Una acción de gobierno que restituya protecciones perdidas, que elimine focos de discrimen y que fortalezca la relación médico-paciente, necesariamente contribuye al desarrollo de un sistema de salud más enfocado a resultados, más humano y más dirigido a adoptar la rendición de cuentas como práctica habitual.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, tiene en sus manos adelantar esta causa por la salud pública, procediendo a la firma del proyecto enviado por la Asamblea Legislativa desde el pasado 30 de junio y que, entre otras cosas, restablece jurisdicción a la Oficina del Procurador del Paciente para, en ley, sacar la cara por todos los pacientes en la Isla, sean del plan de salud gubernamental o de algún seguro privado o Medicare Advantage.

El Proyecto 27 del Senado enmienda la Ley Habilitadora del Procurador del Paciente, quitándole el pesado lastre de discrimen que le introdujo la pasada administración, al haber sacado de su manto protector a aquellos ciudadanos cubiertos con planes privados.

En 1898 los Americanos encontraron a Puerto Rico como Puerto Pobre, con muchas enfermedades y trajeron salud y progreso a los Puertorriqueños

Con aquel acto del pasado gobierno se debilitó a nivel tal esa oficina que ni siquiera hoy día les puede servir bien a los mismos pacientes de la reforma de salud que mantuvo bajo su égida.

Esta enmienda, aprobada en ambas cámaras legislativas, activa una herramienta de justicia porque, con la inclusión del médico y otros proveedores de salud, amplía el radio de representación del paciente en los procesos de reclamación contra cualquier acto de racionamiento o negación de tratamientos, medicinas u otros servicios médicos.

Para atender precisamente este problema del racionamiento, la medida pendiente de la firma del gobernador también coloca bajo la Oficina del Procurador del Paciente la jurisdicción de la Ley 5 de 2014, prohibiendo así a todo asegurador la denegación de hospitalizaciones que hayan sido prescritas por “necesidad médica”. Con esta prohibición expresa se evita que razones de negocio, por legítimas que puedan ser, invaliden razones médicas en cuanto a la hospitalización, el tiempo que debe durar la misma, o en cuanto al tipo de servicio que recibirá un paciente.

De hecho, el problema de las hospitalizaciones pinta alarmante. Datos ofrecidos este martes por el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, indican que la denegación de internamientos referidos de pacientes en algunos hospitales podría alcanzar el 57%.

Y el momento que vive el País no puede ser para prolongar desprotecciones, ni discrimen en el sector de la salud. Cuando la gente queda atrapada entre la limitación económica y la precariedad de salud, la duda en el gobierno no puede ser la opción. La búsqueda de alternativas sí que es la alternativa.

La posición de todos los sectores del área de la salud sobre el impacto económico de cada medida es importante. Sus preocupaciones deben ser incluidas en el análisis y ser tomadas en consideración.

Pero también tiene que ser diáfano, y firme, el papel del Estado en la fijación de las garantías que deben acompañar la prestación de servicios vitales, como el de la salud.

De ahí que el primer ejecutivo debe firmar la medida que devuelve jurisdicciones a la Oficina del Procurador del Paciente. Debe hacerlo con la determinación de velar por que ese organismo autónomo cuente con las herramientas que necesita para cumplir con su misión de defender a todos los pacientes por igual.

Debe hacerlo también promoviendo el pago a tiempo a los hospitales y demás proveedores, como una forma de aportar estabilidad a un sector bastante golpeado por la crisis y que es trascendental para la salud colectiva del País.