La ley del Plebiscito para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico originalmente solo ofrecía alternativas que otorgarían soberanía a través de la Estadidad, o la Independencia con o sin asociación, usando los $2.5 millones de fondos federales aprobados para el proceso. Ante esto, todos los independentistas, encabezados por el senador Juan Dalmau del PIP, el representante Manuel Natal –notoriamente recordado en estos días de huelga universitaria-, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y la candidata independiente, Alexandra Lúgaro, forjaron el llamado Junte Soberanista, calculando que con la suma de votos entre ellos, y la abstención electoral, podrían superar a la Estadidad. Todo parecía que nos dirigíamos hacia la decisión definitiva.

Sin embargo, ante los intensos cabildeos de inmovilismo del PPD, que preside Héctor Ferrer, alegando la inconstitucionalidad de la exclusión del territorio colonial para mantener la segregación hispana y la desigualdad a los ciudadanos americanos de Puerto Rico, el Departamento de Justicia envió una comunicación con recomendaciones para avalar el dinero a usarse en el plebiscito. Entre las recomendaciones estuvo el incluir la opción del “Actual Estatus Territorial.” El liderato popular celebró como nunca. Por fin se declaraba la inferioridad política como un derecho constitucional.

La decisión del PPD, consecuente con su trayectoria histórica, fue la de hacer un boicot al plebiscito. Con menos palabrería y eufemismos que en casos anteriores, la explicación era sencilla: “No iremos a votar.” De esa manera el boicot se estableció como estrategia partidista para obligar a que las cosas se queden como están; indefinición política, ausencia de derechos cónsonos con la ciudadanía americana y falta de soberanía en el territorio. Una acción inaudita que solo nos recuerda la tesis postulada por Albert Memmi en su magistral obra, Retrato del Colonizado.

La historia nos demuestra que los boicots se utilizan para obligar a los gobiernos a reconocer derechos a sus ciudadanos y a que las clases débiles, desprotegidas por el estado, puedan desarrollar una defensa contra las desigualdades que imperan como proyecto o política pública. A finales del siglo XIX, José Celso Barbosa y otros líderes fundaron La Torre del Viejo. Este grupo se dedicó a fomentar y patrocinar a todos los comerciantes criollos y boicotear a los españoles en respuesta a los siglos de colonialismo y ausencia de derechos que padecían los puertorriqueños. Igualmente hicieron los negros en los estados del Sur luego que Rosa Parks rehusara dejarle su asiento a un hombre blanco. Comenzaron un boicot contra el sistema de transporte público de Alabama que lo drenó económicamente. Al final, los negros ganaron.

En Puerto Rico, los que marchan cuando el Partido Nuevo Progresista está gobernando, que gritan sin cesar mientras levantan el puño defendiendo unos supuestos derechos que nunca defendieron estando ellos en el poder, son los que ahora boicotean y sabotearán la consulta plebiscitaria.

El 1 de mayo, durante el “Paro Colonial”, los empleados del PPD y del PIP en la CEE faltaron a sus funciones para irse a marchar. Y cuando la marcha devino en motín y en una industria de delitos, donde encapuchados vandalizaban y destruían propiedad privada y pública, bajaban y quemaban banderas de los Estados Unidos de los edificios públicos, los boicoteadores desaparecieron como si tuvieran cromosomas de fantasma. Lo visto en los medios, las imágenes aterradoras que le dieron la vuelta al mundo, donde estos grupos jugaban a la guerrilla chavista, fue algo inaudito y contrario a nuestra idiosincrasia como pueblo.

Solo faltan 29 días para que los puertorriqueños finalmente votemos para resolver el centenario problema político en Puerto Rico. La patente ausencia de derechos, la desigualdad política, inciden ambos dramáticamente en nuestra vida cotidiana. El 11 de junio votemos todos por la Estadidad, la única que garantiza la igualdad de derechos y de deberes.