Los principios rectores de buen gobierno están asociados con todos los indicadores de gobernabilidad, prosperidad, desarrollo, competitividad económica, democracia, desigualdad y pobreza. En el epicentro de las premisas de buen gobierno encontramos que las instituciones transparentes; la eficiencia y el uso prudente de los recursos públicos; la rendición de cuentas por los resultados; la calidad en la prestación de los servicios; la ausencia de corrupción; un marco jurídico coherente y una economía robusta y competitiva, son considerados atributos esenciales para propiciar prosperidad y bienestar social.

Durante los pasados años el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa (CGPC) con sede en la Universidad del Turabo ha estudiado con rigor científico la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal como ejes vertebradores de la buena gobernanza en el quehacer de la gestión pública puertorriqueña. Las investigaciones realizadas por el CGPC puntualizan que la débil gobernanza, la ausencia de transparencia, la incapacidad de rendir cuentas de los gobiernos de turno, la negligencia fiscal y la falta de voluntad política de las pasadas décadas son problemas serios que han deteriorado la gobernabilidad y la formulación de políticas públicas eficaces para propiciar el bien común.

La transparencia es considerada la base del buen gobierno y esencial para combatir la corrupción. Según el Centro de Gobernanza la transparencia gubernamental consiste en que la ciudadanía tenga información confiable y oportuna (en el menor tiempo posible) sobre los asuntos públicos, de manera constante, accesible y entendible para el ciudadano común. La transparencia permite que los ciudadanos puedan identificar los responsables en cada instancia de la gestión pública, y que existan canales formales de involucración de la ciudadanía en la formulación de las políticas públicas y los procesos decisionales. De igual forma permite establecer la obligatoriedad y las sanciones por su incumplimiento.

En la década de los 70 comienza a marcarse una excesiva politización de las entidades gubernamentales y el surgimiento de políticos populistas con apariencia de estupendos gestores. El resultado fue un dramático aumento en la deuda pública; un debilitamiento del estado de derecho; un crecimiento exponencial de la corrupción; un deterioro de la calidad de las políticas públicas y el empobrecimiento del estado de derecho.

Hemos llegado a una coyuntura crítica donde se tienen que institucionalizar políticas coherentes e integradas de transparencia y rendición de cuentas como parte de una estrategia para fortalecer la gestión de los asuntos públicos y la gobernabilidad del País. Estas iniciativas requieren una articulación estratégica y el fortalecimiento de las capacidades institucionales en beneficio de la cultura de buen gobierno que exigen los ciudadanos.

En momentos de incertidumbre como los que vivimos al presente es impostergable la aprobación de legislación que establezca la obligatoriedad del gobierno de transparentar toda la información pública y las sanciones por su incumplimiento como primer paso para propiciar la inversión de capital, la creación de riqueza, la generación de empleos y la lucha en contra la corrupción. Es hora de que la clase política deje a un lado la partidocracia y el inversionismo político y dé paso a la verdadera política de altura que no es otra cosa que el arte de gobernar. Para lograrlo se necesita voluntad y compromiso.