Hemos leído en la prensa local una serie de noticias sobre la UPR que van desde la celebración de una graduación simbólica del Recinto de Rio Piedras, el aumento de sueldo al presidente interino, la búsqueda de un presidente en propiedad y hasta la posposición de la vista contra estudiantes que irrumpieron en reunión de la Junta de Gobierno. Vamos a comentarlas.

Mal usó $7.2 Millones con la Tarjeta de Crédito de la UPR – Incluso en botellas de vino de $1,000.00 con fondos públicos. Dejó la UPR con $320 Millones de déficit operacional

Los líderes de la pasada huelga decidieron celebrar una graduación simbólica como una especie de premio de consolación por el fracaso de su huelga. Este acto fútil se pudo llevar a cabo gracias a las aportaciones de personas que apoyaron la huelga, entre ellos Alexandra Lúgaro y Carmen Yulín, quien por sexta ocasión les cedió de gratis -a costa de los contribuyentes- el Coliseo Roberto Clemente.

Ante la realidad de que la UPR está insolvente, me resulta inaceptable la discusión de un aumento en el ingreso del presidente interino, sea este mediante bonificación, diferencial, o aumento salarial. No será técnicamente un aumento salarial, pero es un aumento en sus ingresos, en un momento en que se imponen medidas de austeridad, aumentos en matrícula y otros renglones al estudiantado y a la comunidad universitaria. Considero ofensivo que este sea tema de discusión en estos momentos.

Estoy seguro de que el presidente interino Hillman no exigió compensación adicional alguna como condición para asumir la posición cuando fue reclutado para ello. Sé la clase de buen ser humano que es y los principios que lo mueven, por lo que no creo que una diferencia de dólares mensuales más o menos sea su requerimiento para llevar a cabo la difícil tarea que como buen universitario que es, esto representa. Mi consejo al exdiscípulo es que renuncie a ese diferencial, aunque tenga derecho a él. Es más importante dar ejemplo que marque la diferencia entre lo que había y lo que debe haber.

Es una buena decisión de la Junta de Gobierno modificar el actual, inadecuado proceso de seleccionar al presidente en propiedad. El proceso de consulta que se llevó a cabo fue, además, uno viciado por la huelga. Creo innecesario exigir como requisito un ensayo de 10 páginas o plan de trabajo para entregar antes del 31 de octubre junto con otra documentación. La agenda y el plan de trabajo de quien sea presidente está ya básicamente determinada por el Plan Fiscal que la UPR aprobó y sometió a la Junta de Supervisión Fiscal. Aquí no hay mucho campo para más creatividad o improvisación, lo que hay es necesidad de reclutar una persona que tenga los pantalones o la saya en su sitio para ejecutar lo que hay que hacer: transformar de arriba a abajo la UPR. Tampoco creo necesario extender el proceso de consulta hasta diciembre. Esto debe quedar resuelto dentro de los próximos 60 días o antes. La situación crítica de la institución requiere estabilidad para tomar -por personas en sus posiciones en propiedad- las decisiones trascendentales necesarias.

Aplaudo el logro de gran parte de la gestión llevada a cabo hasta el presente por la administración interina, pero creo que ya es necesario ver medidas administrativas para penalizar a todos los violadores de leyes y vándalos de la pasada huelga. No puede haber impunidad pues estaríamos enviando un terrible mensaje al Pueblo y a las generaciones en formación. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento del Lcdo. Berríos Amadeo. “Lo que quiero es saber si esta junta va a decidir que habrá impunidad. Si hubo violaciones al reglamento de la UPR o a los procesos… ¿esta Junta va a actuar o va a decidir mirar hacia otro lado?”, señaló Berríos Amadeo

Existen dos mecanismos para tomar sanciones: administrativos o judiciales. Las acciones administrativas le toca implantarlas a la Presidencia y la Junta de Gobierno. Ya es hora de tomarlas. No hay que esperar por los procesos judiciales. Tampoco se les debe dejar a los recintos regidos por rectores interinos, el que determinen si hubo violaciones y cuáles sanciones deben aplicarse. Algunos de estos rectores pretenden ser nombrados en propiedad y para tratar de congraciarse con distintos sectores para lograr apoyo, podrían plantear que no hubo violaciones al reglamento ni leyes en sus respectivas unidades. Y si las hubo proponer sanciones leves, si algunas.

Las acciones judiciales corren su curso. Sin embargo, es de preocupar lo que ha salido en la prensa respecto a que la vista en alzada contra los nueve individuos acusados de irrumpir en una reunión de la Junta de Gobierno quedó pospuesta debido a que uno de los testigos del ministerio público se encuentra convaleciendo fuera de Puerto Rico tras una intervención quirúrgica. Estaremos pendiente a ambos procesos.