Mientras el puertorriqueño de carne y hueso naufraga en un mar de vicisitudes y problemas, muchos de ellos agravados por el huracán María y no ven luz al final de su túnel existencial, un dúo de líderes del Partido Popular hacía dinero con unos bonistas que les importa un bledo si en Puerto Rico hay gente sin hogar, sin comida y sin trabajo. Les importa solo cobrar su dinero y luego irse. Esos bonistas son “hedge funds”, lo que se conoce comúnmente como fondos buitre.

Tal es el caso de Héctor Ferrer y Roberto Prats. Ambos abogados tuvieron una relación de abogado cliente con la compañía DCI, que es acreedora de millones de dólares en bonos emitidos por el gobierno de Puerto Rico y que ambos, de una manera u otra, rindieron servicios legales y de cabilderos para que esta multimillonaria compañía recibiera su parte primero que cualquier otro, incluyendo al pueblo. La relación de ellos con DCI es perfectamente legal, aunque deja entrever su forma de pensar y sus principios éticos donde, en una escala de valores, el dinero está por encima de combatir la desigualdad económica, promover programas sociales y combatir la pobreza, entre otros.

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En un Puerto Rico que es un país pobre con bolsillos de riqueza una noticia como está cae muy mal ante el pueblo. Basta caminar por la calle, ir a cualquier establecimiento público, montarse en una guagua pública para escuchar las lamentaciones de la gente y sus quejas sobre la poca sensibilidad de personas que utilizan el poder como catapulta para el beneficio económico y personal, cuando de sus labios nunca se ha escuchado una palabra de aliento ni compasión para los más necesitados.

El daño perpetrado por ellos es de doble pespunte cuando vemos la información contenida en una hoja enviada a congresistas republicanos describiendo y afirmando un Puerto Rico dantesco. Tal parece que la información fue escrita a varias manos, entre lo que se destaca el uso de la bandera de Cuba en lugar de la nuestra; la petición para que no atiendan reclamos de igualdad del gobernador Ricardo Rosselló porque Puerto Rico sería un estado que le costaría a los Estados Unidos $50 billones en diez años; que en Puerto Rico vive gente pobre que depende del gobierno federal, y que Puerto Rico no paga su deuda y no está negociando con los acreedores para el pago.

Estos argumentos no solo laceran la actual condición política que ellos siempre han defendido a brazo partido, sino que manchan la reputación del puertorriqueño entre los congresistas que reciban esta repugnante publicación. Además, nos demuestra cómo estos dos líderes del Partido Popular ven a Puerto Rico y a sus compatriotas. Es un lenguaje lleno de prejuicio que salpica a todo el liderato de ese partido y que ninguno de ellos se ha molestado en defender públicamente la dignidad del puertorriqueño ni la imagen y reputación de su patria.

Según ellos ven nuestra realidad así actuarían sobre ella. Por eso votar por pájaros del mismo plumaje que piensan de esa manera sobre sus compatriotas y sobre el lugar donde nacieron es un riesgo que no podemos cometer. A donde vayan o donde estén, tendrían consigo todos esos prejuicios vomitados en la publicación de marras y que de una manera u otra podrían ser volcados contra el pueblo de ellos llegar al poder.

La codicia, como el alcohol y la droga, crea monstruos que palpitan dentro del corazón humano. Nadie sabía el sentir ni el pensar sobre la realidad social de Puerto Rico y la jerarquía de valores de Héctor Ferrer y Roberto Prats hasta enterarnos de toda esta madeja de actos que denotan lo antes dicho. A Puerto Rico debe gobernarlo los que lo defienden, no los que lo niegan y le ponen recodos en el camino. Hoy vemos cómo un posible gobierno del Partido Popular sería un recodo en el camino para la dignidad del puertorriqueño y, por supuesto, para el logro definitivo de la igualdad.