El presidente de la Junta Federal de Control Fiscal, José Carrión III, dejó establecido ayer que no negociarán reducciones al recorte exigido a la Universidad de Puerto Rico (UPR) como piden estudiantes, profesores y empleados no docentes, quienes han decretado paros y huelgas en rechazo al plan fiscal.

Carrión III dijo que “en unos días” se reunirá con la administración central de la UPR -presidida interinamente por Nivia Fernández- y posteriormente con los estudiantes, aunque no especificó con cuál grupo de estudiantes se reunirá.

“No vamos a renegociar el plan fiscal. No lo renegociamos con los acreedores ni con ninguna persona que tenga interés en esa índole, porque entendemos que ha sido validado por expertos y economistas”, comentó Carrión III a preguntas de la prensa.

Así las cosas, dijo que tampoco pretenden renegociar la cantidad del recorte al servicio de la deuda durante el período de diez años que establece el plan fiscal del gobierno. El gobierno y la junta identificaron $404 millones disponibles para pagar deuda durante el próximo año fiscal, aunque vence el pago de $3,257 millones de deuda.

Carrión III mencionó que aún no han tomado una decisión respecto a lo que procede tras el rechazo de la Junta de Gobierno de la UPR al plan fiscal de la universidad. “Estamos estudiando todas las alternativas, pero la ley nos exige a nosotros que atendamos a la UPR y su plan fiscal. Estamos trabajando cómo llevar a cabo eso”, contestó. Entonces, insistió: “Esperamos que la universidad cumpla y someta su plan”.

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El también dueño de una compañía de seguros indicó que tanto a él como a los demás miembros de la junta les entristece “grandemente” la paralización de clases que ha ocurrido en la UPR, como respuesta al recorte de $512 millones a la aportación del gobierno para el año fiscal 2026. La universidad recibirá un recorte total de $1,097 millones en nueve años.

“Nos preocupa que exista un desafío a una orden del tribunal”, mencionó Carrión III sobre la directriz para reabrir los portones, luego de la demanda del Centro Universitario por el Progreso (CUP), entre cuyos miembros se encuentra una contribuyente de la campaña electoral del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Carrión III dijo que aunque reconocen “lo importante que es la UPR para nuestro pueblo, es una dependencia del Estado y una instrumentalidad cubierta bajo la Ley Promesa, por lo tanto tarde o temprano tendrán que rendir un plan fiscal y ese plan fiscal trazará el futuro de la UPR”.

Responde al reclamo de auditoría

Por otro lado, el presidente de la junta reconoció que mucha gente en Puerto Rico comparte la preocupación de auditar la deuda, para evaluar si está inflada o ha sido emitida ilegalmente. “Ese tema no debe ser fuente de preocupación para el pueblo de Puerto Rico porque estamos bajo el Título III”, mencionó al asegurar que cualquier litigante puede hacer ese planteamiento ante la jueza Laura Taylor Swain, y ella tendrá que decidir si la deuda cumple con los parámetros establecidos.

Aseguró que la protección del código de quiebra representaba un “beneficio” porque permitía establecer un “proceso ordenado” y “apolítico” para el pago de deuda. Dijo que la determinación del tribunal sobre la deuda evitará que intervengan personas con “una agenda particular”.

A preguntas de su audiencia, dijo desconocer si la junta le iba a plantear a la jueza que se evalúen los parámetros legales de la deuda, pues no habían conversado sobre ese tema.

Agregó que se encontraba confiado al relegar también el estudio de la deuda al contralor general de Estados Unidos, quien “como parte de la ley” tiene que rendir un informe sobre la deuda de Puerto Rico para fin de año. “Comoquiera vamos a tener -de parte de oficiales federales- datos y conclusiones sobre ese tema”, replicó a su audiencia.

A estos los sancionaron tras un largo proceso disciplinario y AGP los premió.

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