El exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ramón Orta fue arrestado en la mañana de hoy, miércoles, por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
Así lo confirmó a la cadena radial NotiUno, el oficial de prensa del FBI, Carlos Osorio.
Según se explicó, el arresto se realizó en el hogar del exfuncionario público que perteneció al gabinete del exgobernador Alejandro García Padilla.
Osorio argumentó que «el total de arrestados en este caso son 7, 7 personas por cargos de corrupción», expresó mientras fue entrevistado por NotiUno a la vez que no indago sobre si los demás arrestados fueron o no funcionarios públicos.
Entre los siete arrestados, además de Orta figuran: Miguel Sosa, vinculado con la campaña política de David Bernier, Edgardo Vázquez Morales, Oscar Rodríguez Torres, Irving Riquel Torres, Cecilia Amador López y Juan Carlos Ortíz Nieves.
Según se conoce publicamente, el pasado diciembre 2016, alrededor de 50 agentes del FBI allanaron las oficinas del DRD, sin embargo, en aquel momento se mencionó que se trataba de una investigación que recibía asistencia de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación federal y la Oficina del Contralora.
No obstante, a pesar de estos hechos, Osorio no abordó si el arresto de Orta y los demás implicados está o no relacionado con el allanamiento que se realizó el pasado mes de diciembre y se limitó a decir que a las 11 de la mañana, ofrecerán más detalles en conferencia de prensa.
El exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ramón Orta, presuntamente participó junto a otras seis personas en un esquema de fraude de $10 millones en el Departamento de Educación (DE), por el cual agadamente se echó en su bolsillo $27 mil.
También obtuvo dinero para mejoras en una propiedad y para los juegos Centroamericanos en México y Panamericanos en Canadá, informó la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez.
En el caso también fueron acusados Edgardo Vázquez Morales, Oscar Rodríguez Torres, dueño de Rosso Group; Miguel Sosa Suárez, CPA, contratista y quien trabajó en la campaña del excandidato a la gobernación, David Bernier; Irving Torres Rodríguez, presidente y tesorero de Administrative, Enviromental and Sports Consultants Corp.; Cecilia Amador
Torres, esposa de Torres Rodríguez; y Juan Carlos Ortiz Nieves, creador y propietario de Sports Consultants.
Según la acusación, Orta le otorgó un contrato a Sosa Suárez por servicios profesionales por concepto de consultoría por $45 mil de enero a junio de 2013. Asimismo, el extitular del
DRD otorgó a Torres Rodríguez un contrato de servicios profesionales por consultoría de propuestas por $11,700.
Amador López escribió y sometió propuestas al DE a nombre del DRD. Mientras que Ortiz Nieves recibió aproximadamente $72 mil.
Rossy Group, creada en febrero de 2013 para financiar proyectos otorgados por Orta, recibió $8,767,446.52 en fondos federales como parte del esquema, según la acusación.
Global Sports Initiative, organización sin fines de lucro y promotora de eventos de boxeo, administrada por Sosa Suárez, se utilizó para recibir dinero producido por el esquema. Específicamente, $300 mil de Rosso y $200 mil de Recreación y Deportes.
Mientras que Administrative, Enviromental and Sports Consultants Corp (AESC), corporación con fines de lucro, recibió $554,246.89 como producto del esquema.
La acusación dice que Orta negoció un contrato de arrendamiento con Ortiz Nieves para que el DRD utilizara parte de la propiedad como una instalación deportiva recreativa por cinco años a razón de $14,500 mensuales.
Esta cantidad excedía el precio de $8,500 originalmente propuesta por Ortiz Nieves. Se alega que este último creó Sports Consultant para transferir fondos de la “Sucesión A” para pagar los ‘kickback’ en efectivo a Orta y Vázquez Morales.
Según fiscalía federal, Rosso inflaba los precios de los servicios a ser provistos bajo los contratos y la diferencia se la repartían entre los ahora acusados.
La acusación menciona que entre los DE y DRD se firmaron unos acuerdos para utilizar fondos federales para proyectos en conjunto. Los mismos se suponía fueran manejados por el DRD.
Algunos de estos contratos fueron: Verano Saludable por $4,320,000 para desarrollar servicios educacionales. El DRD subcontrató a Rosso por $3.5 millones para llevar a cabo estos servicios del proyecto “Aprendo Saludable” por $3,198,960. El DE pagó al DRD $3,998,700 por este proyecto. Esa agencia contrató a Rosso por $3.1 millones de esta cantidad.
La diferencia de $799,740 la recibió el DRD. Parte de este sobrante fue a parar a la cuenta de fondos discrecionales que también se usaron para el uso de las compañías involucradas en el esquema.
Otro de los proyectos fue “Matemáticas en Contexto”, por $9,24,500 para capacitación de maestros de aritmética; proyecto “Voces de Juventud” por $1,413,000 para desarrollar un programa educativo para brindar capacitación a los residentes de viviendas públicas sobre los medios de comunicación y producción de televisión.
Se alega que Orta, ordenó a la “Persona A”, un productor de televisión no identificado, a contactar a Sosa Suárez con respecto a los detalles de las producciones de televisión del DRD.
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