Hasta el FBI el lío en Retiro

Por Carmen Arroyo, EL VOCERO el 12 de octubre de 2011 en Negocios · 10 comentarios

Un equipo de la Comisión de Intercambios y Valores federal investiga irregularidades en el mercado financiero

Como punta de lanza de una nueva investigación de irregularidades en el mercado financiero en Puerto Rico, un equipo de la Comisión de Intercambios y Valores federal (SEC, por sus siglas en inglés) lleva más de un mes entrevistando y emplazando inversionistas y banqueros en la Isla, según confirman documentos oficiales así como distintas entrevistas.

Entre los banqueros emplazados por el SEC se encuentra el presidente de UBS Financial Services of Puerto Rico, Miguel A. Ferrer, quien simultáneamente está peleando las acusaciones previas de fraude bursátil hechas por los reguladores contra él así como contra otro alto ejecutivo de las subsidiarias boricuas del megabanco suizo, Carlos J. Ortiz. Los reguladores acusaron a ambos ejecutivos de “engañar” a sus clientes y corredores tanto para beneficio propio así como para afianzar las finanzas de la firma en medio de la crisis financiera del 2008. Aunque UBS transó el primero de mayo la querella en su contra por $26.6 millones en un acuerdo donde el banco no admitió ni negó los hallazgos de los reguladores federales, Ferrer y Ortiz han insistido que son inocentes de los cargos y optaron por litigar.

Pero es justamente en este pleito subsiguiente del SEC contra Ferrer y Ortiz donde ha salido a relucir la nueva investigación como consecuencia inesperada de los esfuerzos de Ferrer para impedir que se le tomase una deposición o tener que entregar documentos adicionales al alegar que era una expedición de pesca para obtener evidencia adicional en su contra.

En respuesta, la División de Cumplimiento del SEC en Miami llevó su caso ante la jueza de ley administrativa Brenda P. Murray ante la cual adujo que la nueva pesquisa – identificada internamente con el número FL-03491 – no estaba relacionada con los cargos previos. Murray estuvo de acuerdo: “La División indica que la citación hecha a Ferrer no es con el propósito de obtener evidencia en estos procedimientos”, señaló Murray. La jueza también rechazó lo que dijo eran los esfuerzos del controvertible banquero local de “dictar las condiciones” bajo las cuales daría testimonio adicional.

“No se puede esperar que se detengan las labores de la División (de Cumplimiento) por un procedimiento pendiente. Espero que los litigantes actúen razonablemente de manera que las otras investigaciones y este procedimiento puedan continuar simultáneamente”, indicó Murray quien a su vez le advirtió a los reguladores que la evidencia obtenida en la nueva investigación no puede ser usada en el actual litigio contra Ferrer y Ortiz, pero añadió que en el caso de surgir algo inesperado pero tangente con el actual litigio tienen que entregar copia de tal evidencia a ambos ejecutivos.

Funcionarios del SEC en Miami, incluyendo su director regional, Eric Bustillo, no contestaron las llamadas ni los correos electrónicos de este diario. Ya en mayo, sin embargo, Bustillo le había adelantado a este diario, sin dar detalles, que su oficina estaba lista para emprender una limpieza del sector financiero en la Isla con un “tenemos otras cosas por venir”.

Estas “otras cosas” han caído bajo un espeso velo de secretividad en las oficinas de Miami pero distintas fuentes de la industria en San Juan han indicado por separado que esta vez se trata de un esfuerzo en dos vertientes – el determinar si ha habido mal manejo en el multimillonario mercado de los fondos mutuos cerrados y examinar cómo fue que se dio la polémica emisión de $3,000 millones en bonos del Sistema de Retiro de Empleados Público en el 2008, cuyos problemas todavía amenazan el futuro económico de miles de jubilados.