El trascendental proceso iniciado ayer en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, mediante el cual se renegocian, bajo el Título III de la ley Promesa, los términos de la multimillonaria deuda del gobierno, no debe ser tomado, por nadie, a la ligera.

El mismo podría tener los atributos para armar el instrumento con el que las finanzas gubernamentales de Puerto Rico tomen el respiro necesario para reorganizarse, apoyadas en los potenciales resultados de la reestructuración de una parte sustancial de los alrededor de $70,000 millones de su deuda.

La voluntad de las partes, es decir, de los bonistas por un lado y de la Junta Federal de Control Fiscal y del gobierno, por la otra, es crucial para que esta ruta de naturaleza contenciosa al final arroje las vías que permitan cumplir en los nuevos términos con los acreedores, sin que se tenga que incurrir en el injusto proceder de agredir más los servicios esenciales que requiere seguir recibiendo, sin alteraciones negativas, nuestra ciudadanía.

En principio, es esperanzador el tono impreso al proceso por la jueza Laura Taylor Swain quien, a la vez que establecía las reglas del juego en lo procesal, resaltaba la necesidad de que todas las partes comprendieran que no pueden permitirse una derrota en este caso. Su persistente creencia de que el País triunfará en este desafío fiscal, la expresó a sabiendas de que la crisis es tan aguda, que Puerto Rico, en estos momentos, no tiene los recursos para pagar a los bonistas ni a los otros acreedores.

Por tanto, la determinación de un proceso ordenado empieza a verse con la decisión de la jueza federal para que, en corte, sean manejados en conjunto la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y la del gobierno central.

El que la jueza Swain haya acogido una moción a esos efectos en la primera vista de ayer, libera al gobierno de un tortuoso, anárquico y oneroso reguero de pleitos legales, del que el pueblo de Puerto Rico terminaría cargando con la peor parte.

Sería así porque los limitados recursos gubernamentales tendrían que ser desviados del financiamiento de los servicios públicos, a costear la batalla con un ejército de acreedores para quienes es un lucrativo negocio este tipo de refriega con un deudor minado por una crisis fiscal.

Por eso adquiere enorme valor la dinámica ordenada que se perfila.

Ello, a su vez, representa un apoyo valioso al ambiente de concertación que necesita el gobierno para manejarse con el acuerdo de reestructuración bajo el Título VI de Promesa, anunciado el lunes último, y que aspira a involucrar por lo menos a un 66% de los acreedores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Hablamos de una corporación pública en proceso de liquidación y cuyas deudas con acreedores y municipios rondan los $7,200 millones.

Como lo hemos exigido antes, en estos momentos reclamamos transparencia. El gobierno, que no ha sido todo lo que el deber exige, tiene que serlo con los números y las gestiones. Tiene que serlo en el litigio bajo el Título III y en el acuerdo bajo el Título VI pendiente de aprobación por la junta y por la jueza federal. Estas circunstancias no exigen ni permiten menos.

El País necesita recuperarse desde la honestidad, para que su reconstrucción sea real y duradera.
Pero, más allá de los dolorosos errores y horrores administrativos que nos han traído aquí, en esta coyuntura enfoquémonos, saquémosle partido a un proceso ordenado y podríamos ver que hay luz al final del túnel.