El silencio desde el Departamento de Justicia federal respecto al plebiscito de estatus provocó que el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) comenzara a discutir la posibilidad de cambiar la fecha de la consulta y moverla para luego del verano.
Pero la posibilidad parece haber perdido impulso luego de una reunión efectuada durante el fin de semana en la cual la plana mayor del PNP decidió mantener la fecha del 11 de junio, con o sin el aval final de Justicia federal.
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En esta consulta los electores podrán votar por la estadidad, el territorio o la independencia/libre asociación. La papeleta original incluía las fórmulas de estadidad e independencia/libre asociación, pero fue impugnada por Justicia federal debido a que excluía el actual estatus territorial.
“No se va a cambiar la fecha. Yo tenía información de que había movimientos a nivel federal que podían cambiar el escenario, pero este sábado (pasado) hubo una reunión entre las personas a cargo del plebiscito, el gobernador (Ricardo Rosselló) se reunió con los presidentes (de Cámara y Senado) y la fecha se mantuvo para el 11 de junio”, dijo Carmelo Ríos, portavoz de la delegación PNP en el Senado.
Reconoció que dentro de la Palma había personas que plantearon mover la fecha en espera de que Justicia federal hiciera expresiones contundentes a favor los cambios realizados a la ley del plebiscito y que se liberaran los $2.5 millones en fondos federales que hay disponibles para la campaña educativa de la consulta, pero “no han contestado y no podemos esperar. Tenemos que echar esto adelante porque hicimos un compromiso”.
Latente el “voto castigo”
Por su parte, el representante penepé Jorge Navarro reconoció que las discusiones han incluido hablar de los eventos que ocurrirán en los próximos meses y que podrían afectar el resultado de la consulta de estatus. Aunque no lo mencionó por nombre, el legislador hizo alusión a la posibilidad de un “voto castigo” por decisiones como el cierre de escuelas públicas anunciado recientemente.
Cabe señalar que en verano también entrará en vigor el nuevo presupuesto, con los recortes que aún no se han dado a conocer, así como las medidas de austeridad impuestas por el gobierno, la Junta Federal de Control Fiscal o por la jueza Laura Taylor Swain, quien presidirá el caso de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley Promesa.
Navarro dijo estar opuesto a que se cambie la fecha de la consulta y aseguró estar listo para que sea el 11 de junio.
“Yo estoy preparado, con los funcionarios listos. Muchos de estos funcionarios trabajaron en las elecciones (generales). Ahora con este revolú del cierre de escuelas en agosto, eso es otro revolú más que vamos a tener”, aseguró Navarro.
“Mi preferencia es que debe ser ya. Mientras más rápido se trabaje esto, mejor”, sostuvo el legislador.
Una fuente de EL VOCERO afirmó que las discusiones que se dieron en la plana mayor del PNP iban dirigidas a determinar si se esperaba por una decisión de Justicia federal. Como parte de esta discusión se tomó en consideración la posibilidad de que esa agencia aprobara el plebiscito según fue enmendado, pero pidiera enmiendas adicionales. El estimado del tiempo que tomaría recibir el dinero federal atrasaba la consulta para finales de agosto.
Otra de las consideraciones, se informó, es el momento en que estarían los resultados de este plebiscito en relación al calendario congresional. Ya para agosto, los congresistas están en el cierre de sesión, muchos en campaña y menos prestos a atender temas que no sean prioritarios ni relevantes a sus distritos.
Atrasar el plebiscito, se informó también, significaría un costo adicional pues implicaría reabrir el registro de electores, lo que significaría cientos de miles de dólares más.
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