Con la radicación en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de la anticipada petición de un proceso de bancarrota para el gobierno, Puerto Rico entra en una de las fases más críticas de su historia.
Con ello arranca, a su vez, un periodo decisivo en extremo, porque nos enfrenta a la disyuntiva de simplemente lamentarnos de los síntomas y traumas fiscales que padecemos a causa de nuestras propias irresponsabilidades; o lo aprovechamos como ruptura con un pasado en el que, como norma, el festín de endeudamiento fue activado como fuente de recursos para el “cuadre” presupuestario fácil y amañado.
Por eso, la coyuntura de esta acción judicial solicitada por la Junta Federal de Control Fiscal al amparo del Título III de la ley Promesa, debe concienciar a todos sobre el papel que está llamado a jugar cada sector en el esfuerzo de sacar al País del desastre fiscal, económico y social a que ha sido llevado.
No solo con este paso, inevitable, todas las reglas de juego quedan cambiadas, sino que se sienta el precedente de que Puerto Rico, con una deuda pública global que ronda los $69,000 millones y que arrastra un déficit presupuestario de unos $7,500 millones, se convierte en la primera jurisdicción que, a nivel estatal bajo la cobija de Estados Unidos, se lanza a reestructurar su deuda vía bancarrota.
Pero, por las razones que sean, tras no lograrse soluciones consensuadas en las conversaciones con distintos grupos de bonistas y otros acreedores, esta petición de quiebra hecha por el ente de control fiscal a solicitud del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, crea un escudo protector para que los escasos recursos fiscales disponibles puedan ser destinados a la operación del gobierno y a la cubierta de su nómina; y no al pago sin orden, y sin jerarquía de prioridades, de una parte de la deuda pública.
Varias demandas fueron radicadas, de hecho, desde la medianoche del primer día de mayo, cuando venció el detente (“stay”) establecido bajo la ley Promesa a los pleitos de los acreedores contra el gobierno de la Isla.
De prosperar los pleitos radicados desde el lunes, las exigencias de cobro en estas maltrechas condiciones de las arcas públicas harían muy cuesta arriba proteger el interés público. Y como decía ayer el gobernador Rosselló, la misión es proteger “los mejores intereses” del País, que se traducen en la prestación de los servicios a los que tienen derecho nuestros ciudadanos.
Esta es una protección necesaria, identificada como necesidad urgente desde el cuatrienio pasado, cuando una ofensiva multisectorial de Puerto Rico y su diáspora en Estados Unidos gestionó, sin éxito, en el Congreso el regreso de la Isla al Capítulo 9 del Código de Quiebras federal, del que sin explicación había sido excluida en 1984.
Es de notar que la quiebra solicitada no abarca por ahora toda la deuda, lo que quiere decir que una parte todavía se mantendría en el terreno de la negociación posible que provee el Título VI de Promesa. En este ámbito, la buena fe de las partes es el único combustible efectivo para mover el vehículo de las soluciones.
Resta que el poder judicial estadounidense acoja la solicitud de quiebra y que, como dicta el procedimiento, el juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, designe en su momento a quien fungirá de síndico de este proceso cuando se hayan agotado los trámites de rigor, incluyendo el de la atención de las posibles impugnaciones de los tenedores de deudas.
Urge que el País se enfoque. Que el nuevo camino se construya en un debate responsable, que nos dé luz en la lucha contra la debilidad institucional y contra otros males acumulados, como el favoritismo, la estrechez de mira, la incompetencia gerencial y la corrupción, que han conducido a este colapso gubernamental.
Vencer estos males constituye el mejor empuje a la reconstrucción.
You must be logged in to post a comment Login