El gobernador Ricardo Rosselló aceptó el reclamo de la Junta Federal de Control Fiscal para ajustar el presupuesto del año fiscal 2017-2018, que según el ente federal contempla más de $100 millones en gastos no autorizados y se quedaría corto por unos $200 millones para efectos de la reforma estructural del gobierno.

A su vez, notificó que el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, y su homólogo del Senado, Thomas Rivera Schatz, lo facultaron para establecer comunicación con la junta y atender sus señalamientos.

La junta federal envió ayer una carta a los presidentes legislativos en la que señaló que el presupuesto fue construido bajo la ley Promesa y conforme con el plan fiscal del Ejecutivo, certificado el pasado 13 de marzo.

Rosselló Con Prudencia y Racionabilidad tras lograr los objetivos principales

“Ya los presidentes han enviado una notificación donde me facultan para establecer comunicación y resolver lo que haya que resolver dentro del presupuesto y de encontrar una solución, de obviamente convocar la Asamblea Legislativa y poder tramitarla”, reaccionó ayer Rosselló a preguntas de la prensa durante una teleconferencia de la que participó este diario.

Los gastos excedentes que ordenó corregir el organismo fueron categorizados como gastos legislativos, gastos no legislativos y gastos especiales. En el caso de los gastos legislativos, el ente federal pidió que el presupuesto sea de $131 millones y no de $147 millones como expone el presupuesto aprobado.

Mientras que sobre los gastos “no legislativos”, la junta indicó que se añadieron $78 millones al presupuesto para subsidios municipales, gastos operacionales y actividades deportivas. “Estos gastos adicionales deberían eliminarse completamente”, lee la comunicación del ente federal.

El primer ejecutivo se refirió a los señalamientos de la junta como áreas “que requerían mayor atención”. Además, se mantuvo firme en su política de rechazo a la amenaza de reducción de la jornada laboral y del bono de Navidad, por considerar que la junta no puede imponerlas.

“Así que consistente con el esfuerzo que hemos hecho en equipo, tanto el Senado como la Cámara de Representantes y este servidor estaremos tomando acción para obviamente tener un presupuesto que le responda al pueblo de Puerto Rico y que cumpla con las consideraciones”, sentenció el funcionario.

El presupuesto que sometió el Ejecutivo incluye $440 millones para implementar el achicamiento del gobierno y su reforma estructural. Sin embargo, la junta fiscal consideró que el gobierno central requerirá de al menos $200 millones adicionales para llevar a cabo este proceso, esto en consistencia con el plan fiscal.

En caso de que el gobierno no cumpla con las acciones correctivas, las cuales ascienden a $319 millones, el ente federal amenazó con tomar medidas adicionales como reducir o eliminar el bono de Navidad a los empleados públicos.

De concretarse esta sugerencia de la junta, serían 150,000 las familias que se podrían afectar, estimó Rosselló. “Nosotros entendemos que no es la solución, que estamos tomando las acciones adecuadas para cumplir con el plan fiscal y con la política pública. Nuevamente, esa facultad recae sobre el gobierno y no sobre la junta”, expuso el primer ejecutivo.

De acuerdo con la junta, el gobierno local tiene hasta mañana a las 5:00 p.m. para someter las acciones correctivas que finalmente realice al presupuesto. Sin embargo, las expresiones del gobernador apuntan a la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria para atender los ajustes presupuestarios solicitados por el ente fiscal luego que termine la presente sesión legislativa este viernes.

Mientras, la junta fiscal efectuará su octava reunión pública el viernes en el hotel Sheraton del Centro de Convenciones en Miramar.

Nuevos aires en Educación

De otro lado, el gobernador informó que ayer se reunió con la secretaria del Departamento de Educación federal, Betsy DeVos. Tras la reunión, la funcionaria evaluará la concreción de acuerdos colaborativos con la agencia educativa local.

“Pudimos discutir cuál es el estatus de transición que estamos teniendo en Puerto Rico en cuanto a la transformación del Departamento de Educación”, detalló Rosselló.

A preguntas de EL VOCERO, mencionó que las colaboraciones serían en programas para allegar tecnologías y utilizar recursos humanos para el manejo de subvenciones federales a nivel operacional y personal.

El Departamento de Educación es una de las agencias gubernamentales de mayor tamaño en la Isla y en gran parte depende de los fondos federales que recibe anualmente.