La Universidad de Puerto Rico al garete – Padres Deben Acompañar a Estudiantes a Solicitar que la Policía le Abran Paso

La Universidad de Puerto Rico al garete

La inacción, la falta de consecuencias y de medidas disciplinarias ante los actos delictivos de estos vándalos son el estímulo necesario para que repitan impunemente sus actuaciones

2/20/17 Torre de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras. La Coalicion Universitaria por el Progreso (CUP) se expresa en torno a la situacion que afronta el sistema universitario publico donde piden no paralizar las labores de la universidad y dicen que paralizan las labores universitarias es ponerle en bandeja de plata la UPR a que la Junta de Control Fiscal tome control financiero sobre ella. (Eric Rojas / EL VOCERO)

Los incidentes de la noche del pasado jueves 27 de abril, en los que una turba de estudiantes comunistas, socialistas, anarquistas, revoltosos y los profesores que los indoctrinan, estimulan e incitan, entraron por la fuerza a la reunión de la Junta de Gobierno que se llevaba a cabo en el edificio de la Administración Central de la UPR, dejó claramente demostrado que ellos controlan la Universidad de Puerto Rico, particularmente el recinto de Río Piedras. Las imágenes del espectáculo que allí ocurrió fueron estremecedoras y demostrativas de la anarquía, del desorden y el descontrol que reina en la institución.

Ese jueves negro, la presidenta interina, Dra. Nivia Fernández, fue insultada, amenazada, agraviada y aterrorizada por las turbas violentas, al extremo de tener que ser protegida por sentirse amenazada en su integridad física. Esta es la segunda ocasión en que ella ha sido aterrada por turbas universitarias. En las imágenes vimos cómo los miembros de la Junta de Gobierno fueron rodeados e inmovilizados por una cadena de terroristas, delincuentes que les impidieron moverse de sus asientos. Para todos los efectos, los tenían secuestrados. Bajo esas condiciones los intimidaron y forzaron a firmar un documento que contenía una serie de demandas y condiciones irrazonables que ya habían sido consideradas y rechazadas en infinidad de ocasiones por las autoridades de la institución y del gobierno.La imagen puede contener: 7 personas, personas sonriendo, texto

Al firmar ese documento bajo intimidación, los miembros de la Junta de Gobierno cobardemente claudicaron a su función de dirigir la Institución. Al salir de la reunión el presidente de la Junta, Dr. Carlos Pérez, manifestó estar considerando renunciar. Por vergüenza deben todos renunciar a sus puestos. Esa es la opción más adecuada pues ya no hay manera de que, como cuerpo, puedan ser efectivos en la dirección institucional.

Estas demandas -y otras en ocasiones anteriores como cuotas, aumentos en matrícula, etc.- son la excusa para los paros, huelgas y el desorden. La verdadera razón para todo el actual desastre es que la UPR (particularmente el recinto de Río Piedras) ha sido tomada desde hace mucho tiempo por la extrema izquierda como punta de lanza ideológica para crear caos, desestabilizar el gobierno con el fin de alejar la posibilidad de la estadidad para la Isla y llevar a Puerto Rico, mediante una revolución, a constituirse en una república castrista/chavista. Creer lo contrario es estar enajenado de la realidad o tratar de tapar el cielo con la mano.

Al día siguiente, en entrevista radial, la presidenta interina manifestó que, a pesar de las agresiones, amenazas, el vandalismo, el caos y la ingobernabilidad, ella se reafirma en la pusilánime política de no confrontación para no solicitar la presencia de la Policía en la institución. Manifestó que el diálogo sosegado es el recurso que ella prefiere para lidiar con la situación. La presidenta interina demuestra gran ingenuidad e ignorancia. Con estos vándalos, revoltosos e intolerantes entrenados en Cuba y Venezuela, el diálogo no funciona, pues su instrumento para imponer su criterio e ideas es la intimidación y el uso de la fuerza. La actual administración ha cedido la gobernanza y el orden La imagen puede contener: 10 personasinstitucional a los revoltosos con el resultado de que muy probablemente la Universidad habrá de perder la acreditación de la Msche. De esto ocurrir tendrán que cerrarla, o por lo menos aquellas unidades que se mantengan en estas condiciones. Si eso es lo que quieren, pues serán complacidos.

Como síntoma de su cobardía, los directivos de la UPR no habían presentado querella alguna contra los delincuentes manifestantes. El cobarde apego a la pusilánime política de no confrontación les impide tomar acción disciplinaria contra los delincuentes porque eso sería confrontarlos. Pero también es menester reconocer que además de lo anterior, gran parte de los dirigentes -particularmente los actuales rectores- comulgan con las posturas separatistas socialistas de los estudiantes y los estimulan en su agenda. En otras palabras, son cómplices de la actual situación. Recordemos que estos funcionarios son parte de la pasada administración que, capitaneada desde las sombras por Antonio García Padilla, hace tiempo les entregó la institución a los separatistas revolucionarios.

La inacción, la falta de consecuencias y de medidas disciplinarias ante los actos delictivos de estos vándalos son el estímulo necesario para que repitan impunemente sus actuaciones.

A los amables lectores les exhorto a que analicen cómo sería Puerto Rico si cae en manos de estos mal llamados estudiantes universitarios de hoy (pichones de dictadores), pues ellos serían los líderes futuros de la república socialista de Puerto Rico presidida por Carmen Yulín. ¿Es eso lo que quieres para Puerto Rico?

José M. Saldaña

JOSÉ M. SALDAÑA

Ex presidente de la Universidad de Puerto Rico.

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Las protestas políticas que destruyen la Isla en un momento crucial

El mito del Estado Libre Asociado (ELA colonial) es la causa principal de los problemas que afectan a Puerto Rico, pero mientras se buscan soluciones a la crisis fiscal, el Partido Popular Democrático (PPD) se dedica a boicotear el plebiscito y a promover marchas políticas en contra de un plan fiscal coherente para rescatar a Puerto Rico.

Los que protestan por los recortes deben considerar que la crisis afecta todos los sectores, agencias, corporaciones públicas y privadas, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y a toda la ciudadanía, incluyendo las pensiones de miles de retirados y los servicios de salud de las personas de escasos recursos.La imagen puede contener: una o varias personas

En respuesta a los senadores Thomas Tillis y Tom Cotton, que insistían en pagar la deuda primero,  José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), les señaló que enmendar el Plan Fiscal para acomodar pagos mayores a $800 millones anuales para el servicio de la deuda no es posible sin comprometer los objetivos a largo plazo de estabilizar las finanzas públicas para acceder de nuevo a los mercados de capital.

Carrión insistió en que es necesario asegurar que la economía vuelva a crecer. Un aumento en el servicio a la deuda requeriría imponer mayores recortes y recaudos a los que contiene el Plan Fiscal certificado. La JSF peticionó al Congreso que adopte las recomendaciones para el crecimiento económico del Grupo de Trabajo Congresional y que trate a Puerto Rico con mayor equidad respecto a los programas de Medicaid y Medicare.

Las reservas para el pago de pensiones de retiro gubernamental se agotarán este verano. La insuficiencia proyectada de $48 mil millones de los sistemas de retiro obliga a recortar los pagos de pensiones de más de $2,000 de forma progresiva y a asignar $989 millones del fondo general anualmente para sufragar los beneficios de los pensionados por la próxima década.

Tampoco pueden ignorar que los $6.4 mil millones en fondos de (Obamacare) se agotarán a finales del 2017, y que el Congreso solo asignó $296 millones por lo que el Gobierno local tendrá que asumir cerca de $600 millones anuales a partir de enero de 2018 o enfrentar una crisis que afectaría a miles de personas sin cubierta de salud. La imagen puede contener: 2 personas, texto

Para salir del precipicio ha sido necesario usar la vía judicial para lograr reducir el principal como a la mitad del valor total de la deuda. Los bonistas rechazaron las propuestas del gobierno y comenzaron a radicar demandas en la Corte federal; y Puerto Rico, ante los problemas de liquidez e insolvencia, tuvo que acogerse a la protección judicial (quiebra) bajo el Título III de la ley federal PROMESA para resolver la reestructuración de la deuda, mantener servicios esenciales y el pago de nómina y suplidores.

Nos espera un largo litigio aunque los tribunales podrán imponer una reducción del principal. Si se logra reducir la deuda, los ahorros se podrían utilizar para financiar proyectos de infraestructura que propicien crecimiento y desarrollo económico. Ese logro, más los $4.5 mil millones proyectados en el Plan Fiscal para proyectos críticos de infraestructura a través de alianzas público-privadas serán la base para estabilizar nuestras finanzas.

Mientras tanto, el presidente del PPD declaró que “llevan años en una pelea ideológica” internamente. Lejos de unirse para buscar soluciones, celebraron una asamblea para confirmar un boicot plebiscitario ya que su meta es detener la estadidad y salvarse de una derrota en el plebiscito.

El PPD incumplió con los requisitos del Congreso de someter la definición de su fórmula política para que fuera certificada por el Departamento de Justicia federal para  celebrar un plebiscito. Ahora protestan porque se aprobó un proyecto de plebiscito que incluye la estadidad, independencia/libre asociación y el estatus territorial vigente.

Los que promueven las “protestas destructivas”, rehúyen la realidad de la crisis fiscal que afecta la estabilidad económica y el futuro de Puerto Rico. Es hora que dejen a un lado esa estrategia populista y demagógica. Si su propósito es imponer su criterio ideológico, háganlo de frente y sin impedir los esfuerzos para resolver la crisis fiscal.

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Marcha En Contra de los Aumentos y Abusos

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