Iván, muchas personas llaman “obsesión” al hecho de conectar los problemas diarios de Puerto Rico al estatus territorial actual conocido como Estado Libre Asociado. Con ello, olvidan que los problemas diarios de Puerto Rico sí tienen una relación con las limitaciones y deficiencias de nuestro estatus actual.

El 9 de junio de 2016, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que Puerto Rico no podía acusar criminalmente a una persona procesada a nivel federal pues la “autoridad local” para conducir procesos criminales “fue delegada por el Congreso” (pág. 15). La promulgación de la Constitución del ELA en 1952 no cambió este hecho según decidió el Tribunal Supremo federal pues la fuente de ese poder (“ultimate source or original source”) es el Congreso de los Estados Unidos. Ese fundamento jurídico ha permitido que el Congreso imponga su criterio sin nuestra representación y nos discrimine en programas y fondos federales (véase Promesa y caso de la Corte Suprema, Harris v. Rosario de 1980).

Antes y después del ELA, el Congreso nos discrimina en programas y fondos de seguridad, educación y salud. En síntesis, muchos de los problemas cotidianos locales se agravan por nuestro estatus colonial.

El Conreso y Casa Blanca imponen los temas, ahora es las Contribuciones.

Al presente, el nuevo síntoma de nuestra enfermedad colonial se circunscribe a la discusión de la reforma contributiva federal, que pone en riesgo el 42% de nuestro ingreso bruto, el 33% de los recaudos del Gobierno y más de 250,000 empleos directos e indirectos. Nuevamente se discute en el Congreso tratar a Puerto Rico distinto a los estados imponiéndole a nuestra industria farmacéutica y manufactura unas contribuciones que no tendrán los estados.

¿Hasta cuándo seguiremos lidiando con emergencias causadas por un trato discriminatorio que las cortes han determinado que son legales por nuestra relación territorial? Bajo la independencia, no estaríamos sujetos a regulaciones federales y con la estadidad tendríamos los beneficios que tienen los estados.

Iván, es suficiente reflexionar un poco estos temas para darse cuenta que la “obsesión con el fracaso” arropa a algunos que no quieren ver lo evidente y se aferran a “ideologías” retrógradas desenmascaradas hace muchas décadas. El estatus es el problema.

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Ramón, recientemente un senador del PPD escribía una columna en la que proponía un modelo de discusión política al margen del estatus para desarrollar económicamente al País. Eso sería como proponerle al paciente que sufre de una infección que atenta contra su vida concentrarse solamente en tratar la fiebre, síntoma de la misma, en lugar de atender el génesis y solución de dicha infección. Ese tipo de propuestas y catalogar como “obsesión” el que se plantee el problema del estatus del País como lo que es, uno que atañe a todos los aspectos de nuestras vidas y obstáculo para el desarrollo idóneo de las mismas, responde a la ausencia de iniciativas para atenderlo y pereza al respecto.

El problema fundamental del estatus político actual es que al estar sujeto a la voluntad unilateral del Congreso nos limita la posibilidad de establecer un plan de desarrollo económico sostenible a mediano y largo plazo y por ende coarta la probabilidad de un modelo social justo para atacar la pobreza y deficiencias educativas como ineficiencias centrales en nuestro caso. Podríamos sentarnos mañana todos los sectores del País e hilvanar el mejor plan de desarrollo económico para el futuro, pero ello no sería suficiente. Eso debido a que en cualquier momento el Congreso de EE.UU. podría legislar medidas que por nuestras condición colonial se nos impondrían y que afectarían directamente ese plan y lo echarían por la borda.

El modelo económico diseñado desde 1976 a base de exenciones contributivas a ciertos tipos de industrias aprovechando aquella estrategia de la Caribbean Basin Initiative fue desbancada en los 90, ya que la misma dejó de servir a los intereses geopolíticos de la metrópoli, además de contravenir acuerdos internacionales de EE.UU. que proscriben que un país le brinde trato contributivo subvencionado a empresas suyas por consideraciones geográficas o de clase de industria. Siendo Puerto Rico un territorio bajo la jurisdicción del Congreso, cualquier trato contributivo preferente a empresas estadounidenses ubicadas en nuestro país sin que se le brinden el mismo trato a las de otros países sería ilegal. La semana que viene te digo mis ideas para atacar el problema.