• El vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Pichy” Torres Zamora, cuestionó las intenciones de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) de demandar para eliminar la protección contra demandas y embargos de fondos públicos.
• “La demanda presentada por el PPD pretende exclusivamente que se declare inconstitucional la protección del Gobierno en PROMESA, contra demandas de parte de los acreedores. Esto es distinto a lo que persigue el Gobierno y la Asamblea Legislativa con sus demandas para defender a los más vulnerables”, denunció el también subsecretario del Partido Nuevo Progresista (PNP).
• Esta semana, la delegación del PPD solicitó al Gobierno a que se una a la demanda que presentaron en el Tribunal federal, y que reclama que se decrete inconstitucional la sección 1.04(e) de la ley federal conocida como PROMESA. Esta disposición establece la forma en que se designan los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal y fue un planteamiento rechazado por la Juez federal Swain, en el pleito presentado por el acreedor Aurelius.
• Aurelius es una entidad que representa bonos de obligaciones contractuales al igual que DCI Group, entidad que contrató los servicios del presidente del PPD, Héctor Ferrer, y de Roberto Prats. En las pasadas semanas, estos posibles aspirantes a la gobernación aceptaron que fueron contratados por DCI Group, entidad que llevó una campaña de descrédito contra Puerto Rico durante la gobernación de Alejandro García padilla.
• “Los compañeros saben, al igual que los fondos buitres, que la Ley Promesa establece en su sección 3 que si se decreta inconstitucional cualquier disposición del Título I, como es la sección de la sección 1.04(e), se dejaría sin efecto la protección contra embargos y demandas del Título III de PROMESA. La demanda del PPD es idéntica a la presentada por los fondos buitres de obligaciones generales y que busca poder embargar los fondos públicos para el pago de los bonos. El PPD y todos sus líderes han decidido ser cabilderos de los de los acreedores para ayudarles a arrebatarnos los fondos públicos, que garantizan los servicios a nuestro Pueblo”, afirmó Torres Zamora.
• El Gobierno y la Asamblea Legislativa impugnan en el tribunal federal las intenciones de la Junta de Supervisión Fiscal de determinar la política pública y de afectar empleados públicos con la eliminación del bono de Navidad, entre otras medidas fiscales. El Gobernador adelantó que apelarán la determinación adversa de la juez Swain, ante la Corte Apelativa federal.
• Por último, el subsecretario del PNP exhortó al liderato del PPD a “dejar a un lado la defensa de los acreedores y empezar a defender al Pueblo. Puerto Rico no puede estar a merced de los cabilderos del PPD que por dinero venden su conciencia. El PNP no se unirá a la demanda del PPD, porque es mala para Puerto Rico y porque beneficia a los fondos buitres. Le exhortamos al amigo Rafael ‘Tatito’ Hernández a que retire esa demanda que carece hasta del respaldo de su propia delegación. El propio representante popular Jesús Manuel Ortiz ha dicho que no puede respaldarla, pues solicitan lo mismo que los fondos buitres”.

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