Recientemente escribí en una columna para este medio que, desde tiempos inmemoriales, dentro de la UPR han estado en lucha y choque dos visiones distintas de la universidad. La universidad latinoamericana post Reforma de Córdoba, con un marcado activismo y sesgo ideológico de izquierda, en la cual predominan el co-gobierno, la autonomía universitaria, “la libertad de cátedra”, la enseñanza gratuita y la asistencia social a los estudiantes. Esta visión ha sido históricamente promovida y apoyada por la izquierda anti-americana local.

La otra visión, promovida por don Jaime Benítez: la universidad como “casa de estudio”. Libre en gran medida del sesgo y del activismo político. Una universidad similar a las universidades estatales progresistas de Estados Unidos, regida por una junta de gobierno que representa el interés público y designa a los funcionarios que la dirigen (presidente, rectores, etc.). Esa universidad cuenta con el auspicio fiscal del estado y le rinde cuentas a este.

Esta visión fue apoyada por el PPD mientras don Jaime dirigía la institución y el partido mantenía el concepto de unión permanente con Estados Unidos. Según el PPD se fue moviendo hacia la izquierda socialista, separatista, fue desprendiéndose de la visión de universidad norteamericana, moviéndose la institución cada vez más hacia el modelo de la universidad decadente latinoamericana, políticamente activista y propulsora de la extrema izquierda nacionalista. Esa desgraciadamente es la UPR legada de los García Padilla y la camarilla que hoy la dirige, habiéndola llevado a su actual irrelevancia y desprestigio.

El pasado miércoles vimos en la prensa local al rector del recinto de Cayey de la UPR, Mario Medina Cabá, haciéndose disponible para ocupar la presidencia interina de la UPR con el apoyo de un grupo de los actuales rectores de la institución. Todos ellos personas incondicionales a Tony García Padilla, enemigos de la actual administración, que apoyaron a los estudiantes en la nefasta huelga que culminara con el desprestigio institucional, la pérdida de becas Pell, préstamos estudiantiles, ayudas federales, la puesta en probatoria por la Msche de ocho recintos y daños millonarios a la propiedad pública.

Este personaje Medina Cabán no tiene escrúpulos ni vergüenza. La comunidad universitaria de Cayey sabe que es manipulado por varios profesores de la extrema izquierda y que es propulsor del co-gobierno universitario. Es quien el 4 de abril pasado, en entrevista con CyberNews y WPAB 550, ofreció su apoyo a los estudiantes si iniciaban una huelga. “Si usted me está diciendo si yo lo apoyo o no lo apoyo, pues, yo estoy detrás de los estudiantes, punto”. Los apoyó al extremo de marchar con ellos y entregarles las llaves del recinto para que hicieran lo que les viniera en gana. Este personaje participó también activamente en la huelga universitaria de 2010.

Es además uno de los que endosó las pre-propuestas de los huelguistas que no son otra cosa que exigencias irreales, ilegales, encaminadas al establecimiento de facto del co-gobierno universitario.

De haberse aprobado esos pre-acuerdos, onerosos, irreales e ilegales por la pasada Junta de Gobierno, se habría aprobado el producto de una huelga ilegal, estructurado por huelguistas ilegales y representaría haberles entregado de facto la universidad a los revolucionarios delincuentes. Serían responsables de haber permitido el establecimiento de un nuevo orden universitario hecho a gusto y manera de los huelguistas, para gobernar la institución como les parezca y sin consecuencias para los violadores de la ley y el orden.

Los miembros de la nueva Junta de Gobierno deben tener bien claras las implicaciones que la aprobación de estos acuerdos tendría. Deben rechazarlos de inmediato a pesar de que les presenten esta opción como la única para mantener abierta la universidad.

De igual manera deben rechazar de inmediato la petición de Medina Cabán y de cualquier otro como él, pues con esa designación se estaría legitimando el daño que se le ha hecho a la UPR. Deben nombrar presidente interino a una persona de probada capacidad administrativa, comprometida con una universidad progresista al estilo de las mejores de Estados Unidos. Un presidente interino que les solicite la renuncia a todos los actuales rectores y funcionarios responsables del presente caos institucional. Deben además descartar el actual proceso irregular de consulta para la presidencia, que está hecho para colocar allí a una persona manipulable por los García Padilla y sectores separatistas revolucionarios de la comunidad universitaria.

La junta debe iniciar de inmediato los procesos para sancionar a los revoltosos causantes de todo el daño a la institución. No podemos continuar con la impunidad ante el delito. Los actos tienen consecuencias. Esa es la primera lección que deben impartirles los miembros de la junta a los estudiantes.