Ante la celebración del Partido Popular Democrático (PPD) del aniversario de la Constitución de Puerto Rico y ficticio Estado Libre Asociado (ELA), y las consecuencias de la creación de la Junta de Supervisión Fiscal Federal (JSF) sobre las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos, quiero destacar informaciones públicas que ameritan ser discutidas con mayor intensidad.

El artículo por Cynthia López en El Nuevo Día señala: “La Junta de Supervisión Fiscal revela dónde está el poder de la colonia” citando las conclusiones de los abogados constitucionalistas Gorrín Peralta, Hiram Meléndez y Cox Alomar.

Sobresale que “el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Sánchez Valle consignó la condición territorial de Puerto Rico”. El Tribunal Supremo de Estados Unidos concluyó que “Puerto Rico no contaba con soberanía para procesar criminalmente a una persona que había sido juzgada por los mismos delitos en una corte federal, porque la fuente del poder de Puerto Rico emana del Congreso”.

Al referirse a la JSF, concluyeron que el Congreso, bajo los poderes plenarios que ostenta bajo la cláusula territorial, aprobó la Ley PROMESA que creó una Junta que controla las finanzas públicas del “territorio”. Señalaron que la certificación del presupuesto de Puerto Rico y, posteriormente, una versión enmendada confirma la situación colonial de Puerto Rico.

Gorrín Peralta recalcó que la JSF desenmascaró el estado colonial de la isla y “barrió con el mito de que se había creado una soberanía propia que cambió la relación que existía entre Puerto Rico y Estados Unidos. “PROMESA confirmó que era mentira de que teníamos soberanía y que habíamos dejado de ser un territorio.

Cox Alomar dijo que la JSF destruyó el argumento de que “el ELA sigue vivo” y de que no se podía cambiar el “pacto” o la Constitución sin el consentimiento de los puertorriqueños; confirmando “que no existe una relación bilateral sujeta al consentimiento mutuo de ambas partes”.

Sergio Marxuach, (Centro para una Nueva Economía) opinó durante un foro sobre el “Futuro de la Economía de Puerto Rico” que “cuando el Congreso aprobó la Ley PROMESA, reconoció que tiene una obligación moral y constitucional de velar y promover el bienestar de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico y que le corresponde asegurarse de que Puerto Rico resuelve la crisis fiscal que afecta todos los sectores en la isla”.

Marxuach considera que “Puerto Rico necesita impulsar el crecimiento económico a corto plazo y a la vez implantar una estrategia para un plan de desarrollo económico que promueva el crecimiento a largo alcance, que no se ha logrado por mucho tiempo”.

Aplaudo que el Centro para la Nueva Economía (CNE) apoye “extender el “Earned Income Tax Credit y el Child Tax Credit” a Puerto Rico, mantener los programas de seguridad social, aumentar los fondos para educación, infraestructura e investigación”, y la paridad en Medicaid y Medicare”, todo ello conducente a la plena igualdad política.

Concurro con la recomendación del CNE de que el Congreso viabilice un “estímulo” que promueva el crecimiento económico a corto plazo, tal como propuso el profesor Jaime Benson ante el grupo pro-crecimiento que creó PROMESA. Concurro también con activar una estrategia de desarrollo a largo plazo, que conllevaría resolver el escollo del estatus.

Aunque Marxuach no lo expresa explícitamente, es obvio que el estatus afecta la economía de la isla. Evidentemente, le han dado la estocada final al ELA, destruyéndose la mentira de lo que representa y el inexistente “pacto bilateral”; y poniendo de manifiesto que “si el Congreso quiere evitar una crisis social severa, serán necesarias ayudas federales para promover el crecimiento económico a corto plazo”, y que se implante un programa de desarrollo económico a largo plazo, eliminando las desventajas impuestas bajo la relación discriminatoria actual.

Para que Puerto Rico resuelva el problema colonial logrando un desarrollo económico auto-sostenible como el que se ha propuesto, urge acelerar la integración a nuestra nación para lograr la igualdad y todos los beneficios federales que hoy día disfrutan nuestros conciudadanos en los 50 estados.