer en la protección constitucional de los Nuevos Bonos Seniors (ofertados por el gobierno a los acreedores), cuando el Estado Libre Asociado no respeta la protección constitucional de los bonos GO’s existentes y el mecanismo de ´lockbox´ para los bonos Cofina?”.

Abundó que si los bonistas hubieran aceptado la oferta inicial del gobierno, con recortes significativos, eso hubiese tenido “un impacto muy negativo en el mercado municipal en general porque habría socavado dos estructuras muy importantes para los tenedores de bonos municipales”, en alusión a los bonos GO’s y Cofina.

Nguyen mencionó que “el mercado sí estará observando los procedimientos legales para ver si la estructura de los GO’s o Cofina, o ambos, será confirmada en la corte”.

La analista del mercado municipal Cate Long, quien dirige un servicio de investigación para tenedores de bonos de Puerto Rico y es excolaboradora en temas de mercado para la agencia Reuters, comentó a este diario que “desafortunadamente, el proceso de Promesa ha sido apresurado y un grupo de miembros voluntarios de la Junta de Supervisión ha intentado dominar un tema muy complejo en un periodo corto”.La imagen puede contener: 10 personas

“El mercado municipal entiende la necesidad de reducir y reestructurar las deudas de Puerto Rico, pero desafortunadamente la junta propone usar un plan fiscal de 38 páginas, con muchos errores de información, para recortar decenas de miles de millones de deuda. Promesa requiere más de la junta fiscal y el mercado municipal estará esperando para ver si la junta proporciona información más precisa y completa”, agregó Long.

La analista distinguió que Promesa requiere que la junta restablezca el acceso al mercado municipal, pero de cara a las eventualidades actuales “hasta ahora eso es improbable”.

El Título III

Según el Título III de Promesa, cuando el deudor es un territorio como Puerto Rico, corresponde al juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos la asignación de un juez de tribunal de distrito paraLa imagen puede contener: 2 personas, texto presidir el caso. Mientras, en el asunto de jurisdicción alterna, “si la Junta de Supervisión así lo determina, a su entera discreción, entonces el fuero apropiado será en el tribunal de distrito de la jurisdicción en la que la Junta de Supervisión mantiene una oficina fuera del territorio”.

Eso coincide con el anuncio de la junta fiscal el martes, de que arrendó una oficina en Nueva York, a un costo de $98,317 por un año, en el Jacob Javits Federal Building.

Cuando se pide el Título III, la ley establece que “las Reglas Federales de Procedimiento de Quiebras aplicarán a un caso bajo este título y a todos los procedimientos civiles derivados de o relacionados con casos a tenor con este título”, pero antes, la junta fiscal debe presentar un plan de ajuste de deuda con la petición al tribunal.
El gobierno actual tampoco ha cumplido con la presentación de estados financieros auditados para el La imagen puede contener: 2 personas, meme y textoaño fiscal 2016, cuya fecha límite de presentación fue el 1 de mayo.

CARLOS ANTONIO OTERO, EL VOCERO

Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.

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Posted by on 05/04/2017. Filed under Campaña. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
La Estadidad es una, pero cada cual la aprecia a su manera, por eso a veces parecemos divididos, pero es que somos realmente democráticos.

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