OTRO DESASTRE HEREDADO MÁS QUE FORTUÑO HA TENIDO QUE ARREGLAR

Superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón. EL VOCERO / Archivo

SAN JUAN- El superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, dijo el jueves que contestará el informe emitido por el Departamento de Justicia federal que le atribuye a la Uniformada violación de derechos civiles, y que aclarará cualquier punto donde no esté de acuerdo.

“Nosotros vamos a contestar lo que aquí (en el informe) nos indiquen y cualquier cosa que entendamos que no estemos de acuerdo, lo vamos a tratar de aclarar”, señaló el superintendente, quien manifestó que hizo el mismo proceso cuando estuvo al frente de la Guardia Nacional.

Sin embargo, Díaz Colón no fue categórico si aceptaba el abuso sistemático de derechos civiles por parte de los miembros de la fuerza que indica el informe del Departamento de Justicia federal.

“Este informe lo acaban de entregar hoy básicamente. Nosotros ya tenemos un comité para trabajar con ello. Y lo que yo le digo a este pueblo y le digo al Departamento de Justicia federal es que nosotros vamos hacer el trabajo seriamente y responsable para poder cumplir con las cosas que están ahí y contestarlo”, subrayó el líder de los uniformados.

Por otro lado, informó que ellos van a trabajar todo lo que sea necesario para proteger los derechos civiles.

“Si hubo algunas situaciones que se violaron las leyes y no se hicieron las cosas como deberían hacerse, vamos a tener que buscar la forma que se hagan como tiene que ser. Para eso es esta reforma que estamos trabajando ahora”, puntualizó el superintendente.

Mientras, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, indicó que el caso contra el exsuperintendente asociado de la Policía, José Rosa Carrasquillo, no se ha completado porque el perjudicado no ha querido declarar.

“Ese caso fue investigado a iniciativa del secretario de Justicia, este servidor. Inclusive, le hemos cursado varias cartas no solamente a la víctima, sino también al abogado, invitándolo para que comparezca al Departamento de Justicia, porque obviamente podemos llegar hasta un lugar de la investigación, pero hace falta la narración y hace falta la víctima, el perjudicado. Al día de hoy, no ha comparecido”, sostuvo Somoza.

Se alega que Rosa Carrasquillo golpeó a un estudiante en los genitales durante los incidentes ocurridos en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones en Miramar el año pasado.

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Tres ex superintendentes de la Policía, José Figueroa Sancha, Miguel Pereira y Pedro Toledo, reaccionaron al informe presentado por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia estadounidense.

“Este informe no es para hacer trizas a la Policía. Es una institución que tiene que mejorar”.
José Figueroa Sancha. EL VOCERO/Archivo

“El Pueblo de Puerto Rico tiene que seguir confiando en la Policía de Puerto Rico. Este informe no es para hacer trizas a la Policía. Es una institución que tiene que mejorar y están encaminados en hacer los cambios y ellos (Gobierno federal) la van a monitorear para llegar a ser una Policía de excelencia. No podemos criticar porque sería injusto para los miles de policías que hacen lo correcto. Lo que tenemos que hacer es coger el informe y darle seguimiento”, afirmó Figueroa Sancha.

Manifestó que bajo su incumbencia se creó un documento para llevar las estadísticas de cuando un agente hacía uso excesivo de la fuerza y se crearon lazos con la Comisión de Derechos Civiles, con la comunidad dominicana y homosexual, entre otros. Expuso que mientras lideró la Uniformada cooperó con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) para el arresto de 69 agentes presuntamente corruptos durante el megaoperativo ‘Guard Shack’.

Sobre la mención del informe del uso excesivo de la fuerza durante el motín en el Capitolio y en la Universidad de Puerto Rico –eventos que ocurrieron bajo su dirección–, respondió que “cada evento hay que separarlo de lo que es la institución de la Policía, de lo que un agente haya hecho incorrectamente de forma individual. El que tiró piedras en la UPR no siguió los procedimientos adecuados, pero no significa que el resultado en la UPR no fuera efectivo, porque hubo clases y se dieron exámenes”.

Agregó que “en el Capitolio se evitó el vandalismo. El policía cuando recibe una barrera… pues el policía tiene que establecer orden bajo el protocolo. La fuerza tiene que ser proporcional bajo la situación”.

Por su parte, Pereira no se mostró sorprendido con los hallazgos del informe, al que catalogó como la “crónica de una muerte anunciada”.

“La verdad es que habiendo sido superintendente de la Policía, la responsabilidad que se me pueda asignar a mí por estas fallas, las acepto. No quiero escudarme con el pasar del tiempo.

La verdad es que si pude haber hecho mejor las cosas, la respuesta es que sí. Ahora, los policías saben que no pueden agredir a un ciudadano que está postrado en el piso. Todos debemos aceptar la responsabilidad que nos toque, no es necesario ni provechoso buscar a quien responsabilizar por esto. Lo que tenemos que hacer es pedirle a nuestra Asamblea Legislativa que describa un plan nacional anticrimen y reforma a la Policía”, acotó.

Por su parte, Toledo aseguró que bajo su dirección en la Uniformada se expulsaron a policías corruptos y que, incluso, hizo referidos al FBI y que penalizó a los agentes que cometieron otras faltas.

Manifestó que el problema de la corrupción siempre ha sido preocupante y que bajo su incumbencia exigió que los candidatos a cadetes se sometieran a la prueba del polígrafo.
“Estuve con el FBI cuando se arrestaron a los policías de la División de Drogas de Mayagüez.

También teníamos un contrato con ASPIRA para atender a policías a los que se le dio atención psicológica. No estoy de acuerdo con el informe sobre la atención a los crímenes sexuales y a la violencia doméstica. Las querellas de la comunidad dominicana eran mínimas. Estoy seguro que hay que enmendar muchas cosas y hay que darle prioridad a la supervisión. No descarto que hayan supervisores que miraban para el lado”, indicó.

Por su parte, para el actual jefe de la Policía, Emilio Díaz Colón, el informe le parece una de las auditorías que recibió durante 32 años, mientras dirigió la Guardia Nacional y la Oficina Regional del Departamento de Vivienda.

Mientras, el secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Guillermo Somoza, manifestó que desde hace meses se han estado atendiendo los señalamientos hechos por el Departamento de Justicia federal.

Entretanto, el licenciado Carlos del Valle opinó que el informe refleja una condición grave con relación al adiestramiento y entrenamiento con el uso de la fuerza excesiva, que requiere una atención urgente.

“Esto se refleja, por ejemplo, en que la Academia de la Policía ha rebajado el número de cursos para graduarse la Policía y al aumento en el número de casos de brutalidad policiaca que se reflejan en el Tribunal federal. Es necesario que la combatividad del crimen esté dirigida, integrando una educación con relación a los derechos de las personas involucradas en la misma”, expuso.

Miguel Rivera Puig colaboró en este reportaje.

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