La comisionada residente, Jenniffer González Colón, opinó que “la estadidad es el único estatus político viable”, en respuesta a un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las querellas presentadas por el exgobernador y miembro de la Comisión Igualdad, Pedro Rosselló González, y el licenciando Gregorio Igartua.

El subjefe de misión de EEUU ante la OEA, Kevin Sullivan, desestimó las querellas, pues enfatizó que nada impide que cualquier puertorriqueño que quiera participar en el proceso electoral se mude a Estados Unidos para hacerlo.

Para Rosselló e Igartua, excluir a los residentes de la isla del derecho a votar por los presidentes y congresistas estadounidenses representa una violación a los derechos humanos y civiles.

“Aunque me hubiera gustado que la carta vertiera la realidad actual del estatus antidemocrático de Puerto Rico y el rechazo de nuestra gente al mismo, esta nos da la razón a los estadistas en cuanto a que la estadidad es el único estatus político viable con una relación con los Estados Unidos, no territorial y no colonial”, señaló González Colón.

Según su opinión, la respuesta del Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció formalmente a nivel internacional que Puerto Rico votó por la estadidad el año pasado y es importante recordar que el gobierno de Estados Unidos nunca le ha negado la estadidad a ningún territorio después de este haberlo solicitado.

“Los líderes del Partido Popular Democrático (PPD) que ahora reclaman una validación del gobierno propio del ELA, son los mismos que han ido a Washington a denigrar a los puertorriqueños, tildándonos de corruptos, vividores del gobierno federal, mujeres todas encinta y descalzas; haciendo frente unido con los representantes de los fondos buitres que nos desangran”, agregó.

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Añadió que “adicionalmente al reconocimiento por parte de EEUU de que Puerto Rico votó por la estadidad y de que se ha otorgado la estadidad a todos los territorios que lo han solicitado, lo importante para Puerto Rico con respecto al estado territorial es la realidad de que las tres ramas del gobierno federal fueron claras en los últimos años con el caso Sánchez Valle, la aprobación de la Ley Promesa, y los informes de Casa Blanca, y esto nadie lo puede ocultar”.

Y enumeró: el gobierno territorial sólo tiene la autoridad que el gobierno de Estados Unidos le permite ejercer. Esta autoridad puede ser quitada, como lo ha hecho Promesa. El territorio no puede tener representación con derecho a voto -dejando a un lado representación equitativa – en el gobierno de EEUU que establece las leyes a nivel federal del territorio y las leyes locales.

Además, que las únicas opciones para un estado democrático son ser un Estado de Estados Unidos o una nación, ya sea totalmente independiente o en asociación con los EEUU, lo que puede terminar unilateralmente por cualquiera de las dos naciones.

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“He apoyado los esfuerzos de Pedro Rosselló y Gregorio Iguatua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de haber apoyado todos los esfuerzos legales para lograr la democracia y la igualdad para nuestros más de tres millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico”, afirmó.

Concluyó que, “históricamente, EEUU estuvo de acuerdo con la solicitud de la administración de Muñoz Marín de que se elimine a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos por los cuales las naciones deben informar anualmente a la ONU, aunque considerara a Puerto Rico como un territorio y estaba haciendo las leyes de la isla sin representación equitativa y mantenía los poderes sobre las leyes locales, como Muñoz y Fernós Isern declararon en el Congreso”.